El Gobierno y los municipios ya caminan por la misma senda. Aunque solo han recorrido la primera etapa. Después de años de desencuentros y de múltiples demandas por obtener más flexibilidad por parte del Estado para que los consistorios puedan tener un mayor margen financiero, el Ejecutivo se ha comprometido a que, con la mayor urgencia posible, se aprobará un decreto ley que autorice a los gobiernos locales a utilizar cuanto antes los casi 5.000 millones de euros de superávit que alcanzaron en 2019. De esta cifra global, unos 525 millones corresponden a la Comunidad Valenciana, de los que unos 180 beneficiarán a municipios alicantinos, otros 283 son de la provincia de Valencia y otros 62 de Castellón. La medida, a expensas de ser ratificada «en breve», fue anunciada en la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), celebrada en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, bajo la presidencia de su titular, Carolina Darias, y de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y en presencia de los principales responsables de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Una respuesta positiva a la exigencia de la administración local de poder gastar parte de todos los ahorros que acumulan en los bancos, que se une a otros dos medidas lanzadas en la reunión de la CNAL, la primera de esta legislatura, y refrendadas ayer en el Consejo de Ministros. Hacienda modifica la regla del techo de gasto con una décima más, al pasar del 2,8% previsto a un 2,9, siempre que su estabilidad presupuestaria sea del 0%. Es decir, los municipios que no tienen deuda pueden gastar un poco más, una diferencia mínima en porcentaje pero sustanciosa en euros que puede permitir a muchos ayuntamientos a invertir más fondos sin que te penalicen con la obligación de acometer, por imposición, un plan económico financiero.
Y en segundo lugar, para compensar la mensualidad del IVA de 2017, que tampoco llegó en tiempo y forma a los ayuntamientos por la decisión unilateral del exministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro, se ha ofrecido un mecanismo de pago indirecto en consonancia con la propuesta que se ha hecho a las comunidades autónomas, aunque sin préstamos de por medio. El Estado compensará la deuda que tiene con los ayuntamientos beneficiados con este impuesto a través de la liquidación ordinaria del IVA de finales de marzo, con el objetivo de que el adeudo esté cubierto al cierre de este año 2020. Además, esta devolución del IVA no va a computar ni para el déficit ni para el techo de gasto municipal.
Todas estas medidas, a juicio del presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Rubén Alfaro, facilitan que los ayuntamientos consideren que «vayamos por la buena senda, pero hay que seguir con la reivindicación». El alcalde de Elda, representante de todos los alcaldes de la Comunidad Valenciana, valora estos primeros pasos, como son el permiso para invertir el superávit y el aumento del porcentaje del techo de gasto, como una «buena noticia» pero considera que el Gobierno y la administración local «deben seguir trabajando en esta línea porque aún y todo, existen muchos ayuntamientos perjudicados». De algún modo, si solo se puede gastar un 0'1% más, los gobiernos municipales más ahorradores mantendrán sus problemas para atender a la ciudadanía cuando tienen millones de euros en los bancos.
En cifras globales, la FEMP calcula que los ayuntamientos cuentan con 25.000 millones de euros de remanentes de los últimos ocho años, depositados en los bancos que les cobrarán a partir de este año comisiones por esos depósitos. Proponen que el Banco de España abra una línea para ese remanente, a coste cero o se les permita usar ese dinero en activos financieros públicos. De esta cifra aportada por la federación de municipios, según datos recientes el Bando de España, los ayuntamientos alicantinos tienen en los bancos unos 1.600 millones de euros, cantidad muy superior a la deuda viva que han ido rebajando de forma progresiva y que se sitúa a finales de 2018 en unos 390 millones en toda la provincia.
Inversiones plurianuales
Otra de las medidas acordadas en la reunión Gobierno-FEMP estriba en que las inversiones financieramente sostenibles, las únicas que se les permite realizar a los ayuntamientos -siempre que no conlleven un gasto posterior en cuestiones de mantenimiento de instalaciones o contratación de personal-, tenga carácter plurianual. El pacto inicial entre el Ejecutivo y los gobiernos locales implica que se prorrogarán a más de un año las normativas que marcan el catálogo de inversiones financieramente sostenibles, que hasta ahora se han venido fijando con carácter anual. Este hecho facilita a los consistorios la inversión en sus territorios y también abre la puerta para destinar superávits que los ayuntamientos llevan sumando desde hace ocho años a minimizar daños por temporales y catástrofes naturales.
Esta mayor capacidad de actuación también convence a Rubén Alfaro, al abrirse la mano a las (inversiones plurianuales), aunque a su vez se abre otra nueva complicación para la maquinaria administrativa local. Alfaro avanza que esta medida «obliga a redactar el presupuesto municipal en dos partes, una con presupuesto de gasto corriente y otro con las inversiones financieramente sostenibles, una vez que se tenga el superávit. Eso es doble burocracia cuando de lo que se trata es de «buscar herramientas de simplificación» que compensen a ayuntamientos que «somos cumplidores», añade el líder de la FVMP.
Todas estas propuestas de flexibilización puntuales para los ayuntamientos, sin embargo, no esconden el debate en profundidad que también quieren mantener los ayuntamientos. Aparentemente, la ministra María Jesús Montero se ha comprometido a que cuando se inicie la reforma de la financiación autonómica se haga en paralelo la local. Rubén Alfaro recalca que los consistorios «vamos a hacer presión al Gobierno para que estemos al mismo nivel que las comunidades autónomas. Queremos un asiento en el debate de la financiación autonómico». Un deseo que traducido en butacas supone que en lugar de los 17 asientos para las comunidades, haya 18 sillas. Una más para la voz de los ayuntamientos.
