El PSPV pretende pisar el acelerador de las modificaciones legales para avanzar en la hoja de ruta que contempla situar a la Comunidad Valenciana como la primera autonomía que se compromete con la abolición de la prostitución. Los socialistas valencianos están decididos a trasladar al Consell las propuestas que pretenden sancionar la actividad de los prostíbulos y, también, multar la demanda de sexo pagado en las carreteras, recurriendo a la vía punitiva contra proxenetas y clientes . Se trata de una medida cuyo ámbito de aplicación iría más allá de las carreteras de titularidad autonómica y que alcanzaría, igualmente, a las que son competencia de la Diputación de Alicante, según precisan fuentes de la Generalitat. Con todo, las posturas entre los socios del Botànic están muy divididas y, por el momento, los valencianistas y los morados rechazan las propuestas que abandera la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo.
Si el curso político arranca en el Gobierno valenciano con una apuesta por la cohesión entre socios para hacer frente a la catástrofe registrada este mes de agosto por los incendios, los roces no tardarán en salir a la palestra a cuenta de la agenda ideológica que tratará de desplegar cada una de las formaciones, PSPV, Compromís y Unides Podem, en un momento en el que se inicia la recta final hacia los procesos electorales de 2023. El fenómeno de la prostitución y, en concreto, cómo abordarlo, está llamado a convertirse en uno de los puntos de fricción del nuevo curso político, tal y como ocurrió antes del periodo estival.
La propuesta de Bravo para modificar varios artículos de la Ley de Carreteras de la Comunidad Valenciana de 1991, de forma que se pueda sancionar con multas de hasta 15.000 euros a los clientes de prostitución que pretendan adquirir sexo de pago en las vías de titularidad autonómica y también a los proxenetas, fue respaldada por la cuota socialista del Consell. Se trata de una competencia que está en manos de la titular de Política Territorial, Rebeca Torró, que garantizó el apoyo a esta medida. De hecho, los equipos de ambas consellerias ya protagonizaron una reunión en junio para abordar esta cuestión y empezar a valorar cómo se podría implantar. Lo que deja claro la propuesta inicial es que en ningún caso podrían ser sancionadas las mujeres víctimas de explotación sexual o en contextos de prostitución.
Fuentes del departamento de Política Territorial precisan a este diario que la prohibición afectaría a un total de 1.888 kilómetros de carreteras en la provincia de Alicante, de los cuales 958 kilómetros son viales de titularidad autonómica, a los que se sumarían otros 930 kilómetros de carreteras de la institución provincial que preside Carlos Mazón. Según explican las mismas fuentes, la normativa de carreteras que está en vigor, del año 91, regula el conjunto viario de la Comunidad, una ley que es aplicable a todas las vías que transcurren por el territorio autonómico y que no son de titularidad estatal. Por tanto, la modificación normativa que quiere sacar adelante la pata socialista del Consell afectaría igualmente a las carreteras de las entidades locales, como es la Diputación.
Alegaciones
Está por ver si la agenda de los socialistas valencianos en esta materia, apoyada en cualquier caso por el PSOE de Pedro Sánchez, que se declaró abolicionista, precisamente, a propuesta del PSPV, se llega a aplicar en el territorio autonómico. Cabe recordar que el primer paso en firme que dio Bravo para legislar en esta materia fue la propuesta para modificar la Ley de Espectáculos, que propone sancionar con hasta 60.000 euros a los prostíbulos que operan en suelo valenciano. Aunque la titular de Justicia tiró hacia adelante con el apoyo del sector socialista, no tardó en hacerse público que esa era una medida que contaba con detractores dentro del propio Consell. Primero fue el departamento de Igualdad y Políticas Inclusivas, encabezado entonces por Mónica Oltra (Compromís) y en manos ahora de Aitana Mas, el que presentó alegaciones. Por un lado, acusó al área de Bravo de arrogarse competencias de las que carece y, además, subrayó que la vía abolicionista que se persigue no solo no funciona, sino que acaba perjudicando todavía más a las personas, en su gran mayoría mujeres, que se encuentran en contextos de prostitución. Después le siguió la Vicepresidencia Segunda, encabezara por Héctor Illueca (Unides Podem), que alegó porque las medidas punitivas llevan a la clandestinidad a las mujeres prostituidas. Así las cosas, no parece que los socialistas tengan al menos por el momento apoyos, pero sí tienen claro que elevarán al Consell sus propuestas antes de que acabe el mandato.
