La vieja batalla por el requisito de valenciano que se exige a los funcionarios aflora de nuevo en el seno del Gobierno tripartito. Los dos grupos mayoritarios del Botànic, PSPV y Compromís, andan de nuevo a la gresca y la negociación para alcanzar un acuerdo se encuentra, una vez más, encallada. La vicepresidenta del Consell y líder de los valencianistas, Mónica Oltra, ha defendido hoy la línea que esgrime su partido, la de reclamar un título que acredite el nivel C1 de la lengua cooficial a los altos funcionarios de la Generalitat, es decir, el antiguo mitjà, mientras que la consellera de Justicia Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo (PSPV), aboga por un B2. Considera que ese es el nivel que ofrece el sistema educativo y, por tanto, no se puede pedir más a los aspirantes a ocupar puestos públicos; un argumento que en ningún caso convence a Compromís.
Aunque los roces por este asunto han ido subiendo de tono durante la última semana, Oltra ha querido hoy apaciguar los ánimos y ha confiado en la predisposición de socialistas y valencianistas por llegar a acuerdos, sin que eso suponga renunciar a los postulados que defienden los suyos. En ese sentido, se ha mostrado convencida de que habrá un acuerdo "satisfactorio para todos" y ha dejado claro que: "Ahora se pide el mitjà y siempre hay que ir a mejor", evidenciando pues su desacuerdo en solicitar a partir de ahora un B2.
En concreto, la propuesta de la comisión de competencia lingüística fija la exigencia del certificado A2 para la agrupación profesional funcionarial, del B1 para el subgrupo C2 y del B2 para el grupo B y el subgrupo C1. Respecto a la exigencia para los grupos A1 y A2, traslada dos alternativas que Justicia anunció que "estudiará" para elaborar el decreto: B2 o C1. Y es ahí donde se produce el choque de trenes entre los departamentos de Justicia y Educación.
La portavoz del Ejecutivo ha recordado que el decreto 3/2017 vigente ya exige a los altos funcionarios que acrediten el C1 o mitjà cuando superan la oposición. Por tanto, considera que sería lo "adecuado" en el futuro reglamento de acceso a la función pública. En ese sentido, ha considerado que se está hablando de titulados universitarios que han podido aprobar oposiciones y que, seguramente, no tendrán ninguna dificultad en alcanzar la competencia lingüística.
La consellera Bravo aseguró esta semana que llevará al Consell la propuesta que defiende, la que fija el requisito en un B2, si bien eso es algo que no podría salir adelante sin el aval de Compromís. A ese respecto, Oltra ha evitado polemizar y ha preferido no contestar a si los valencianistas tumbarán esa propuesta, que, por otra parte, no puede aprobarse sin el visto bueno de la conselleria que lidera Vicent Marzà. Por tanto, ha señalado que si el decreto finalmente se lleva adelante es porque hay acuerdo. En ese punto, ha remarcado que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, defiende que "las lenguas son puentes y no muros" y se ha mostrado convencida en que habrá acuerdo.
El debate sobre esta cuestión, que se remonta a la pasada legislatura, cobró fuerza hace un año, justo cuando se aprobó la nueva Ley de Función Pública Valenciana. En marzo de 2021, la normativa salió adelante en las Cortes sin establecer el grado de conocimientos de valenciano que tendrán que documentar los candidatos que aspiren a un puesto público. El pulso entre socialistas y valencianistas quedó entonces en punto muerto. Acordaron condicionar la decisión final al desarrollo posterior de un reglamento que debería estar aprobado en un plazo de 12 meses. Para ello se conformó una Comisión de Competencia Lingüística que serviría de base para regular la capacitación y establecer el certificado de valenciano necesario para los distintos grupos del personal de la Administración Pública. Pues bien, el informe elaborado ya está sobre la mesa y dice, respecto a la exigencia para los grupos A1 y A2, que puede haber dos alternativas: exigir B2 o el C1. Y es ahí donde sigue ahora la negociación.
