El Gobierno del Botànic ha rubricado un acuerdo con los pilares básicos sobre los que se asienta la reforma que acentuará la progresividad tributaria en la Comunidad Valenciana. El paquete fiscal que ultima el Consell incluye una rebaja en el IRPF para rentas de hasta 65.000 euros, en línea con lo anunciado por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig (PSPV), hace tres semanas. A partir de ese anuncio, sus socios en el Ejecutivo, Compromís y Unides Podem, marcaron perfil propio. Exigieron elevar la presión fiscal a rentas altas y grandes patrimonios para compensar la merma de ingresos, estimada en 150 millones de euros. Pues bien, ya se ha llegado a un consenso para introducir cambios en tres figuras fiscales concretas, de forma que el jefe del Consell ha cedido a la presión de los aliados que le mantienen en el Palau. El pacto incluye gravar en mayor medida el IRPF para sueldos elevados y modificar los impuestos de Patrimonio y de Transmisiones Patrimoniales.
Las conversaciones entre los tres partidos que integran el Ejecutivo autonómico fueron madurando desde primera hora de este viernes, cuando se vislumbraba cercano el acuerdo definitivo. La presión fue in crescendo desde el pasado jueves, cuando Puig anunció en las Cortes que el próximo lunes se celebrará un pleno extraordinario del Consell para sacar adelante la reforma, además de la Ley de Acompañamiento a los presupuestos para 2023. Y todo apunta que así será porque la sesión plenaria ya está convocada.
Aunque los equipos negociadores tienen dos días de margen para cerrar flecos pendientes, lo acordado hasta el momento incluye una reducción del IRPF para las rentas inferiores a los 65.000 euros para 2022, mientras que el resto se queda como está. De cara a 2023, reducción del IRPF para rentas inferiores a 62.000 euros y un aumento de tipos a las rentas superiores a dicha cifra. Además, aumentarán un 10% las deducciones y el mínimo exento.
En lo que respecta al Impuesto de Patrimonio, se ha pactado un aumento del 0,25% de los últimos tramos, es decir, a las rentas superiores a 1,3 millones de euros. De forma que el tramo de 1,3 millones queda fijado en un 1,95%; el de 2,6 millones en un 2,55%; el de 5,34 millones en un 3,15%; y el de 10,6 millones en un 3,75%. Sobre Transmisiones Patrimoniales, se apunta a una subida del 10% actual hasta el 11% para transacciones de viviendas de más de un millón de euros.
De esta forma, la reforma tributaria sobre la que Puig abrió la veda, levantando ampollas en Ferraz y La Moncloa, que le acusaron de seguir la hoja de ruta del PP y reventar el argumentario del PSOE, sale adelante. No obstante, el proyecto fiscal de la Generalitat marca significativas diferencias con los de Andalucía, Galicia, Murcia o Madrid. En el territorio valenciano se suben tributos aplicando la fórmula de que pague más quien más tiene, mientras que el gravamen de Patrimonio, lejos de desaparecer, se recrudece.
La aprobación de estas medidas se formalizará a través de dos procedimientos. Las rebajas fiscales se plasmarán a través de un decreto ley que se justifica en la urgencia de activar medidas para ayudar a la población a capear los efectos de la escalada inflacionista y la crisis energética. Tendrá efectos retroactivos, desde el 1 de enero de 2022. En ese decreto se incluirán también una serie de propuestas que ha puesto sobre la mesa la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, liderada por Héctor Illueca (Unides Podem). Fuentes de este departamento detallan que se activarán bonificaciones al alquiler y a la adquisición de vivienda para jóvenes, así como bonificaciones a la rehabilitación de inmuebles, con tal de facilitar el acceso a recursos habitacionales.
1 de noviembre
La segunda parte de la reforma, la que incluye aumentar gravámenes para avanzar en progresividad, está previsto que se acuerde definitivamente este lunes, aunque no entraría en vigor hasta el año 2023. Fuentes de la Generalitat subrayan que existe jurisprudencia que apunta a que no se permite elevar impuestos con carácter retroactivo. Aunque en un principio se había apuntado a la posibilidad de incluir estos cambios en la Ley de Acompañamiento, fuentes de la Conselleria de Hacienda señalan que probablemente se tendrán que introducir estos cambios en la propia Ley de Presupuestos para el próximo año. Unas cuentas que, en cualquier caso, deben de ser aprobadas por el Consell antes del 1 de noviembre para su remisión a las Cortes Valencianas, donde deben superar el trámite parlamentario.
