La Ley de Cambio Climático introducirá tres nuevas cargas de fiscalidad verde

La futura ley de Cambio Climático y Transición Ecológica introducirá tres nuevas cargas impositivas en la Comunidad Valenciana dentro de la fiscalidad verde, para vehículos contaminantes, para grandes superficies generadoras de gran movilidad y para la emisión de gases de efecto invernadero. La consellera de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, ha presentado este viernes las principales líneas del anteproyecto de ley, tras ser aprobado por el Gobierno valenciano en su reunión semanal.

Por otra parte, el Consell ha aprobado también el proyecto de ley de protección de animales de compañía, que establece el sacrificio cero, la erradicación del abandono y del maltrato, endurece las sanciones y limita el máximo de animales por vivienda. El nuevo texto reconoce el carácter sintiente de los seres no humanos.

Respecto a la futura ley de cambio climático, se establece que la recaudación de la fiscalidad verde irá a parar a un fondo finalista, es decir, revertirá en el ámbito de la propia ley, con el fin de "acompañar" a sectores económicos y personas en esa transición ecológica para que sea "una transición justa", ha explicado Mollà.

El impuesto a los vehículos más contaminantes se aplicará a partir de 2023 con el fin de desincentivar su compra, y se aplicará a razón de peso y gramo de CO2 que emita el vehículo. Ello supone avanzar en el reto de que a partir de 2040 ninguna matriculación podrá ser de vehículos contaminantes.

También se gravará a las grandes superficies generadoras de movilidad de más de 2.500 metros cuadrados por el número de vehículos que acudan al espacio, para compensar sus emisiones; y a las emisiones difusas de la industria u otras actividades, que deberán reducir su impacto en emisiones.

Además de la fiscalidad, la ley pivota sobre otros aspectos como son la movilidad, el urbanismo y el territorio y la transición energética, y en este sentido fija como objetivo la reducción del 40 % de las emisiones de CO2 en 2030 y la neutralidad de emisiones en 2050 y, en materia de consumo de energía, una reducción del 35,4 % en 2030 con el objetivo de que el 42 % de la energía consumida en 2030 sea procedente de fuentes renovables.

El anteproyecto señala la necesidad de actuar de manera urgente para afrontar la tropicalización del Mediterráneo, la pérdida de biodiversidad y la intensificación de los fenómenos meteorológicos con un objetivo prioritario: garantizar las condiciones de vida y progreso en un territorio que será epicentro del cambio climático.

Se establece la elaboración de una Estrategia Valenciana de Transición Justa que se completará con los Convenios de Transición Justa y el Plan de Acción contra la Pobreza Energética.

En las actuaciones de Territorio, la propuesta alude al establecimiento de zonas de desarrollo prioritario, en colaboración con los Ayuntamientos, o al derecho de superficie, dos mecanismos dedicados a simplificar la implantación de proyectos promovidos por cooperativas, comunidades energéticas locales o incluso corporaciones locales.

La consellera ha destacado que la ley valenciana será pionera en el ámbito autonómico en reconocer en el ámbito legal las comunidades energéticas locales e incentivar su despliegue con bonificaciones.

Los planes generales de ordenación urbana (PGOU) tendrán que analizar el impacto de las emisiones directas de las planificaciones y las indirectas que puedan ser foco de atracción de emisiones, por ejemplo, las zonas industriales o comerciales.

Sobre la regresión del litoral, ha anunciado que en septiembre se presentará por parte de la Comunidad Valenciana la estrategia del litoral con un visor de cómo va a afectar el cambio climático a la costa. Esta realidad "removerá muchas conciencias y conducirá a que todos los municipios afectados tengan que adaptar su ordenación territorial a esos impactos", ha asegurado.

En el tema de la movilidad, Mollà ha defendido la cesión de las Cercanías a la Comunidad Valenciana con los recursos necesarios vinculados por parte del Gobierno para que la Generalitat pueda hacer "de manera eficiente y garantista" la gestión de la red. 

Suscríbete para seguir leyendo