Un pasado muy cercano

Como era de esperar una de las primeras iniciativas legislativas del grupo político VOX de la Comunidad Valenciana que logró entrar en el Gobierno valenciano gracias a un acuerdo express con el Partido Popular, ha sido la derogación de la ley valenciana de Memoria Democrática, aprobada en el año 2017 por el Gobierno del Botánico, con la intención de sustituirla por una llamada Ley de Concordia Democrática. Basta con conocer el “título” que se ha puesto a esta proposición de ley para saber de manera previsible el contenido que finalmente tendrá.

Como sin duda recuerda el lector la Ley 14/2017, de 10 de noviembre, de Memoria Democrática y para la convivencia de la Comunitat Valenciana, se aprobó por la necesidad de ahondar, en lo que a competencias de la Generalitat Valenciana se refiere, la legislación estatal de reparación de las víctimas del golpe de Estado de 1936 y de la posterior dictadura militar que el Gobierno del PSOE de Jose Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha en España con la primera ley española de la memoria con la que la sociedad española ha tratado de dar una respuesta de justicia a todas las reparaciones individuales de represaliados por el franquismo en sus múltiples formas y que la Transición española no solucionó. La ley valenciana, por su cercanía con las víctimas del franquismo en la Comunidad Valenciana, y por un deseo expreso de ayudar y colaborar en la reivindicación de la memoria de las víctimas del franquismo, asumió, de manera valiente, la voluntad decidida de dar voz a los silenciados del pasado, es decir, a aquellos que fueron asesinados y a los que malvivieron durante el franquismo por la represión continua en la que vivieron y que no pudieron llegar a ver, dada la longevidad de la dictadura, el regreso de la democracia a España.

El partido VOX, un grupo político que no se sabe muy bien para que existe más allá de ser una escisión del Partido Popular destinada a recoger los rescoldos del franquismo sociológico y una agencia de colocación de sus dirigentes en previa delicada situación económica, hunde sus raíces en la revancha ideológica y en pretender mantener en el tiempo las supuestas bondades que para los que se consideran herederos del franquismo tuvo la dictadura franquista. Como sería demasiado evidente y zafio defender el franquismo sin más, la ultraderecha española, con el lamentable apoyo del Partido Popular, se ha adueñado del término concordia como una manera de oponerse a las leyes de memoria que lo único que pretenden es dar paz y justicia a todos aquellos que consagraron sus vidas y su libertad a que la democracia regresase cuanto antes a España tras el golpe de Estado de 1936.

Y para tratar de ocultar el significado que la ley de Memoria Democrática de reciente aprobación por el Gobierno dirigido por Pedro Sánchez ha aportado a la democracia española como lugar común de reivindicación de la democracia y la libertad, el Consell valenciano integrado por la coalición Vox-PP se ha inventado un bodrio de ley a la que llaman “de la concordia”, que pretende sustituir a la ley de la Generalitat a la que antes me he referido, con un supuesto interés de reparación a las víctimas (sic) de la Segunda República y del Frente Popular. En realidad esta ley de la concordia que contiene varios disparates históricos y que se basa en los viejos fantasmas que los herederos del franquismo arrastran allá donde van responde a dos intenciones. La primera, que en España no se hable de la dictadura ni todos aquellos que colaboraron con la ella. Es conocido de sobra que si la dictadura de Franco se prolongó tantos años en el tiempo fue porque contó con la ayuda inestimable de buena parte de la sociedad española. Jueces, funcionarios, médicos, profesores y militares colaboraron con la represión y la persecución de los partidarios de la democracia durante décadas. Se creó el Movimiento Nacional, único partido político vigente en la dictadura, que no fue más que una agencia de colocación para todos los partidarios del franquismo para conseguir trabajos de escasa cualificación. La segunda consiste en tratar de situar en un mismo plano moral a los fascistas que terminaron con la democracia en España con los que defendieron la libertad. La utilizada frase todos fuimos culpables se ha utilizado por la derecha española como manera de justificar el revisionismo y el negacionismo de la verdad histórica del que hacen gala los defensores de la herencia del franquismo.

Franco fue un asesino que después de alzarse en armar contra un legítimo Gobierno amparado por las urnas se dedicó, en colaboración con la Iglesia católica, a matar y reprimir a la mitad de la población española durante cuarenta años. Para ello tuvo que ponerse en marcha una maquinaria criminal en la que participaron cientos de miles de españoles que no tuvieron ningún reparo en apropiarse de los trabajos de los represaliados y de sus bienes. Los herederos de aquellos colaboradores no quieren que se hable de lo que sus padres y abuelos hicieron. No me extraña.