Poder judicial y coherencia

Creo que lo he entendido: si alguien osa criticar a un juez conservador, haga lo que haga, ha cometido el pecado de interferir en la independencia del poder judicial; pero si un líder político llama “cáncer” al Tribunal Constitucional o un periodista insulta a su Presidente, es digno de alabanza por servir a la patria. Ni más ni menos, esa es la realidad con la que nos encontramos, y el jefe del PP, el antaño prudente Feijóo ya ha dicho que como el mediador que pidieron en la UE no les dé la razón en el asunto del CGPJ, ya puede abandonar su ingrata tarea. O todo o nada. Aut Caesar aut nihil. El Gobierno o el Parlamento no tienen independencia en esto, ni deben chistar. Sólo los jueces y magistrados afines. De eso se trata.

Produce un tremendo cansancio comenzar así otro artículo, y, supongo, similar pereza dará al lector. Pero es que esta es cuestión de prolongada gravedad: 5 años sin renovar el CGPJ, por una obstrucción consciente y premeditada que conduce al colapso de la administración de justicia, con tal de controlar desde Génova nombramientos, con la esperanza de condicionar resoluciones en materias que tanto alteran los pulsos de las gentes de bien. Pero no es verdad que cuando yo digo esto, que es grave, esté atacando la mancillada independencia. Cabe recordar que la independencia se plasma en cada proceso, en cada motivación de sentencia y en cada fallo y que no existe una independencia atribuible al CGPJ abstracta y especial, distinta de la que garantiza la Constitución y las leyes para quienes han de trabajar para alcanzar los fines constitucionalmente previstos: la misma que otorga al resto de instituciones en el cumplimiento de sus funciones. La vulnera, en todo caso, quien materialmente impide la renovación y quiebra esa independencia, sobre todo por tiempo tan prolongado sin el mínimo atisbo de razonabilidad en sus argumentos. Porque negarse a cumplir lo dispuesto en el ordenamiento jurídico para condicionar una nueva ley significa mantener como rehén el actual Consejo e hipotecar la futura decisión del Parlamento. ¿Es o no es eso una invasión competencial a priori y una transgresión de la voluntad de la ciudadanía a través de sus representantes?

Porque sucede que en sucesivas encuestas esta cuestión no es precisamente la que más preocupa a los hombres y mujeres de España. Probablemente la respuesta sería distinta si otra encuesta preguntara por la preocupación por el funcionamiento real de la Justicia, por las dilaciones indebidas, por las maniobras de picapleitos que buscan la prescripción de casos de corrupción o las maniobras de jueces característicos que avivan o dejan morir procesos al hilo de titulares de prensa, con la absoluta seguridad de que no les pasará nada, confundiendo independencia con irresponsabilidad. Quienes callan ante todo esto son los mismos que claman día sí, día también y en fiestas de guardar, contra la amnistía porque quebranta la seguridad jurídica y el Estado de Derecho. Con el coro, por cierto, de juristas bienintencionados y de intelectuales despavoridos ante la incomodidad que la situación causa y la dificultad de explicarlo.

Muchos lo harán diciendo que estos lodos se originaron en viejos polvos, los vertidos antaño por el bipartidismo. Sea y aprendamos la lección y que el PSOE haga penitencia. Pero, qué casualidad, esos mismos suelen coincidir con los que apenas ocultan la nostalgia por aquel bipartidismo. Y eso por no hablar de algún dirigente judicial que viene a decir que consideran la mentada independencia como Derecho particular de él y sus togados colegas –si coinciden en las ideas, claro- que comienza por una gestión libérrima de sus intenciones y destinos. A veces, incluso, encontramos una suerte de defensa de su voluntad en nombre de un supravalor que no existe en la Constitución: la Justicia rendida a un patriotismo que está por encima de los principios constitucionales.

Pero obsérvese, llegados a este punto, lo peor de la historia: tanta tropelía, tanta negación de la evidencia y, si se quiere, tanto atropello, nos conduce a los discrepantes al borde de defender lo que no nos gusta, porque se excluye de toda ecuación el diálogo, el acuerdo, lo que supone una herida feroz en la línea de flotación de la democracia. Supone entronizar la incoherencia, la imposibilidad, por ejemplo, de defender un cambio en las leyes o la búsqueda de mecanismos para “despartidizar” el gobierno de los jueces o el Tribunal Constitucional, porque enfrente sólo hay violencia simbólica y razones de leguleyo, ganas de abusar de su posición y conocimientos para acogotar al pueblo llano.

Este “o yo o el diluvio” judicial es una muestra privilegiada de maniobras en la oscuridad que la derecha conservadora va haciendo por cuenta de la ultraderecha, que precisará, si alcanzan parcelas importantes de poder, de judicaturas que interpreten las normas en un sentido que eluda los principios constitucionales que menos les interesan. Lo podemos ver en otros países europeos. Lo advertiremos a la hora de interpretar lo concerniente a la inmigración o a los Derechos de las mujeres. Por eso es indigno comparar lo que está pasando en España con países del Este o el Tribunal Supremo que se fabricó Trump. “Se cree el ladrón que todos son de su condición”, no es un principio general del Derecho en sentido estricto, pero nos permite explicar mejor lo que pasa, porque algunos creen que ellos son coherentes mientras que los demás, que no nos dejamos, resbalamos por la incoherencia.