¿Qué fue de Milagrosa Martínez?

Más tiempo entre rejas que como presidenta de las Cortes o consellera de Turismo ha pasado Milagrosa Martínez, la expolítica del PP de la era Camps que en febrero de 2018 ingresó en prisión para cumplir los nueve años a los que fue condenada por permitir que se favoreciera a la rama valenciana de la Gürtel en el contrato del stand de la Comunidad en Fitur de 2005 a 2007. Por eso y por aceptar de la red corrupta un reloj valorado en 2.400 euros, el único enriquecimiento personal que obtuvo de esa prevaricación, según concluyó el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJ).

Unos cargos que guardan grandes similitudes con los que desde este lunes sientan en el banquillo de la Audiencia Nacional a quien fuera su mentor político y entonces jefe del Consell, Francisco Camps, pero con el que hace tiempo que se cortó toda relación. 

Aunque en el caso del expresidente, el regalo habrían sido unos trajes y del cohecho impropio del que fue acusado por ello ya fue juzgado en una pieza separada del grueso de la Gürtel y, hay quien sostiene que precisamente por eso, absuelto junto a su escudero en aquellos tiempos Ricardo Costa. 

Por contra, los otros dos acusados por los mismos hechos, Rafael Betoret y Victor Campos, el jefe de Gabinete de la conselleria que dirigía Milagrosa y el vicepresidente del Consell respectivamente, admitieron su culpa, pagaron por ella y tuvieron que devolver las prendas. Pero esa, aún partiendo de la misma matriz, es otra historia. 

 Volvamos a Milagrosa. Cuatro años fue presidenta de las Cortes (entre junio de 2007 y el mismo mes de 2011) y algo menos de tres consellera de Turismo (de agosto de 2004 a junio de 2007). En el pabellón de mujeres del centro penitenciario de Villena, clasificado como Módulo de Educación y Respeto, ha pasado los últimos casi cuatro años y medio de su vida, la mitad de la pena impuesta por los delitos de malversación, prevaricación y cohecho impropio por los que fue condenada.

En el ecuador de su cumplimiento, con todos los informes penitenciarios a favor del tercer grado que se le ha concedido, y después de pasar una temporada con control telemático, la también exdiputada autonómica se encuentra por fin en su casa de Novelda, localidad de la que fue alcaldesa durante varias etapas y donde el sentir de sus vecinos discurre más por considerarla cabeza de turco que delincuente corrupta. 

 «Hizo lo que le dijeron que tenía que hacer y luego lo acabó pagando ella mientras quien lo ordenó se fue de rositas», resume quien asegura conocer la actuación de esta cordobesa de nacimiento que se instaló en el Medio Vinalopó, donde nacieron sus dos hijos, se licenció en Derecho en la Universidad de Alicante y hasta su tropiezo con la Justicia se dedicó a la política. 

Primero desde las filas del Alianza Popular y después en las del PP, partido del fue expulsada en marzo de 2015, tras ser imputada, un año después de dejar su escaño de diputada en las Cortes y mientras ocupaba la Alcaldía de Novelda que había reconquistado con mayoría absoluta.

 Las referencias de quienes la han tratado de rejas para adentro no pueden ser mejores. Tres meses después de que el Supremo confirmara la pena, lo que ocurrió en febrero de 2018, la ya expolítica ingresaba en la prisión de Villena. Era el 25 de mayo de 2018 y en el trance solo la acompañaron sus hijos.  

A lo largo de los más de cuatro años que ha permanecido encarcelada ha sabido ganarse el respeto y el cariño tanto del personal del penal como de las otras reclusas, a las que no ha dudado en ayudar en la redacción de recursos y peticiones. Y tampoco dudó en ponerse a confeccionar mascarillas durante la pandemia como una interna más.

Ha cumplido también con las responsabilidades pecuniarias que le impuso el tribunal. Gracias al préstamo que pidieron sus hijos abonó los 5.000 euros de la multa y parte de los 272.000 en que se calculó la cantidad malversada, y a la que solidariamente tenían que hacer frente todos los condenados en esta causa. Entre ellos, los miembros de la Gürtel Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez, Isabel Jordán, Cándido Herrero y Mónica Magariños. Y cuatro ex altos cargos de Turismo, uno de ellos Betoret.  

Hay quien todavía recuerda la colecta que recién condenada tuvo que hacer entre amigos y conocidos para pagar los 15.000 euros que el TSJ le impuso como fianza para eludir la prisión hasta que la sentencia fuera firme. "Ella no se enriqueció. Al revés, está endeudada hasta las cejas", insisten.

Fiel al hermetismo en el que se instaló desde que fue confirmada la pena por el Supremo, y que no ha abandonado en este tiempo, esta expolítica, que estuvo tres años sin pisar la calle hasta que pudo disfrutar del primer permiso penitenciario, ha regresado a su hogar aquejada por la misma mala salud con la que ya llegó a prisión, pero que no impidió que ingresara.