Los socialistas llevan a su programa las multas al sexo de pago y el desafío de la vivienda

El PSOE aprobará hoy en la convención que celebra este fin de semana en València el programa marco de las elecciones municipales que, entre otras medidas, incluye que los ayuntamientos sancionen ya a los consumidores de prostitución, sin esperar que el Congreso apruebe la proposición de ley del grupo socialista contra el proxenetismo que contempla esa posibilidad. Esta decisión ha sido motivo de disputa en el seno del Botànic por las posturas enfrentadas entre el PSPV y Compromís, ya que la coalición es más recelosa de aplicar el castigo y prohibición sobre el consumo sexual.

Fuentes del PSOE explicaron ayer que desde hace casi una década existe en Sevilla una ordenanza, en la que se han basado, que multa a puteros. Si algún ayuntamiento lo quiere hacer, sostienen, cuenta con este precedente sin que sea necesario un marco legal nacional porque la «política de sanciones es competencia municipal», como se ha venido aplicando a lo largo y ancho de la Comunidad Valenciana en municipios como Albal, pionero en aplicar la medida.

El texto del PSOE recoge la «tolerancia cero» con el «fomento de la prostitución» y «multas para quienes consuman servicios sexuales». Un comportamiento, apuntan, que «la sociedad patriarcal se ha preocupado de transmitir y mantener».

En el marco de presentación de estas propuestas, los máximos referentes del partido se congregaron en el Museo Príncipe Felipe en una jornada llena de comparecencias y comisiones internas donde la vivienda fue -por urgencia y actualidad- el tema del día. El pacto para la aprobación de la nueva ley apremia, y mucho, a unos alcaldables y virtuales presidentes autonómicos que se enfrentan a unos comicios en 44 días, y llegar al 28 de mayo con una legislación que cede a las autonomías competencias en materia habitacional será un arma arrojadiza contra la derecha, que ya adelantó que votaría en contra.

«No se entiende que el PP diga no a una ley que ni siquiera conoce», dijo Puig a los medios de comunicación. El president reconoció los «graves problemas» de la Comunidad en brindar soluciones habitacionales a las personas y familias que no pueden acceder a una vivienda. «Esta ley es un paso adelante, el Consell aprobó la Ley de Función Social de la Vivienda pero hay que ir más allá con la construcción de vivienda pública y garantizar el acceso a un alquiler o a la adquisición de una casa», dijo Puig al término de la primera intervención de la jornada. «Tenemos que hacer algo», y criticó que lo que no se puede «es lo que hizo el PP tanto tiempo cuando gobernó, que es no hacer nada o apoyar precisamente a aquellos que generan esta situación».

«Es el problema más grave»

Las referencias a esta delicada situación respecto a la vivienda fueron múltiples. Los encargados de inaugurar la jornada fueron el expresidente José Luís Rodríguez Zapatero y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ambos con alusiones a esta circunstancia que es ya «el problema más grave que tienen los españoles».

Sin embargo, ninguno de ellos hizo referencia a cualquiera de los asuntos que se debaten en la agenda valenciana. Ni rastro de la financiación autonómica o el trasvase Tajo-Segura, pero tampoco de la tasa turística o la penalización de la prostitución, materias que solo aparecen en las bases programáticas del partido. En su lugar, y precisamente por las escasas semanas que quedan para revalidar o no los gobiernos locales, ambos dirigentes se centraron en lanzar mensajes de optimismo hacia el futuro ante unas elecciones «que vamos ganar».

Lo que tampoco se habló pero sí quedó recogido en las 80 propuestas es la regulación de los pisos turísticos para frenar la expulsión de los vecinos del centro por el encarecimiento de los alquileres. Las ciudades del PSOE «limitarán el crecimiento desproporcionado de los pisos turísticos». Este paso se ha dado después de que el Tribunal Supremo haya avalado la prohibición de los pisos turísticos en Palma aprobada por PSOE, Podemos y Més en 2018. En el trasfondo de esta decisión, figura que este acuerdo municipal «no prohíbe» sino limita el número de alojamientos que pueden existir en una zona.

En este escenario, la provincia de Alicante estuvo representada en la cita por el alcalde de Elda y candidato a la reelección, Rubén Alfaro, vicepresidente segundo de la mesa de la conferencia municipal de los socialistas, que estuvo presidida por la exministra y alcaldable en Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias. Además, el alcalde de Elche y también candidato, Carlos González, participó en la comisión dedicada a los municipios sostenibles, que tuvo como ponente coordinador al regidor de Sevilla, Antonio Muñoz.

La tasa turística imitará el modelo de la Comunidad de autonomía municipal

El partido apuesta por estudiar cada situación porque el turismo no es igual en las ciudades

La propuesta socialista para las elecciones locales planteará también la necesidad de arbitrar una tasa turística, «una fórmula», señalan fuentes del partido para esquivar esta denominación, de posibles vías de financiación donde haya turismo masivo. «Lo dejaremos abierto», indican, porque la situación varía, en función de las circunstancias de cada ciudad. «En todas no hay el mismo tipo de turismo». Apostarán por un marco común, añaden, «para ver cómo repercutir los efectos de la llegada de turistas en beneficio de los ciudadanos», pese a la complicación de casar esta regulación municipal con las propias comunidades, que tienen competencias en este área.

Cabe recordar que el Consell aprobó una ley que regulaba este impuesto por la cual se daba autonomía a los ayuntamientos para aplicarla o no, según considerara cada consistorio. Así se llegó a un acuerdo con Compromís y Podem, socios del PSPV, que exigían abiertamente la imposición de esta tasa para disgusto del PSPV. Esa autonomía municipal abría la puerta a que cada consistorio la aplique a voluntad.

Esta propuesta se encuentra entre otras 80 convenidas entre los socialistas para sentar las bases del programa electoral. Entre ellas destacan algunas curiosas como la conversión hacia «Ciudades bosque», donde la ciudadanía tendrá un parque a 300 metros de casa y deberá ver desde su residencia al menos tres árboles. La instalación de fotovoltaicas en parkings públicos y la apertura de los centros escolares en verano para favorecer la conciliación laboral son otras de las medidas propuestas.