La falacia de la amnistía

Hace bastantes años, escribía semanalmente una columna en este periódico que titulaba “La guerra de las falacias”. Mi objetivo consistía en partir de una discusión sobre uno de los temas de actualidad (de entonces) e identificar algún error de argumentación -alguna falacia- que quizás pudiera pasar inadvertido para quienes se interesaban en el asunto en cuestión. Cuando reuní un número suficiente, lo convertí en un libro que titulé precisamente “La guerra de las falacias” y di aquella aventura intelectual por concluida.

Si vuelvo ahora a las andadas, es motivado por el enrarecido debate al que estamos asistiendo a propósito de una posible (o más que posible: sumamente probable) ley de amnistía en relación con los delitos cometidos por diversos políticos independentistas en el transcurso del procés. Sin duda, la comisión de errores argumentativos (errores que tienen la apariencia de ser buenos argumentos: por eso constituyen falacias) podría detectarse en partidarios de las dos tesis: en favor o en contra de la amnistía. Pero yo voy a referirme aquí únicamente a una falacia que suelen cometer los que se muestran partidarios de la medida y que —creo— bien se puede llamar “la falacia de la amnistía”, por la importancia que tiene en la discusión. Dicho de manera sintética, la falacia consiste en plantear el tema en abstracto, como si se tratase simplemente de una alternativa entre los que prefieren perdonar, olvidar, anteponer la política al Derecho penal, buscar una medida conciliatoria en lugar del conflicto, frente a los supuestamente partidarios de continuar alimentando el rencor, las medidas represivas, el conflicto. Pero, claro, las cosas no son así. No se trata de discurrir en abstracto, sino teniendo en cuenta todos los elementos de la situación, algunos de los cuales (y muy relevantes) no suelen ser tenidos en cuenta por los partidarios de la amnistía.

Entre los abundantes ejemplos que podrían encontrarse de comisión de esa falacia, elijo aquí un reciente artículo publicado en el diario El País (del pasado día 6) y del que es autor un profesor de Derecho internacional de la universidad de Seattle, Ronald Slye; su título es: “Una amnistía para la reconciliación”. Lo que sostiene es, sin lugar a dudas, cierto: “La amnistía reclamada para los secesionistas catalanes es muy diferente a las de Pinochet, el Reino Unido o cualquiera otra que haya sido declarada ilegal”. O sea, en el caso del secesionismo catalán no ha habido asesinatos de personas o genocidio de por medio. Pero a nuestro internacionalista se le ha olvidado mencionar en su artículo que la propuesta de una amnistía se plantea en un contexto cuyo trasfondo es la necesidad de un determinado partido político de reunir los votos suficientes para poder formar gobierno, y un partido político que no sólo no había informado a sus electores de su intención de tomar esa medida, sino que más bien había dado a entender todo lo contrario. Al igual que pasa también por alto que un acto de reconciliación (recuérdese el título del artículo: “para la reconciliación”) no puede consistir en una medida unilateral que, de acuerdo con las encuestas, no goza en absoluto de un amplio apoyo popular: se trata, por el contrario, de una medida inevitablemente divisiva. Por lo demás, Slye no comete únicamente una falacia tradicionalmente denominada ignoratio elenchi, esto es, consistente en ignorar el tema (o parte del tema) del que se está discutiendo, sino también algo muy parecido a una contradicción lógica. Pues en su artículo comienza advirtiéndonos de que “no voy a pronunciarme sobre si una amnistía así debería dispensarse”, pero al final, sorprendentemente, acaba afirmando que la decisión de conceder una amnistía es “una decisión alentada por el propósito de fortalecer la unidad nacional y la reconciliación”. De donde se sigue (quizás no sea una conclusión estrictamente lógica, pero es lo que se sugiere al lector) que, de acuerdo con ese profesor, estar en contra de la amnistía significa también rechazar la unidad nacional y la reconciliación.

Aunque quizás con ello alargue excesivamente este artículo, no quiero dejar de manifestar cuál es mi opinión en relación con la amnistía. Como se sabe, no hay ninguna norma específica de la Constitución que la prohíba, que la haga jurídicamente imposible. Pero indudablemente va en contra de muchos principios constitucionales, como el de igualdad ante la ley o el de división de poderes. Constituye lo que, en un libro que escribí hace tiempo con el profesor Ruiz Manero, denominamos ilícitos atípicos, esto es, actos permitidos (o no prohibidos) por una regla, por una pauta específica de comportamiento, pero contrarios a los principios del ordenamiento jurídico, de lo que son buenos ejemplos lo que los juristas llaman abuso de derecho, fraude de ley y desviación de poder. Y aquí conviene todavía añadir algo. En mi opinión, una amnistía podría considerarse constitucional (además de una medida políticamente aceptable), pero siempre y cuando fuese acompañada de algunas circunstancias que en este caso no parecen darse. Una de ellas —quizás la más importante— sería que quienes se benefician de ella (los políticos independentistas y los partidos políticos en que se integran) hicieran una declaración reconociendo que su actuación en el pasado fue contraria a la Constitución, al Derecho establecido, y que tienen el propósito de no volver a utilizar esa vía como medio para obtener sus fines políticos (secesionistas o no). En tal situación, sí que cobraría un gran peso el principio de conservación de la Constitución (por eso, dejaría de ser un ilícito atípico) y sí que podría hablarse de reconciliación.