Broncas, gritos y descalificativos por la ley del «sí es sí», ETA y la sedición

El clima de confrontación en las Cortes Valencianas llega a su máximo exponente en el último cara a cara del año del jefe del Consell, Ximo Puig, con los portavoces de la derecha. La sesión de control de este jueves discurrió entre gritos, llamadas al orden y descalificativos. No solo porque la derecha desapruebe la hoja de ruta del Botànic, que también. La jornada incluyó un orden del día que se apuntaló con base en la agenda nacional, en las principales polémicas que salpican al Ejecutivo español y que la derecha valenciana abandera para tratar de desgastar al Gobierno autonómico en la recta final de la legislatura. 

 «Se rinden al Gobierno con la reducción de penas del delito de sedición». «Es una vergüenza que cien delincuentes hayan pedido una revisión de su condena por delito de violencia de género». «Si mañana sacan una pancarta debería leerse la palabra perdón. Deben pedir perdón a las víctimas». Esos fueron algunos de los mensajes que lanzó la síndica del PP, María José Catalá. Ximo Puig valoró que no estaba haciendo más que seguidismo de la agenda de Alberto Núñez Feijóo y destacó que la lucha contra el terrorismo machista, que sigue siendo el principal problema de la sociedad, requiere de unidad. Advirtió de que la violencia «comienza cuando la palabra insulta y degrada» y señaló que el Consell es «consciente» de que hay que «reforzar» y «ampliar» el Pacto Valenciano contra la Violencia Machista que cumple siete años para luchar contra ese terrorismo que no es fácil.

A un día del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el PSPV, Compromís, Unides Podem y el PP cerraron filas para mostrar su rechazo al machismo. Todos ellos reprocharon el ataque de Vox a la ministra de Igualdad, Irene Montero, en el Congreso. 

Puig condenó el «inadmisible comportamiento incívico» de Vox y mostró toda su solidaridad con Montero, mientras la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Aitana Mas, criticó el acoso a la titular del Ministerio, y lo comparó con el que se ejerce contra Mónica Oltra. Illueca, por su parte, dijo que lo que se vio en la Cámara Baja es un problema «de machismo y de fascismo». Catalá también condenó la «agresión parlamentaria» a Montero. «No nos ha parecido bien nunca, ni nos ha parecido bien ese tipo de política», agregó. 

Durante la sesión, Puig reprochó al diputado de Cs Fernando Llopis que afirmara que en el PSOE tienen las manos «manchadas de sangre» y recordó al exministro Ernest Lluch, de cuyo asesinato a manos de ETA se han cumplido 22 años esta semana. Llopis dijo que no se refería al PSOE, sino a los amigos del PSOE. La bronca fue total.

Los socialistas y Compromís mantienen el pulso por las renovables

Compromís desembarcó en las Cortes Valencianas con ansias de remarcar su posicionamiento en materia de renovables y, de esa forma, señalar sus diferencias con el grupo mayoritario, el PSPV. La coalición valencianista decidió dar una vuelta de tuerca a su discurso. Esta vez la portavoz, Papi Robles, no solo expuso su pregunta, también replicó al presidente, Ximo Puig. «Sorpresa y decepción» fueron los dos términos que empleó por la postura del PSPV en torno a la Agencia Valenciana de Energía. Robles, caracterizada por la vehemencia en sus intervenciones, no entonó una palabra más alta que la otra, pero tampoco renunció a mostrarse contundente. Dijo que es el momento de acelerar las renovables, «no beneficiar a las grandes compañías eléctricas» y, por ello, consideró que no se puede estar en contra de la Agencia. «Espero, confío y trabajaré hasta el último aliento para que este acuerdo y el resto se puedan cumplir». Mientras tanto, Puig recogió el guante, también se mostró convencido de que habrá acuerdo, pero dijo que la Agencia es «solo es un instrumento» para lograr el objetivo de descarbonización en 2030. Y remarcó que, si la creación de ese organismo no se ha incluido en la Ley de Acompañamiento, «no ha sido en absoluto responsabilidad del jefe del Consell». El presidente señaló que de lo que se trata es de «buscar equilibrios» entre los intereses medioambientales y económicos para conseguir el cambio de modelo energético en la Comunidad.