La Conselleria de Participación y Transparencia y los grupos parlamentarios que sostienen el Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem) registraron ayer al alimón en las Cortes la futura Ley de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana, un texto legal que aspira a remplazar el que está actualmente en vigor aprobado en la época popular, y que, como ocurrió entonces, el grueso de su ejecución recaerá en un futuro Consell.
El texto, de más de cien páginas y 76 artículos, contiene tres novedades principales respecto a la actual ley: incorpora un capítulo dedicado a introducir la rendición de cuentas y la evaluación de las políticas púbicas, se avanza en los datos abiertos y se refuerza el Consell de Transparencia, un órgano que, tal como se concibe de nuevo, ve reforzado sus competencias y su papel de contrapeso al propio departamento que dirige Rosa Pérez Garijo.
La rendición de cuentas es uno de los platos fuertes de esta ley con instrumentos novedosos como el «plan de gobierno» de legislatura, es decir, la plasmación en un documento de las medidas anunciadas en los discursos de investidura de la persona que ostenta la presidencia de la Generalitat. Este programa de gobierno debe aprobarse durante los seis primeros meses del mandato y debe identificar las leyes, planes y iniciativas más significativas para cumplir unos objetivos que deben definirse y acompañarse de indicadores para su seguimiento.
El plan debe publicarse en el Diario Oficial de la Generalitat, es decir, a partir de ese momento los compromisos adquirirán el rango de oficiales. Cada seis meses, el Consell debe aprobar un documento de seguimiento y publicarse en el Portal de Transparencia. Ahora bien, el Botànic II, impulsor de esta medida, quedará exento de evaluarse, ya que la disposición tercera establece que estas cuestiones solo serán exigibles a partir de la toma de posesión de un nuevo Consell al inicio de la siguiente legislatura.
El capítulo de rendición de cuentas incluye otras previsiones para que las consellerias se sometan a examen y su gestión sea evaluable. Los informes, elaborados por el personal de las consellerias, también se harán públicos, si bien la ley es menos concreta en cuanto a plazos para la evaluación. Otra de las claves de esta ley son los cambios respecto al Consell de Transparencia, ahora denominado Consell Valencià de Transparència. La consellera Pérez Garijo habló ayer de «profesionalizar» este órgano que vio la luz la pasada legislatura y que fue especialmente combativo con el anterior departamento de Transparencia dirigido por Manuel Alcaraz.
Parte de sus reivindicaciones y quejas por falta de medios y recursos humanos se ven contemplados en la nueva ley. Por lo pronto, los consejeros y consejeras se reducen de cinco a tres, pero tendrán dedicación exclusiva y, por tanto, remuneración asociada a director general. Hasta el momento solo percibían dietas. Serán ,como hasta ahora, elegidos por las Cortes entre expertos (deberán tener un mínimo de diez años de experiencia profesional) y se necesitará una mayoría cualificada de tres quintos.
Este órgano, que gana autonomía orgánica e independencia al contar con un presupuesto propio, tiene como misión garantizar el derecho a la información pública y velar por el cumplimiento de las obligaciones de la publicidad activa.
En la práctica, es el organismo al que pueden acudir quienes no obtienen respuesta a sus peticiones de información ante la Administración. La nueva ley le añade competencia para incoar expedientes disciplinarios. Otra novedad es la posibilidad de que la ciudadanía, en vez de acudir al Contencioso-administrativo, solicite la mediación ante el Consell de Transparencia. La resolución es ejecutiva y, si es estimatoria, obligará a la Administración a cumplirla.
