Camarero asegura que Torrevieja y su entorno contarán con un centro de menores

La consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha anunciado el desbloqueo de la residencia para personas con diversidad funcional de Torrevieja. Ha sido en el transcurso de una comparacencia en las Cortes Valencianas, en la que también ha prometido que tanto este municipio como los del entorno contarán con un centro para menores tutelados.

El asunto ha salido relucir en el transcurso del debate desarrollado en la Cámara, cuando la diputada de Compromís, Nathalie Torres, ha recordado que la residencia en cuestión fue registrada por el Botànic como centro de uso doble, para diversidad funcional e infancia, y que la decisión del alcalde, Eduardo Dolón, reafirmada por el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, de destinarla solo a la diversidad funcional, estaba poniendo en riesgo los fondos europeos habilitados para las obras de reforma de la instalaciones. Así, se ha preguntado los motivos por los que no se quiere a los menores allí, y le ha reprochado a la consellera que, si no resuelve el problema, "pensaremos que está compartiendo el marco ideológico de la extrema derecha xenófoba y racista".

Camarero, por su parte, ha explicado que ya ha mantenido reuniones con el alcalde y todas las entidades sociales del municipio para "desbloquear una situación impresentable", y ha aseverado que "no se perderá ni un euro de fondos europeos". También ha afirmado, con rotundidad, que "los menores de Torrevieja y del entorno tendrán un centro que les atienda".

En el marco de su intervención, la consellera, por otro lado, le ha reprochado al anterior gobierno del Botànic que los centros 24 horas contra la violencia de género de Alicante, Torrevieja, Dénia, València y Castellón llevan desde 2019 "sin contrato y en enriquecimiento injusto", y que su personal "sigue en conflicto salarial".

Asimismo, le ha espetado a los partidos de izquierda, ahora en la oposición, que un informe de la Universidad de Alicante concluye que el primer pacto contra la violencia de género solo ha sido ejecutado en un 22% en cinco años.