El grupo popular de Alicante ha querido salir al paso de las acusaciones de Compromís tras haber interpuesto un procedimiento contencioso-administrativo contra el acuerdo de la Diputación de Alicante por el que se determinan las cuantías a percibir por los grupos en la corporación y ha amenazado con ir a los tribunales, incluso con acciones penales, para defender el honor y la imagen pública "que de manera tan torpe y tan infundada está lesionando Compromís".
Los populares han querido dejar claro que todos los grupos en la Diputación reciben asignaciones para su funcionamiento y que también Compromis recibe fondos de todas las instituciones en las que participa, "habiendo recibido reparos en diversas partidas sometidas a fiscalización, por indebida justificación de los gastos realizados", según se indica en el comunicado remitido a este diario en el que se añade que "sorprende por tanto que se trate de arrojar dudas sobre la legalidad de la actuación del Grupo Popular por quien no tiene al día la presentación correcta de su contabilidad".
Los populares manifiestan que tanto la ley orgánica de financiación de los partidos políticos como la normativa interna de la Diputación Provincial de Alicante permiten que los partidos reciban aportaciones de sus respectivos grupos institucionales. Distintos informes y resoluciones judiciales amparan sin discusión alguna esta interpretación.
"Compromis nunca ha discutido esta posibilidad, que está amparada por la legislación vigente, e incluso se beneficia de esas aportaciones siempre que lo considera oportuno en las instituciones en que puede hacerlo", señala el comunicado.
Según un documento firmado por el presidente provincial y portavoz del grupo popular en la Diputación, Eduardo Dolón, el fundamento de dichas aportaciones a los oartidos políticos que sustentan los grupos institucionales se expresa con toda claridad en el Preámbulo del Reglamento Orgánico sobre dotación económica de los Grupos Políticos de la Corporación, de 4 de abril de 2013, que reconoce expresamente que la legislación vigente permite entender las cantidades asignadas a los Grupos "como fuente de ingreso y de financiación de los propios partidos políticos". Ello porque, como dice el propio Preámbulo citado, "los grupos políticos territoriales se benefician de las infraestructuras y servicios provinciales del partido respectivo, tanto de sedes, utilizadas por alcaldes y concejales en reuniones de formación e información de diputados provinciales, o de acción política conjunta, por los que los partidos pagan alquileres, luz, limpieza, costes de cobertura informativa en medios de comunicación, web informativa propia del partido de actividades políticas, de la que se benefician los grupos institucionales de la Diputación Provincial, y que hay que elaborar y mantener, y un largo etc. de otros gastos que son comunes e indivisibles".
El grupo popular se ha defendido y ha asegurado que ha observado en todo momento un escrupuloso cumplimiento de esta normativa, acreditando las aportaciones realizadas al Partido Popular de Alicante en la forma prevista en el citado reglamento orgánico. "No hay razón jurídica alguna que pueda amparar tan descabellado procedimiento como el que intenta Compromís al único objeto de ganar notoriedad a costa de la imagen del Partido Popular".
