La controversia en torno a la futura aplicación de la tasa turística sigue generando enconados debates. El último, registrado por partida doble, en la Diputación de Alicante y en las Cortes valencianas. Las posiciones no han variado, son las mismas que hace seis meses, cuando los grupos parlamentarios que sustentan al Botànic acordaron impulsar el polémico impuesto a las pernoctaciones con el rechazo frontal de la oposición. Claro que entre los socialistas existen diferentes visiones y eso es algo que deja llamativas secuencias, como la ocurrida este lunes. Mientras el secretario autonómico de turismo, Francesc Colomer (PSPV), instaba desde València a rectificar, a dar marcha atrás en la hoja de ruta para activar el gravamen, el diputado Miguel Millana, afiliado a las mismas siglas, votaba en Alicante en contra de un manifiesto refrendado por la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) para rechazar esa misma tasa, de carácter municipal y voluntaria. Por ende, la apoyaba.

A pocos días de que arranque la temporada alta, la disputa política en torno al impuesto hotelero vuelve a cobrar fuerza. Al posicionamiento de Colomer, que se acerca más al de la oposición que al de su propio partido, se une ahora otro vector de presión contra los grupos botánicos. Se trata del Consejo Económico y Social de la Diputación de Alicante, conformado por representantes del tejido asociativo, el ámbito académico, político y los agentes sociales. De entre sus 25 representantes, 18 suscribieron el manifiesto de la CEV en contra la tasa. Es decir, que todos excepto el PSOE, Compromís, Escola Valenciana y los sindicatos UGT y CC OO se alinearon para exigir la retirada del impuesto que se tramita ahora en las Cortes pero que no se activará antes de las próximas elecciones

Las diferencias en el seno de los socialistas con respecto a la tasa turística no hacen más que alimentar el discurso crítico de la derecha, que aprovecha la división para tratar de debilitar al principal socio del Gobierno tripartito. Precisamente, la formación que lidera el jefe del Consell, Ximo Puig. En ese sentido, el presidente de la Diputación de Alicante y líder del PPCV, Carlos Mazón, se preguntaba «con qué PSOE nos quedamos», si en el mismo día Colomer es capaz de decir que es un error la tasa turística y media hora después su grupo en la Diputación vota exactamente lo contrario. 

La secretaria general de la patronal hotelera Hosbec, Nuria Montes, fue la encargada de defender en el hemiciclo de la Diputación el manifiesto de la CEV contra la tasa por sus efectos negativos. Dicho documento recoge que son más de 2.500 las adhesiones desde todas las organizaciones empresariales del sector turístico, autonómico, nacional, profesional, consumidores y trabajadores del colectivo «que estamos en profundo desacuerdo», por su impacto negativo sobre el principal motor económico del territorio.  Según el análisis de la CEV, la implantación de esta tasa implicará una reducción de recaudación de 39 millones de euros y, además, pone en duda su finalidad. Expone que en aquellas comunidades autónomas que ya se aplica una figura similar, los impuestos recaudados se destinan a gasto general, a reducir déficits o a otras partidas ajenas a la actividad turística. «Si tenemos en cuenta que sólo el 25% de las pernoctaciones en la Comunidad se hacen en alojamientos que pagarían este impuesto, queda claro que la proposición de ley no quiere velar por el turismo como fenómeno, sino castigar duramente a un determinado modelo de empresa, precisamente la que más valor genera, la que más aporta y la que más empleo mantiene y crea», defendió Montes. 

El secretario autonómico de Turismo, Frances Colomer, interviene en las Cortes. Información

«Mirada superficial»

Mientras tanto, a 170 kilómetros de la Diputación, en las Cortes, Colomer reiteraba su opinión claramente contraria a la implantación de la tasa, pues se trata de una medida que se está abordando, a su juicio, con una «mirada superficial». Por ello, lanzó un mensaje a los suyos: «rectificar es de sabios», les dijo. 

Colomer incidió en que hay que «contextualizar» la tasa, que se enmarca tras las «pérdidas muy severas» de la crisis del coronavirus, la guerra en Ucrania, la devolución de préstamos del ICO y que coincide con la congelación de precios del Imserso. Todo, además, utilizando en su tramitación «una formulación que evita el informe del Consell Jurídic Consultiu y del Comité Económico y Social». Defendió que «no por más presión fiscal se acaba recaudando más», porque «hay un punto en que dejas de ser competitivo». Por declaraciones de ese tipo, Colomer recibió el espaldarazo de Cs y Vox, que resaltaron su valentía, mientras el PP metió el dedo en la llaga y resaltó que es triste que el secretario autonómico «no cuente con el apoyo ni respaldo» de sus compañeros de partido. Compromís, por su parte, le recordó que la tasa emana de un acuerdo del Botànic y que previsiblemente será aprobada por el Parlamento valenciano, por lo que advirtió que en cuanto se apruebe, Colomer «tendrá que ser de los primeros en impulsarla como miembro del Gobierno».