El Síndic de Comptes da un tirón de orejas a las Cortes por la falta de control en los gastos de los grupos

La Sindicatura de Comptes ha vuelto a alertar sobre la opacidad con la que los grupos parlamentarios gastan las subvenciones que perciben de las Cortes Valencianas. El órgano que dirige Vicent Cucarella ha auditado la Cuenta General de las Cortes Valencianas del ejercicio 2020, en atención al acuerdo del 11 de mayo de 2020 de la Mesa de la institución parlamentaria, en la que pone de relieve la falta de transparencia en los expedientes para justificar el gasto del dinero que reciben los seis grupos parlamentarios.

El informe de auditoría financiera pone el foco en las subvenciones a los grupos parlamentarios, que fueron de 3.936.349 euros durante 2020, importe que representa el 13,3% del total de las obligaciones reconocidas en dicho año. La normativa interna de las Cortes requería que los grupos parlamentarios lleven una contabilidad específica y rindan anualmente a las Cortes unas cuentas, aunque excluía el régimen de control interno y fiscalización por parte de la Intervención. Algo que la Sindicatura venía censurando desde hace tiempo. Sin embargo, la mesa de las Cortes aprobó en marzo de 2021 las normas reguladoras de la contabilidad y control de las subvenciones asignadas a los grupos parlamentarios. Estas normas introducen el control interno a las subvenciones asignadas por el parlamento valenciano a los diferentes grupos, lo que realizará la Intervención de las Cortes en la modalidad de control financiero. No obstante, esto no se aplicará hasta este año 2022, por lo que en el informe referido a 2020 aún se mantenía la situación que el Síndic venía denunciando desde hace años, que los expedientes de la mayoría de subvenciones carecían de la documentación necesaria que le permita a la Sindicatura de Comptes obtener evidencia de una auditoría suficiente y adecuada para determinar, entre otras cuestiones, si existe un posible derecho de cobro de las Cortes en concepto del dinero concedido no justificado.

Así, el Síndic pone de relieve en el informe que, gracias a esas normas de control interno aprobadas siguiendo sus recomendaciones, representa "un paso muy importante" por parte de la institución en cuanto a la transparencia de los parlamentos españoles. Las subvenciones para aparcamiento y para los diputados no adscritos ya estaban sujetos al control interno de las Cortes. El presidente de las Cortes Valencianas, Enric Morera, había insistido en que los grupos cumplieran con la mayor transparencia que les pedía el Síndic de Comptes informe tras informe, sin que hasta la aprobación de ese control interno por parte de la Intervención, que veremos su efectividad este año, se hubiera hecho más que dar un rapapolvo a los diputados.

En la revisión del cumplimiento de la legalidad, el informe ha detectado incumplimientos en tres expedientes de contratación y la existencia de pagos que superan el plazo máximo legal, por un importe, estimado por esta Sindicatura de, al menos, 740.545 euros. En concreto, el órgano fiscalizador se refiere a la prestación del servicio de cafetería, formalizado en 2016, en el que, al igual que en ejercicios anteriores, la facturación incluye servicios adicionales a los previstos contractualmente. En 2020 estos servicios adicionales han ascendido a 13.591 euros, lo que representa un 13% del precio anual del contrato. Además, el expediente del contrato sigue sin incluir el informe trimestral del supervisor a la Secretaría General, que requieren los pliegos de cláusulas administrativas particulares. También ha detectado incumplimientos en los expedientes del cableado de datos y del equipamiento microinformático. Los pliegos no desglosan los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos necesarios para determinar que el presupuesto base de licitación sea adecuado a los precios de mercado

Por otro lado, en lo que hace referencia al reintegro del remanente de tesorería, el Síndic alerta de un inadecuado tratamiento contable de su reintegro. Así, la contabilización de los reintegros a la Generalitat de los remanentes de tesorería no aplicados se realiza correctamente en el ámbito presupuestario, pero no en el económico-patrimonial. Esta práctica contable supone, entre otros efectos y en cuanto a las cuentas anuales del ejercicio 2020, que el pasivo del balance a 31 de diciembre de ese año esté infravalorado en 3.260.236 euros. Además, el efecto de esta inadecuada contabilización es que el resultado del ejercicio 2020 está infravalorado en 363.704 euros, y los resultados de ejercicios anteriores están sobrevalorados en 3.623.940 euros

También hace mención al inmovilizado no financiero. Las Cortes no disponen de un registro actualizado que recoja la valoración del inmovilizado no financiero, así como las diversas circunstancias que puedan producirse en sus activos. Esta situación representa una limitación al alcance de la auditoría, por lo cual no puede opinar sobre la composición, ubicación y valoración de los elementos que puedan integrar los epígrafes de inmovilizado no financiero del balance a 31 de diciembre de 2020. Así, no se puede expresar sobre el adecuado cálculo de las amortizaciones, que en el ejercicio 2020 ascendieron a 906.400 euros en el inmovilizado material y a 87.280 euros en el intangible, ni sobre su efecto en la cuenta del resultado económico-patrimonial del ejercicio 2020.

El Informe incluye tres recomendaciones como resultado de la fiscalización efectuada del ejercicio 2020. La primera, es justificar las razones que motivan el cambio de criterio en 2021 de la contabilización del reintegro del remanente de tesorería. Además, Vicent Cucarella señala que, para valorar el criterio del precio en la contratación, se han de utilizar fórmulas que no otorguen puntos a las ofertas sin baja. Por último, pide implantar mecanismos de control que aseguren la integridad y fiabilidad de la información sobre la contratación que se incluye en la memoria de las cuentas anuales.