La negociación de la Ley de Función Pública Valenciana ha sido uno de los grandes motivos de divergencia en el seno del Consell desde la pasada legislatura a cuenta, sobre todo, del requisito lingüístico exigible para los nuevos funcionarios. El pulso entre los dos socios principales del Botànic, el PSPV y Compromís, sigue vigente. Falta por superar un último escollo, que no es otro que determinar el nivel de conocimientos que se solicitará a los trabajadores públicos del grupo más alto de la Administración autonómica, los A1 y A2. No obstante, la situación podría dar un giro de 180 grados más pronto que tarde. La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, y la responsable de Educación, Cultura y Deporte, Raquel Tamarit, apuestan por dejar a un lado las discrepancias, rebajar el tono y tender puentes para tratar de desatascar este asunto de cara al inicio del nuevo curso político. 

Bravo y Tamarit se han emplazado a mantener una reunión en septiembre para acercar posturas e intentar llegar a un acuerdo sin generar ruido, haciendo, por tanto, borrón y cuenta nueva tras los encontronazos protagonizados hasta ahora. La brecha entre el PSPV y Compromís, una más, se escenificó en numerosas declaraciones públicas en las que diferentes cargos de ambos partidos remarcaron sus posicionamientos diferenciados, advirtiendo en muchos casos su negativa a ceder. 

 Hasta el momento, los valencianistas han defendido que los altos funcionarios precisan acreditar nivel de lengua cooficial equivalente al C1, el antiguo mitjà. Por su parte, desde las filas socialistas entienden que no se debe exigir más de un certificado B2 porque ese es el nivel que se garantiza en el sistema de educación público al concluir Bachillerato. Por tanto, creen que no se puede solicitar una competencia que el propio sistema educativo no oferta. Lo que propuso Bravo, a fin de cuentas, era que tomen medidas para que al finalizar el bachiller se certifique un nivel C1. Y eso es algo que corresponde, precisamente, a la conselleria que asume las competencias educativas, liderada por los valencianistas. 

La Ley de Función Pública fue aprobada en las Cortes en marzo de 2021 pero en ese momento no se fijó el grado de conocimientos de valenciano que tendrán que documentar los candidatos que aspiren a un puesto público. Socialistas y valencianistas, que no fueron capaces de llegar entonces a a un acuerdo, se dieron un plazo de 12 meses para desarrollar un reglamento que determinara los niveles exigibles para cada grupo funcionarial. Desde entonces ha transcurrido casi un año y medio y el reglamento sigue atascado. Y no podrá salir adelante si no hay fumata blanca entre el PSPV y Compromís. La normativa explicita que el reglamento debe recoger el nivel de conocimiento de valenciano exigible en el ámbito del empleo público de la Comunidad Valenciana previo informe favorable en lo relativo a esta materia de la conselleria competente en materia de política lingüística. Es decir, que es el área de Justicia la que debe hacer la propuesta concreta, pero para que obtenga luz verde necesita obligatoriamente el visto bueno del departamento controlado por la consellera de Compromís, cuyo informe es vinculante.

Problemas de agenda

Fuentes consultadas por este diario indicaron que Bravo y Tamarit tenían previsto un encuentro para abordar este asunto en el mes de julio, sin embargo, se tuvo que posponer por cuestiones de agenda y, ahora, está previsto que se celebre el mes que viene, cuando la actividad política cobre fuerza tras el parón estival. 

Para la elaboración del reglamento que especifique los niveles de valenciano exigibles para la normalización lingüística en la Administración, la Generalitat puso en marcha una comisión de estudio integrada por cargos políticos y profesores universitarios. Los integrantes alcanzaron un acuerdo sobre la competencia exigible a todos los funcionarios excepto a los A1 y los A2. En ese caso, se dejó la puerta abierta a que se pueda exigir el B2 o el C1, y ese es, precisamente, el asunto que deben abordar ahora los departamentos de Educación y de Administración Pública. Esta es una cuestión que no afectaría a los funcionarios que ya cuentan con plaza. En la plantilla actual más del 95% cuentan con algún tipo de certificación de conocimientos de valenciano y, el 70% de ellos, con el nivel C1, que equivale al antiguo mitjà. No obstante, sí será preceptiva para los trabajadores públicos de nuevo ingreso.

Con todo, la Ley de Función Pública del Botànic todavía está pendiente de introducir algunos cambios. El Gobierno central puso reparos a 14 artículos incluidos en la norma y, tras conformarse una comisión bilateral entre el Ejecutivo central y el autonómico, se alcanzó un acuerdo. Dichos cambios, que según subrayan desde la conselleria de Bravo obedecen en exclusiva a cuestiones técnicas, están todavía pendientes de ser publicados en un decreto que debe recoger las subsanaciones. Ese decreto deberá ser convalidado durante un pleno del Consell o bien se podría incluir en la Ley de Acompañamiento a los presupuestos de 2023, en la que es habitual que se introduzcan diversas reformas legislativas.