La voz de alarma que desde hace meses han lanzado las diferentes consellerias ante la falta de manos para sacar adelante la gestión se ha traducido en una petición formal de creación de nuevos puestos de funcionarioscreación de nuevos puestos de funcionarios. Y no se trata de una docena de empleados públicos. Los distintos departamentos de la Generalitat necesitan reforzar su plantilla con alrededor de mil nuevos puestos de trabajo.
La cifra, desconocida hasta ahora, aparece reflejada en el Plan de Recursos Humanos que la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas entregó antes de las Navidades a los sindicatos. Un documento, que tal como informó INFORMACIÓN, refleja que la Generalitat necesita crear más de 4.500 puestos de trabajo esta legislatura para combatir el envejecimiento de la plantilla. Ahora bien, para lograr este objetivo y convocar ofertas de empleo público precisa que el Gobierno central levante el veto fijado en la Ley de presupuestos. La petición está hecha, pero está por ver si en plena cruzada contra la estabilidad presupuestaria, el ministro Cristóbal Montoro, se aviene a retirar la tasa de reposición y permite a la Generalitat la barra libre para engordar su plantilla de funcionarios y funcionarias. Y es que la cuestión es sobre todo económica.
Por lo pronto, las peticiones de las consellerias y organismos públicos tienen un precio. Según los cálculos de la Conselleria de Justicia, en el caso de poder dar satisfacción a las demandas de personal del Consell, el coste estimado para las arcas autonómicas sería superior a los 50 millones de euros. De un lado, la petición de crear 954 puestos de trabajo tiene un coste estimado de 46 millones de euros, según consta en el documento que no cuantifica el coste de los puestos en Sanidad.
Por otro lado, los consellers también han solicitado la reclasificación de puestos de trabajo ya existentes, es decir, una reconversión de plazas que en ocasiones supone una mejora retributiva. Estos cambios supondrían un gasto añadido de 9,6 millones.
La Conselleria de Justicia también tiene encima de la mesa propuestas para suprimir plazas, lo que le supondría un ahorro de 4,2 millones. Así pues, los costes se elevan a 56 millones, mientras que los ahorros a 4 millones. La conclusión es que las demandas de personal suponen un gasto extraordinario de 52 millones. Cabe recordar que la Generalitat se encuentra prácticamente intervenida por el ministerio, ya que al no poder cumplir con los objetivos de déficit tiene que informar al detalle a Madrid de todos sus movimientos de gasto.
Antes de las vacaciones de verano y coincidiendo con el seminario de Torrevieja que reunió al Consell para hacer balance de la gestión, aprobó un acuerdo sobre contratación de urgencia que hizo albergar a los consellers esperanzas de que podrían aumentar su plantilla. Por lo pronto, cada conselleria ha hecho un estudio de sus déficits de personal y ha planteado su plan de choque. Según el Plan Estratégico de Recursos Humanos, hay áreas que están más necesitadas que otras. Así, la vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas es la que más puestos ha reclamado: un total de 251 plazas. El segundo departamento con necesidades de personal es el Servef. Plantea reforzar su gestión con un total de 186 puestos. Presidencia, por su parte, también pide más personal: 14 trabajadores más.
En cuanto el perfil del puesto más demandado, todos los departamentos coinciden en solicitar a funcionarios del nivel máximo. Así, prácticamente el 90% de las peticiones se refirieron a puestos del grupo A1 o A2. En cuanto, al grupo profesional específico, la variedad es enorme. Los puestos de Administración General son los más buscados, pero las consellerias también están faltas de abogados, inspectores, informáticos o técnicos en trabajo social.
