El debate de enmiendas parciales de las cuentas del próximo año en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados concluyó este jueves con la incorporación de más de un centenar de iniciativas, entre ellas, las que permitirán elevar los recursos destinados a la Comunidad Valenciana si, finalmente, el proyecto recibe luz verde en el pleno de la Cámara Baja. En total, las modificaciones presupuestarias negociadas durante el último mes elevan en 51 millones de euros las inversiones dirigidas a la provincia de Alicante, mientras que el conjunto de la Comunidad Valenciana verá aumentados los recursos en un total de 62,8 millones de euros. De esta forma, el proceso para la aprobación de las cuentas para 2023 continúa ahora su recorrido parlamentario. Las mejoras previstas para la demarcación alicantina se formalizan un día antes de la concentración convocada para este viernes por la Plataforma per un Finançament Just frente a la Subdelegación del Gobierno en Alicante. 

 De aprobarse de forma definitiva el Presupuesto del Estado para el próximo ejercicio, se inyectarán los 51 millones de recursos extra para la provincia de Alicante, la demarcación que el Gobierno central dejó a la cola del ranking de inversión por habitante de todo el país en el proyecto inicial de reparto de fondos para el próximo año, con tan solo con 160,8 millones previstos. Un agravio que, en cualquier caso, no es nuevo, pues se ha venido repitiendo en los últimos ejercicios con ejecutivos de distinto signo político. El revuelo surgido este año por el maltrato financiero obligó a mover ficha y el PSOE, Compromís y Unidas Podemos pactaron los 51 millones adicionales para Alicante. Ahora han quedado integrados en el proyecto presupuestario y, para que se hagan efectivos, las cuentas tendrán que recibir luz verde en el pleno de la Cámara Baja.

Entre los 51 millones adicionales para la provincia se contabilizan 15 millones de euros para remodelar las vías de la alta velocidad en la estación de Alicante; 15 millones para impulsar el proyecto del Corredor Mediterráneo entre La Encina y Alicante; 20 millones para mejorar líneas de Cercanías en la provincia, y un millón para obras en carreteras, entre las que se incluye la mejora de la A-31 y circunvalación de Alicante A-70. 

A los 160,8 millones previstos inicialmente, el Gobierno añadió 69 millones adicionales para proyectos ferroviarios y siete para infraestructuras hídricas que, según dijo, no habían sido contabilizados por error. A estas cantidades hay que sumar los 51 millones pactados por las fuerzas de izquierdas con el Ejecutivo y, por último, los 207 millones que el jefe del Consell, Ximo Puig, se ha comprometido a invertir en la provincia de entre los 300 que el Gobierno envía a la Generalitat para gastarlos como considera. No obstante, está por ver cómo y cuándo esos fondos se convierten en proyectos tangibles. Por un lado, hay que tener en cuenta que la ejecución de proyectos comprometidos en 2021 por el Gobierno en la Comunidad sólo alcanzó el 40%. Por tanto, seis de cada diez euros se quedaron en papel mojado. Por otro lado, hay que tener en cuenta que de los 300 millones de libre disposición que el Gobierno prometió, igualmente, transferir a la Generalitat para este 2022 no ha llegado ni un euro a seis semanas para que acabe el año. Buena parte de esos fondos, según anunció Puig, debían servir igualmente para compensar a Alicante.

Con todos esos antecedentes, todos los partidos políticos con representación en las Cortes Valencianas (excepto Vox) participarán en la concentración programada para hoy, además de los sindicatos UGT y CC OO, y la patronal CEV. A la protesta se unirá, además todo el Consell, a excepción del máximo representante de la Comunidad, el presidente de la Generalitat. Se trata de la segunda movilización en ese sentido. A la primera, organizada por la Cámara de Comercio de Alicante hace dos semanas, acudieron exclusivamente representantes del tejido empresarial y los partidos de la derecha.