La hoja de ruta de la Generalitat para ampliar el raquítico parque público de vivienda avanza con el cribado de las ofertas recibidas en el segundo concurso impulsado para adquirir inmuebles. En concreto, son 287 edificaciones de las 637 ofrecidas por particulares las que han superado el filtro inicial de los técnicos. El resto, es decir, más de la mitad, han sido descartadas del proceso, bien por incumplir los requisitos exigidos por la Administración, bien por no entregar toda la documentación requerida o no respetar los plazos estipulados. En cualquier caso, este nuevo procedimiento y su previsible aumento de operaciones de compra en relación al anterior refuerza la política de vivienda social del Botànic y la proyección del vicepresidente Dalmau, al frente de la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática. De igual forma, hilvana el discurso de Unides Podem en relación a la necesidad de ofrecer soluciones habitacionales, tanto para brindar alquileres asequibles como disponer de viviendas sociales, dos de sus principales caballos de batalla.
La provincia es en estos momentos la que mayores opciones tiene de sumar vivienda pública a través del citado concurso dado que, de las 287 viviendas admitidas al procedimiento de compraventa, 127 de ellas están situadas en territorio alicantino, lo que representa un 44,25 % del total, según explica el secretario autonómico de Vivienda y Función Social, César Jiménez.
En total, son 6,2 millones de euros los que el departamento de Martínez Dalmau ha destinado al segundo concurso de compra de inmuebles, que ha multiplicado por seis las ofertas recibidas en la convocatoria anterior. Está previsto que durante este ejercicio la inversión para la adquisición de vivienda esté situada en los 40 millones de euros. Si se hace una comparativa con el año anterior, cuando la provincia concentró algo más del 37% de la inversión total de la Administración autonómica en adquisición de vivienda, con la incorporación de 86 inmuebles, para este 2021 el presupuesto podría dispararse hasta los 15 millones de euros, lo que supondría la adquisición de unas 230 viviendas. «Sin embargo las primeras oportunidades que se están dando en los primeros meses de 2021 se están concentrando todavía más en la provincia, lo que nos permitiría elevar esa cifra hasta las 250 viviendas», subraya Jiménez.
En estos momentos, donde más necesidades de vivienda se concentran es en las áreas metropolitanas de las capitales de provincia y, además, la comarca de la Vega Baja, por lo que, en definitiva, la provincia de Alicante concentra mayores necesidades en su conjunto que las otras dos provincias.
Unides Podem, que lidera este área de Gobierno, se ha marcado el objetivo de combatir las situaciones de emergencia especialmente en municipios que presentan mayores necesidades de vivienda pública y donde el parque existente es incapaz de absorber la demanda. De hecho, fuentes de la conselleria de Martínez Dalmau destacan que durante el pasado año, con la formación morada al frente de este área de gobierno, se adquirieron un total de 321 viviendas . Para esta cuestión, se disponía de un presupuesto de 30 millones de euros y el gasto ejecutado alcanzó 18,4 millones.
Una de las últimas operaciones para ampliar el parque inmobiliario público en la provincia se dio a conocer precisamente ayer, cuando la Generalitat anunció que iniciará el próximo mes de mayo el proceso de adjudicación de las 42 viviendas públicas de alquiler asequible que acaba de construir en Aspe. Son propiedades que se destinarán a colectivos con mayor dificultad de acceso a la vivienda como son jóvenes, mayores y personas con diversidad funcional.
Las adquisiciones por tanteo y retracto son el 73% de las operaciones
El decreto ley aprobado en junio de 2020 por el Consell, e impulsado por la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, que permite a las administraciones comprar vivienda de protección pública a través del derecho de tanteo y retracto ha conseguido multiplicar las operaciones. Se trata de una herramienta -recurrida por el PP en el Tribunal Constitucional- que permite a las administraciones públicas comprar vivienda de protección pública frente a especuladores y adquirir inmuebles procedentes de ejecuciones hipotecarias, daciones en pago o ventas extrajudiciales. Con este mecanismo, se han adquirido 235 viviendas en 2020, el 73% del total de operaciones, que suman 321.
