La bofetada de realidad que el Gobierno de España dio el pasado martes a la Comunidad Valenciana tras dar largas a la reforma del sistema de financiación autonómica ha cercenado las esperanzas de los grupos políticos de conseguir una solución a medio plazo que ponga fin al maltrato financiero.
Carlos Mazón abre la puerta a sumarse de nuevo a la plataforma en la que están partidos, sindicatos y patronal
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, era plenamente consciente de que la oposición iba a aprovechar la sesión de control de ayer en las Cortes para desplegar una batería de acusaciones contra él por este tema. Sin embargo, las críticas no solo procedieron de la bancada de la derecha, sino que el mensaje más contundente llegó de Compromís, su principal socio de Gobierno. El síndic valencianista en las Cortes, Fran Ferri, reivindicó este miércoles que es hora de plantarse ante el retraso de la reforma del sistema de financiación autonómica, y no aceptar «ni un ninguneo más, ni un insulto más».
La falta de concreción del Gobierno de Pedro Sánchez y sus incumplimientos a la hora de aprobar esta reforma son un jarro de agua fría para Compromís, que apoyó la investidura del presidente con la condición de que se fijara un calendario detallado para abordar el asunto. Ahora que la pandemia está dando un respiro, la línea argumental de la formación se centra en los derechos que tienen los valencianos a contar con una financiación justa. «No lo aceptaremos, nos plantaremos», aseveró Ferri en la sesión de control parlamentario al presidente, en la que aseguró que la reunión del martes de la Plataforma por una Financiación Justa con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, les dejó «muy preocupados». Además de reprochar a los socialistas su apoyo a la investidura, también insistió en que dieron sus votos para que se pague la deuda histórica, «y no para que se nos diga nada de nada».
Compromís eligió un asunto muy sensible como campo de batalla contra el PSPV al dejar en evidencia el peso político que Ximo Puig está ejerciendo en Madrid. En su respuesta a Ferri, el presidente no hizo ninguna alusión a estas palabras, lo que no sentó nada bien entre los dirigentes valencianistas. Pese a estar en las antípodas ideológicas, el contenido del relato de Compromís fue similar al de PP y Ciudadanos. «¿Va a seguir arrastrando la cabeza? ¿Es esta su forma de pedir responsabilidad?», preguntó la síndica de Ciudadanos, Ruth Merino, a Puig. Por su parte, la síndica popular, Eva Ortiz, y el diputado Miguel Barrachina afearon que el jefe del Consell no asistiera a la protesta en Madrid. «Esta tierra no soporta más reuniones bilaterales que acaban en nada», dijo Ortiz sobre la propuesta de la ministra, mientras Barrachina preguntó al presidente si no se cansa de que «Sánchez le haga menos caso que Joe Biden a él».
El presidente de la Generalitat y líder del PSPV defendió que el Gobierno central «ya es consciente» de que la Comunidad Valenciana es la región peor financiada de España y la ministra portavoz, María Jesús Montero, «lo ha dicho claramente». Ante las constantes críticas del PP por el «ninguneo» del Ejecutivo, Puig hizo un llamamiento a los partidos para hacer un frente común porque «este partido se juega en Madrid». Los socialistas defienden que el hecho de que el Gobierno acepte los 1.325 millones reivindicativos que la Conselleria de Hacienda incluyó en los presupuestos es un paso adelante y ya implicaría tener una financiación más justa.
En este contexto, el PP también se ha marcado el propósito de levantar la bandera del valencianismo a la hora de reivindicar una solución para los principales problemas de esta Comunidad. Con este objetivo, el próximo presidente regional del PP, Carlos Mazón, ha abierto la puerta a sumarse a la Plataforma por una Financiación Justa de la que Isabel Bonig se desmarcó durante años. Con esta estrategia, Mazón evidencia su voluntad de diálogo y el cambio de rumbo que quiere emprender.
El presidente sale al rescate de Oltra frente a Vox
Puig usó el turno de repreguntas en las Cortes para contestar a Vox y decirle que el Consell «no está acechado por la Justicia», defendiendo, a su vez, que cuando van a la Justicia «normalmente» les dan la razón, «a diferencia de ese partido». Puig quiso responder a la pregunta de Vox de «qué se siente al notar el aliento de la Justicia en la nuca» y si cesará a la vicepresidenta, Mónica Oltra, si es imputada. El presidente apostilló que «ni la señora Oltra tiene ningún tipo de acusación de carácter judicial ni este Gobierno está sometido a nadie que no sea la Justicia, el Estado de Derecho y la defensa de los derechos de los ciudadanos».
Cierre de filas del Botànic con los derechos LGTBI
Desde Compromís y Unides Podem, sus síndics, Fran Ferri y Pilar Lima, respectivamente, se interesaron durante la sesión de control por los avances en derechos conseguidos gracias al Botànic, en concreto en el ámbito del colectivo LGTBi, y reclamaron que en España pueda aprobarse una ley trans similar a la existente en la Comunidad Valenciana. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, coincidió en la necesidad de un marco normativo estatal, y aseguró que el Consell luchará por la defensa de todos los derechos de los valencianos, pero, sobre todo, «por aquellos que afectan a la dignidad de las personas».
