La reforma de la Ley Electoral Valenciana, que ha iniciado por segunda vez su proceso de tramitación en las Cortes autonómicas, incluye una particularidad cuanto menos disruptiva en comparación con el resto de normativas en vigor en las comunidades autónomas. La propuesta legislativa impulsada por el Botànic determina que las listas de las candidaturas deberán estar integradas, como mínimo, por un 50% de mujeres con tal de garantizar la paridad. En esta cuestión, y ahí es donde radica la novedad, el texto considera válida la identidad de género expresada por una persona siempre que sea acreditada por la Generalitat de acuerdo con lo establecido por la conocida como Ley Trans de la Comunidad, aprobada por la coalición de izquierdas en 2017. Con ello, las personas integrantes de una candidatura sólo precisarían del visto bueno de la Administración valenciana para ocupar puestos reservados al hombre o a la mujer en las papeletas, sin necesidad de realizar cambios previos en el Registro Civil con tal de asegurar el principio de igualdad en la participación política.
El planteamiento enmarcado en la Ley Electoral, que ha iniciado su tramitación en la Cámara valenciana con el apoyo del PSPV, Compromís y Unidas Podem, está en consonancia con el borrador de la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans, impulsado por el Ministerio de Igualdad, liderado por Irene Montero. La propuesta inicial de esa legislación plantea, entre otros aspectos, eliminar el requisito de diagnóstico psicológico o médico de disforia de género así como el tratamiento hormonal obligatorio durante un periodo de dos años para cambiar de sexo en el Registro Civil. Es decir, abre la puerta a la conocida como libre autodeterminación de género, que supone que cualquier persona puede cambiar su sexo y su nombre con una mera declaración expresa. Esa es una posibilidad que, de facto, ya se viene produciendo en la Comunidad Valenciana desde la aprobación de la Ley Trans de 2017, aunque la diferencia radica en que solamente tiene efectos administrativos en materias que son competencia autonómica. De esa forma, se garantiza que una persona transexual pueda ser tratada conforme a su identidad de género manifestada. En estos casos la Administración respalda, por ejemplo, el cambio de nombre en el SIP sanitario, la adaptación de documentos relacionados con las instituciones educativas o en las oficinas PROP de la Generalitat. Ello aunque a nivel de Registro Civil no se haya podido o no se haya querido realizar cambio alguno. En ese sentido, lo que determina la propuesta de Ley Electoral es que se considera válida la identidad de género expresada que sea acreditada por la Generalitat; un terreno hasta ahora inexplorado en otros territorios del país y cuyas derivadas jurídicas se desconocen. No sería de extrañar que la derecha acaben tocando a la puerta del Tribunal Constitucional en un intento de frenar su puesta en práctica.
Mientras los grupos parlamentarios que sostienen al Botànic han registrado de forma conjunta la proposición de Ley Electoral, las mismas fuerzas políticas, pero en clave nacional, están protagonizando intensos debates al respecto de la propuesta de Montero. De hecho, los desencuentros entre Podemos y el PSOE han sido públicos y notorios. La vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo llegó a decir en una entrevista en la Ser: «Me preocupa fundamentalmente la idea de pensar que se elige el género sin más que la mera voluntad o el deseo, poniendo en riesgo los criterios de identidad del resto de los 47 millones de españoles». Declaraciones a las que la ministra de Igualdad respondió afirmando que «la identidad de género o la orientación sexual no son caprichos, es un derecho». La controversia en torno a este asunto ha dividido igualmente al feminismo, con posiciones a favor y en contra de una norma que, para algunos sectores, ofrece garantías jurídicas para salvaguardar la vulnerabilidad del colectivo trans, y para otros, pone en riesgo lo conseguido en la lucha contra la discriminación de las mujeres. Cuestión distinta será que el tripartito valenciano, finalmente, consiga aprobar la norma, que precisa del apoyo de 66 diputados frente a los 52 que suma el Botànic. Con ello, será la oposición de PP, Cs y Vox la que, en última instancia, tenga la palabra, al menos a nivel parlamentario.
