El debate comenzó la pasada legislatura pero, realmente, ha cobrado intensidad en el último año. Fue el 21 de diciembre de 2021 cuando el PSPV, Compromís y Unides Podem sellaron un acuerdo para implantar la tasa turística en la Comunidad Valenciana. Aquel día los grupos parlamentarios que sustentan al Botànic acordaron que el impuesto sería de carácter municipal y voluntario, es decir, que se dejaría libertad a los ayuntamientos para decidir sobre su activación. También se pactó que los visitantes pagarían entre 0,5 y 2 euros por noche en función de la categoría de alojamiento. Pues bien, esos factores se han mantenido en la redacción del texto definitivo, que se someterá a debate en las Cortes Valencianas el 23 de noviembre y se votará un día después. La mayoría parlamentaria de la izquierda garantiza que el texto legal saldrá adelante con el rechazo frontal de la oposición. 

Han sido los socialistas los que, durante todo este tiempo, han presentado una mayor resistencia a la aprobación de este gravamen que ha puesto en pie de guerra a la patronal hotelera Hosbec. Aunque se apruebe de forma inminente, no se podrá activar el impuesto hasta prácticamente 2024, puesto que se ha acordado una moratoria de un año. 

No será la única normativa a la que se dé luz verde en el que será el último pleno ordinario del actual periodo de sesiones. También saldrá adelante la Ley de Cambio Climático

Mientras que la izquierda valenciana ha alcanzado un consenso sobre estos impuestos, no ha logrado, por contra, acercar posturas en lo relativo a la reforma que propone el PSPV sobre el Impuesto de Sucesiones en empresas familiares. La síndica socialista, Ana Barceló, confirmó que esta semana se presentará una enmienda a la Ley de Acompañamiento a los presupuestos en la que pide bonificar al 99 % el gravamen a empresas que facturan más de 10 millones de euros, pese al rechazo de los valencianistas y los morados. Barceló recordó que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ya se comprometió a esta bonificación, que según dijo pretende respaldar el esfuerzo de las empresas, profesionalizarlas y asegurar el relevo generacional para que no caigan en manos de multinacionales.

Papi Robles (Compromís) admitió que no está satisfecha con «la deriva» del PSPV en esta cuestión y alertó de que los «experimentos sobre acuerdos más allá del Botànic no suelen salir demasiado bien». Pilar Lima (Unides Podem), defendió que «quien más tenga, más aporte» y que se alivie la carga fiscal a los que menos tienen. Destacó que no pueden apoyar una bajada de impuestos a los que más tienen. 

Si los socialistas quieren sacar adelante esta medida, tendrán que hacerlo en alianza con la derecha. 

Hacienda cuantifica en 30 millones el impacto de bonificar tasas hasta agosto 

La Conselleria de Hacienda ha cifrado en 30 millones de euros el impacto de extender la bonificación del 10% de las tasas autonómicas hasta agosto, tal y como anunció el jefe del Consell, Ximo Puig. Compromís dijo que espera que ese anuncio «no ponga en peligro» los servicios públicos y Unides Podem lo consideró una «mala idea» ya que las tasas están vinculadas a servicios que utilizan la mayoría de los ciudadanos. Por otro lado, el titular de Hacienda, Arcadi España, echó balones fuera sobre la propuesta del alcalde de Elche, Carlos González, de crear un fondo específico que inyecte fondos a los ayuntamientos para sobrellevar los efectos de la inflación. España dijo que la Generalitat, a través de iniciativas como el Fondo de Cooperación Municipal, inyecta ahora más fondos que nunca a los consistorios.