El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, considera que el dictamen del Consell Jurídic Consultiu sobre la ley que regulará el Fondo de Cooperación Municipal refuerza su postura de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC), según confirmaron ayer fuentes del PP. En el entorno del dirigente popular opinan que el informe arroja argumentos sobre la posible inconstitucionalidad de la norma, de ahí que tenga decidido acudir al Alto Tribunal en el caso de que no se llegue a un acuerdo durante la tramitación parlamentaria. Cuestiones como el carácter obligatorio del fondo o la penalización sobre los municipios pequeños son a las que se acoge el presidente institución provincial para defender su postura.
El Fondo de Cooperación Municipal se ha convertido en el epicentro de la batalla política que está librando la Diputación de Alicante con la Generalitat Valenciana. La institución provincial, presidida por Carlos Mazón, viene mostrando desde el principio su oposición al sistema de reparto de ayudas impulsado por Ximo Puig, al considerarlo un ataque a su autonomía financiera y una penalización a los municipios pequeños. Tal es el enconamiento en este asunto que, tal y como se informó semanas atrás, el PP tiene intención de presentar un recurso ante el Constitucional si el Consell sigue adelante con el plan como está planteado en la actualidad.
En este contexto, el Consell Jurídic Consultiu ha emitido un dictamen sobre la ley que regula el fondo, que avala la idea de Mazón de plantear dicho recurso, según interpretan en el PP. Pese a que el informe es favorable al proyecto normativo aprobado el pasado día 18 por el pleno del Consell, desde la Diputación se considera que arroja argumentos sobre su posible inconstitucionalidad. Cabe recordar, en este sentido, que este dictamen ha dividido al Jurídic, hasta tal punto que tres de los seis consejeros y consejeras emitieron un voto particular advirtiendo del difícil encaje legal de esta ley.
Fuentes del partido que lidera Mazón han recordado a este diario que ya disponían de informes jurídicos que ahora, destacan, se han reforzado con el dictamen del organismo. Los principales puntos de discrepancia, en concreto, son dos. El primero, que se imponga la participación imperativa, no voluntaria, con lo que eso supone de ataque a los principios constitucionales de autonomía política y financiera de las diputaciones. Entre otras cuestiones, los informes hacían especial hincapié en la autonomía que, según la Constitución, las diputaciones tienen para la gestión de sus respectivos intereses. En este sentido, los técnicos consideraban que la normativa podría ir contra la autonomía provincial, el principio de suficiencia financiera o la autonomía presupuestaria de las diputaciones provinciales. El segundo punto en que se centran los argumentos del PP es el referido al sistema de reparto diseñado por la Generalitat, que, opinan, penalizaría a los municipios pequeños en favor de las ciudades de mayor tamaño, algo a lo que se opone frontalmente el PP, que defiende su papel de soporte a las localidades de menor tamaño.
Diálogo
Como queda dicho, desde el Partido Popular consideran que el dictamen del Jurídic ha venido a reforzar sus argumentos, aunque las mismas fuentes confían en que, durante la tramitación parlamentaria de la ley, impere el diálogo y todavía sea posible un acuerdo que evite la presentación del recurso ante el Tribunal Constitucional.
Desde el PP manifiestan que han sido capaces de llegar a acuerdos con diferentes departamentos de la Generalitat, aludiendo a la participación de la Diputación en los fondos de cooperación sobre turismo, de carácter voluntario; los recursos destinados a servicios sociales, o también las políticas de transparencia.
Por ello, insisten en mostrar su disposición al diálogo antes de la aprobación definitiva de la ley por parte de las Cortes, como una forma de evitar que ésta llegue al Constitucional, si bien las fuentes consultadas lamentan que no vean la misma voluntad por parte del jefe del Consell.
