La jueza del caso Azud acepta que PP y Vox acusen pero les exige compartir abogado

La magistrada admite su personación porque le obliga la ley pero les exige 10.000 euros de fianza a cada uno y "concurrir bajo una única dirección letrada al defender los mismos intereses"

José María Corbín y Alfonso Grau en una imagen de archivo, cuando el primero defendía al entonces vicealcalde en el caso Nóos.

José María Corbín y Alfonso Grau en una imagen de archivo, cuando el primero defendía al entonces vicealcalde en el caso Nóos. / MANUEL MOLINES

La titular del Juzgado de Instrucción 13 de València ha admitido la personación como acusación popular del Partido Popular y de Vox en el caso Azud, aunque con una serie de condicionantes. La magistrada acepta que ambas formaciones políticas ejerzan la acusación popular "pese a las suspicacias que levanten las dos personaciones del PP y Vox" pero admite en el auto que "no pueden denegarse por venir obligado a tenor de la legislación vigente".

De ahí que exija a ambas formaciones políticas que presten una fianza de 10.000 euros para cada una de ellas. También les reclama "concurrir bajo una única dirección letrada al defender los mismos intereses". En el caso de Vox también reclama que esta formación "deberá exponer, siquiera mínimamente, las razones o motivos que le llevan a personarse en la presente causa como acusación popular" ya que, señala la magistrada, que "en el escrito presentado por el partido Vox, ni tan siquiera se expone algún motivo o razón para ello, simplemente alega que no precisa formular querella para personarse y que está exento de presentar fianza".

Ambas formaciones anunciaron su intención de personarse tras conocerse que una pieza separada de las siete que por ahora ha alcanzado esta macrocausa de corrupción afectaba al PSPV-PSOE y la presunta financiación irregular de las campañas electorales de 2007 y 2008 que se investigarían como cohecho (al presuntamente aceptar gastos de propaganda electoral por empresas privadas). Aunque la causa se inició al investigar a José María Corbín, cuñado de la alcaldesa de València, Rita Barberá, por el presunto cobro de comisiones de contratistas del Ayuntamiento de València y que después se ha extendido al exvicealcalde de València, Alfonso Grau.