El primer reglamento orgánico de la Diputación establece la celebración una vez al año de un debate del estado de la provincia, para abordar asuntos de relevancia y fijar las necesidades y perspectivas en el marco de las competencias de la institución. En el apartado dedicado al pleno destaca, principalmente, la propuesta en la que el presidente podrá conceder la palabra al público en asuntos en que estén directamente afectados, siempre que lo hubiesen solicitado con anterioridad al inicio de la sesión. Además, finalizado el pleno se pasará al «escaño 32», consistente en poder intervenir hasta un máximo de tres alcaldes o alcaldesas para formular preguntas sobre asuntos de competencia de la Diputación, según reza la nueva norma, que ahora también incluye la creación de un foro de alcaldes, a propuesta del PSPV. El objetivo, además, es dar la posibilidad a los vecinos de presentar propuestas de acuerdos o proyectos de reglamento en materia de competencia provincial. Estas iniciativas deberán ir suscritas al menos por 5.000 vecinos de la provincia.

El texto define, entre otros aspectos, los derechos y deberes de los diputados, el registro de intereses, los grupos políticos, el desarrollo y funcionamiento de los plenos, detallando, en este sentido, cuestiones como las clases de sesiones, la estructura, el límite de declaraciones o mociones, las comparecencias, el tiempo de intervención de los grupos políticos o las sesiones telemáticas.

El equipo de gobierno de la Diputación de Alicante no ha logrado salvar las discrepancias con Compromís para sacar adelante su primer reglamento orgánico. Mientras el país está centrado en contener la segunda oleada del coronavirus, los grupos políticos de la corporación provincial han vuelto a su batalla cotidiana. No obstante, PP y Ciudadanos contarán con el apoyo del PSPV para aprobar el texto que regulará la organización y funcionamiento de la corporación provincial y cuyos principales aspectos son el fomento de la participación de los alcaldes y los ciudadanos en la política provincial, introduciendo figuras como la iniciativa popular, el «escaño 32» y la celebración de un debate anual sobre el estado de la provincia.

Además de regular las juntas de gobierno o las de portavoces, otro de los órganos que aborda este reglamento es la comisión informativa y ha sido precisamente en este punto en el que Compromís ha denunciado que el presidente, Carlos Mazón, ha reducido la capacidad de control político de la oposición al evitar que las subvenciones se voten en las mencionadas comisiones y también en los plenos. Por su parte, PP y Ciudadanos defienden que el procedimiento se ha modificado para agilizar la acción institucional y evitar burocracia. En una de sus alegaciones, la coalición ha pedido que estos órganos vuelvan a dictaminar las resoluciones previas a su aprobación, como se ha hecho históricamente en la Diputación, poniendo el foco en que, desde el mes de abril, los grandes paquetes de subvenciones se otorgan por decreto del presidente o por junta de gobierno sin necesidad de convocar comisiones informativas e impidiendo la participación de la oposición.

El portavoz de la coalición en el Palacio Provincial, Gerard Fullana, anunció ayer que votará en contra del reglamento orgánico, lamentando que la oposición no pueda acceder a la documentación hasta que se publique en el BOP. En su opinión, «el presidente se ha autoasignado más poder en una decisión sin precedentes», añadiendo que, «además, hay diputados que no quieren venir a las comisiones más de un día a la semana y, por eso, se ha cambiado este procedimiento». Por su parte, el portavoz del PP en la institución, Adrián Ballester, aseguró que el objetivo es eliminar burocracia para evitar retrasos: «Si cualquier subvención tiene que pasar por comisión, se retrasaría diez días», alegó, aunque confirmó que seguirá negociando este punto para llegar a alcanzar un acuerdo en el pleno del próximo miércoles.

Por su parte, el portavoz socialista, Toni Francés, indicó que uno de los aspectos más importantes de este reglamento es el acuerdo alcanzado para que las mociones que se presenten en los plenos sean aceptadas por el grupo proponente y no se puedan modificar a través de enmiendas para terminar aprobando una propuesta que nada tiene que ver con la original. También se incluye el foro de alcaldes a propuesta del PSPV: «Que la Diputación tenga un reglamento de funcionamiento es una buena noticia, sobre todo para crear un foro abierto de alcaldes en el que se pueda hacer una valoración conjunta de la situación», defendió Francés.

Por último, el portavoz de Ciudadanos, Javier Gutiérrez, destacó que «Alicante contará por primera vez con un debate sobre el estado de la provincia en el que se pondrán sobre la mesa asuntos de interés para los alicantinos».

El reglamento orgánico establece la celebración una vez al año de un debate del estado de la provincia y destaca, principalmente, el «escaño 32», que permite que intervengan hasta tres alcaldes para formular preguntas. También se abre a los vecinos de la provincia la posibilidad de presentar propuestas de acuerdos, actuaciones o proyectos de reglamento en materias de competencia provincial.