Durante su visita a Alicante, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, también fijó la postura del Gobierno sobre el pago de una parte de la paga extra de Navidad que los funcionarios no percibieron en 2012. Beteta fue contundente. Dijo que si no existe un fallo judicial condenatorio, las administraciones públicas no han de abonar los 44 días cotizados que, según algunas sentencias, sí han de percibir los trabajadores públicos. «En un Estado de Derecho prima el cumplimiento de la Ley, en este caso el Real Decreto Ley, y en segundo lugar, las resoluciones judiciales», afirmó. Y añadió: «Cualquier decisión que se tome por cualquier ayuntamiento o comunidad autónoma que contravenga lo establecido en el Real Decreto será recurrido por entender que es contrario a la ley».
El conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, también valoró la posibilidad de que el Consell abone una a uno a sus empleados la parte que les correspondería de la paga. «En primer lugar ejecutamos las leyes y en segundo, estamos sujetos al marco jurídico existente. Lo que no queremos en ningún caso es contravenir la ley», dijo. Moragues recordó que solo una comunidad autónoma ha pagado la extra a los funcionarios, pero el Gobierno a recurrido a los tribunales al entender que ese pago contraviene la legalidad vigente. A. F.
