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Puig reclama más fondos para Alicante mientras admite la baja ejecución de proyectos del Estado

PP y Compromís critican que las inversiones comprometidas por el Gobierno central se incumplen mientras el presidente admite que los datos no son buenos y lo achaca al centralismo de Madrid

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ayer, en la sesión de control en las Cortes. | INFORMACIÓN

«Es el momento de toda la historia en el que más inversiones llegan a la Comunidad». Son unas cuentas «significativamente mejores que las del PP», si bien, «hay que mejorar muchas cosas», como las partidas previstas para Alicante. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, reconoció este jueves en sede parlamentaria el agravio para la provincia en el reparto de fondos previsto en los Presupuestos Generales del Estado para 2022. No obstante, aseveró que la Generalitat lo compensará con los 300 millones que gestionará directamente el Consell, aunque está por ver si ese dinero se traduce finalmente en proyectos tangibles. Eso es algo que pusieron en duda no solo en las filas de la oposición, sino incluso sus propios socios del Botànic. En concreto, Compromís, que junto al PP centró su estrategia en criticar el bajo nivel de ejecución de las infraestructuras comprometidas por el Estado tanto el pasado año como en el actual ejercicio en el territorio autonómico.

Las cifras son elocuentes y, vista la respuesta de Puig, irrebatibles. En 2020 tan solo se ejecutó el 16% de la cantidad prevista para el territorio valenciano, según criticó ayer el grupo popular, un síntoma más, dijo la síndica, María José Catalá, de la escasa influencia de Puig en La Moncloa. El portavoz de los valencianistas, Fran Ferri, puso sobre la mesa otro dato significativo: hasta junio, el Ejecutivo central solo ha ejecutado el 17% de las inversiones previstas en el territorio, mientras que en Madrid, según aseguró, llegaba al 41%, «y algunos años, incluso más», sentenció Ferri.

El jefe del Consell no pudo hacer otra cosa que admitir que «valora de forma negativa» esa baja ejecución. Centró su defensa aludiendo a dos hechos. El primero, que se deberían acometer reformas legislativas para agilizar los contratos y, en segundo lugar, echó mano de un recurso que se ha convertido ya en todo un clásico en su discurso, como es ahondar en la descentralización de las estructuras de poder que se concentran en Madrid. El líder autonómico aseveró que más del 70% de los contratos del presupuesto estatal se realizan a través de empresas residenciadas en Madrid. «Eso también ayuda a que vayan más rápido unas obras que otras», como demuestra el hecho de que, añadió, el «porcentaje de ejecución presupuestaria de las actuaciones en Madrid sea mayor que en el resto de España», aseveró. También Ruth Merino, de Cs, cuestionó que Puig se centre en atacar el dumping fiscal de Madrid mientras no soluciona la infrafinanciación. «No se conforme con ser el barón favorito de Pedro Sánchez», le espetó

La síndica popular, que se estrenaba en su primera sesión de control, reclamó a Puig : «Déjese de querer descentralizar España y diga cómo piensan combatir la pobreza», poniendo el acento, además, en el poco peso que, consideró, tiene el jefe del Consell en Madrid a pesar de que el PSOE celebrara el pasado fin de semana su congreso federal precisamente en València. Puig, por su parte, contestó que el PP no puede dar lecciones sobre pobreza infantil. El presidente aseguró que su Gobierno está centrado en superar la crisis y en fortalecer el Estado del bienestar. En ese sentido, sacó pecho de los datos y dijo que el presupuesto sanitario ha crecido en más de 2.000 millones de euros desde 2015 y se ha aumentado en un 23% la plantilla en la sanidad pública, al tiempo que se han triplicado las personas atendidas en el sistema de la Dependencia y se han multiplicado por nueve las personas atendidas por la renta valenciana de inclusión. Aseguró además que se ha incrementado en 10.000 la plantilla docente tras los recortes que la propia Catalá ejecutó y que en 2023 se acabará con las aulas prefabricadas en las que ese partido mantuvo estudiando a 8.600 niños.

Fue la vicepresidenta, Mónica Oltra, quien ironizó con que los populares se atrevieran a hablar de congresos cuando el que celebraron en València en 2008 tardaron años en pagarlo. Añadió que en la última cumbre de los populares se invitó a personas que acabaron siendo imputadas y condenadas por corrupción y se homenajeó a Barberá y, ahora, se ha procesado por presunto blanqueo de capitales a medio centenar de cargos vinculados a su época. «A quienes confían en ustedes les esperan ‘zanguanguerío’ y corrupción», zanjó Oltra.

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