Llueve sobre mojado. Resolver los problemas que arrastra la Comunidad con el sistema de financiación autonómica es una de las principales prioridades que año tras año entra en la agenda valenciana. No solo por una cuestión política, sino que los sindicatos y empresarios también están involucrados en este mal endémico, que deja a esta autonomía como la más perjudicada de España, y en el que también ha influido el escaso peso de los diferentes responsables del Consell en la política española. Este año no ha sido diferente. Pese a las altas expectativas que este martes se pusieron en la reunión de la Plataforma por una Financiación Justa con la ministra María Jesús Montero, los sindicatos, la patronal CEV y los partidos políticos se dieron de bruces con la realidad al escuchar, por boca de la titular de Hacienda, las dificultades que existen para llegar a un acuerdo político a medio plazo.
«Al PSPV de Puig lo vemos presto y dispuesto para la foto pero no para cambiar el modelo de financiación»
María Jesús Montero no concretó una fecha para la presentación del esqueleto de la reforma pese al acuerdo alcanzado con Compromís para la investidura de Pedro Sánchez. A lo que sí se comprometió Montero es a mantener el criterio de población en los futuros repartos de fondos covid, con cuantías similares a las de este año. Para los socialistas valencianos, eso implicaría tener una financiación más justa que con otros gobiernos. También anunció la ministra que comenzará una ronda de reuniones con las comunidades para llegar a acuerdos bilaterales. A excepción del PSPV, los grupos coincidieron en el mismo calificativo para definir el encuentro: decepcionante. La coportavoz de Compromís, Águeda Micó, lamentó que la reunión no había ido en los términos que esperaban, porque «había un compromiso de que se pondría sobre la mesa una propuesta de reforma del sistema de financiación antes de final de año, y parece que no es su intención». Por su parte, la síndica de Ciudadanos en las Cortes, Ruth Merino, manifestó que no se habló de una fecha concreta y que salió del encuentro «bastante decepcionada porque parece que esto no tiene solución, por lo menos inmediata».
«Esta Comunidad es la peor financiada, a años luz de otras, y la situación se ha vuelto desesperante»
«La Comunidad Valenciana es la más perjudicada con el modelo actual de financiación»
En el acto reivindicativo frente al Congreso de los Diputados que se celebró por la mañana, unas horas antes de la reunión con la ministra, la sorpresa la dio Carlos Mazón. Además de PSPV, Compromís, Podemos y Ciudadanos, el dirigente alicantino quiso acudir pese a que el PP no forma parte de la plataforma que organizaba el evento. Esta asistencia evidenció el cambio de rumbo que ha tomado el partido después de que Isabel Bonig se descolgara cuando las reivindicaciones se hacían al Gobierno de Mariano Rajoy. Ahora que el escenario político se adivina revuelto y la batalla entre PP y PSOE se ha trasladado a València, Mazón ha tomado otro carril para ganar visibilidad en la reivindicación de los principales problemas de la Comunidad y, a su vez, tratar de armar un relato afín a los intereses de los empresarios. Con el problema de la financiación también afloró otra pugna política entre Carlos Mazón y Ximo Puig. Durante la concentración frente al Congreso, el candidato único a liderar el PPCV criticó la falta de influencia de Puig en el Gobierno central.
«No queremos mendigar un incremento de la financiación, sino un modelo equilibrado»
«El problema de la infrafinanciación agrava el de la deuda pública, de manera que es imposible pagarla»
La realidad de la Comunidad se pone en evidencia con datos categóricos: cada valenciano recibe 237 euros menos que la media de ciudadanos del Estado, o 830 menos que la autonomía mejor financiada, lo que equivale a un 10% y 29% menos de recursos, respectivamente. Esas diferencias son la causa fundamental de los mayores déficits presupuestarios, generados año tras año en la Comunidad. Ahora que la pandemia empieza a dar un respiro, una representación de sindicatos, empresarios, partidos políticos y entidades sociales quiso hacer un frente común para alzar la voz en Madrid y exigir al Gobierno un sistema de financiación justo ante la mochila de discriminación que lleva a cuestas . En este contexto, y entendiendo que visibilizar el problema es el primer paso para la búsqueda de una solución, los asistentes quisieron hacer ruido para convertir esta cuestión en el gran reto de la etapa poscovid.
