La crisis de Fundesem obliga a mover ficha en el segundo escalón del Consell a 80 días del 28M

La Generalitat realiza cambios en tres de sus consellerias y el Botànic lo defiende como un impulso para «los próximos cuatro años de gobierno». Luz verde al convenio para rescatar la escuela de negocios alicantina con una quita del 45%

La vicepresidenta de la Generalitat, Aitana Mas, este viernes

La vicepresidenta de la Generalitat, Aitana Mas, este viernes / Efe

La crisis en torno a Fundesem ha obligado a mover ficha en el segundo escalón del Consell, a falta de poco más de dos meses para que se celebren las elecciones autonómicas y municipales, el próximo 28 de mayo. La Generalitat acordó este viernes cambios en tres de sus consellerias, como confirmó la vicepresidenta, Aitana Mas, en su comparecencia posterior al pleno del Consell, una sesión en la que también se dio luz verde al rescate de la escuela de negocio alicantina. Desde el Botànic, por su parte, se asegura que estos cambios se producen para impulsar lo que entienden que serán «los próximos cuatro años de gobierno». La jornada también incluyó las designaciones del catedrático Francisco Javier de Lucas y la abogada Fernanda María Lapresta como nuevos consejeros del Consell Jurídic Consultiu, en sustitución de Faustino de Urquía Gómez y Asunción Ventura Franch.

Sánchez Butrón: «La continuidad del centro es un hito para Alicante»

El presidente de Fundesem, Cayetano Sánchez Butrón, no podía ocultar este viernes su satisfacción después de que la Generalitat se adhiriese al convenio de acreedores que les permitirá mantener la actividad. «La continuidad de Fundesem es un hito para la ciudad de Alicante», subrayó, para elogiar seguidamente el trabajo desarrollado por todo el patronato en este sentido. Tras lamentar que «las cosas hayan llegado a este extremo», auguró un gran futuro para la escuela, una vez liberada de su deuda.

El pleno del Consell dio luz verde al convenio por medio del cual se garantiza la continuidad de Fundesem, al aprobar la aplicación de una quita del 45%, equivalente a 606.476 euros, de la deuda total de 1,3 millones contraída por la escuela de negocios con el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace). En esta misma sesión se aprobó el cese de la directora general del Sector Público y Patrimonio, Isa Castelló, y pese a que se argumentaron motivos personales, lo cierto es que la destitución se produjo después de que emitiese un informe contrario al acuerdo y de negarse a estampar su firma en el mismo. Ese cese fue el detonante de los cambios. Así, también se acordó el cese del director general de Administración Local, Antoni Such, quien pasará a ocuparse del cargo dejado libre por Castelló. 

Más movimientos

Los cambios no se detuvieron ahí, ya que se nombró como director general de Administración Local a Adolfo Sanmartín, actual alcalde de la localidad castellonense de Cervera del Maestre, que también ha sido diputado y ha ocupado diferentes cargos en la Administración. El pleno del Consell acordó también el cese de la directora general de Innovación Ecológica en la Construcción, dependiente de la Conselleria de Vivienda, Nuria Matarredona, y su sustitución por el diputado autonómico, David Calvo.

Por último, se nombró a Jordi Llinares Sanjuan como nuevo director general de Ciencia e Investigación de la Conselleria de Innovación y Universidades, en lo que supone un nuevo cambio en el departamento afincado en Alicante. Llinares es ingeniero informático del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información del Estado, y ha desempeñado su actividad en el Ministerio de Industria y en la Secretaría de Estado de Sociedad de la Información y Agenda Digital. En la actualidad, ostentaba el cargo de subdirector general de Digitalización de la Industria y Entornos Colaborativos. Ha sido profesor de Contratación Electrónica en el Instituto de Estudios Fiscales.

A Mas se le preguntó en su comparecencia si estos cambios, a unos 80 días de la celebración de las elecciones, trasladan imagen de inestabilidad por parte del Gobierno autonómico, a lo que respondió: «Da igual seis que nueve meses. Siempre parece motivo de inestabilidad, pero son decisiones que se toman cuando se tienen que tomar y no voy a cuestionar las decisiones de los consellers. Cada uno deberá, en cualquier caso, explicar los ceses o nombramientos».

Negativa

A la vicepresidenta se le insistió, sobre todo, por si el relevo de Isa Castelló estaba relacionado con su negativa a firmar una propuesta que permitiera a Fundesem superar el concurso de acreedores en el que se encuentra. En este sentido, la crevillentina echó balones fuera, al afirmar que lo debe aclarar «el conseller competente». Tras este último comentario, añadió: «Hay que dirigir las preguntas a las personas que toman las decisiones para que den la información solicitada. En el pleno no hablamos de las razones de los ceses». 

Desde el PSPV se valoraron los cambios. Los socialistas lo hicieron a través de su secretario de Organización, José Muñoz, que defendió los movimientos como un «nuevo impulso» del presidente, Ximo Puig, «para los próximos cuatro años». Según insistió, estos movimientos demuestran que el jefe del Consell sigue centrado en la gestión y en mejorar la vida de los valencianos «hasta el último momento de la legislatura, mientras otros ya están en modo electoral», en alusión, entre otros, al popular Carlos Mazón.

Diseño de un bono de 30 euros al mes para la compra

Representantes de la Generalitat y de las empresas de la distribución de la Comunidad, así como asociaciones del pequeño comercio, se han puesto a trabajar con dirigentes de la Administración en el diseño del bono social que contribuya a paliar el notable impacto de la subida de la inflación en la cesta de la compra de los consumidores valencianos. Con escaso margen de maniobra, dada la proximidad de las elecciones, ambas partes articulan un bono social para las familias más desfavorecidas que consistiría en un descuento de unos 30 euros al mes y podría beneficiar a unas 150.000 familias.

La vicepresidenta, Aitana Mas, rebajó un tanto las expectativas, al afirmar que este proyecto se encuentra en una fase «embrionaria» y que la propuesta todavía se tiene que estudiar por los departamentos implicados, entre los que se encuentra el que ella dirige, Igualdad y Políticas Inclusivas. La crevillentina agregó que es «necesaria» una regulación estatal de los precios de la alimentación, así como hacer propuestas que eviten la estigmatización y que no se repitan situaciones como la de la ayuda de los 20 céntimos a la gasolina, «que luego se ha sabido que no han sido efectivos porque las empresas había subido los precios».