Mazón concertará con los constructores y los ayuntamientos el impulso a las viviendas sociales

Es una de las principales apuestas de Carlos Mazón para la presente legislatura y está dispuesto a mover todos los resortes que resulten necesarios para poder hacerla efectiva. El presidente de la Generalitat se reafirma en su compromiso de construir 10.000 viviendas sociales en el conjunto de la Comunidad Valenciana y, para ello, quiere mantener una estrecha colaboración tanto con las constructoras, para facilitarles la ejecución de los proyectos, como con los ayuntamientos, para que puedan agilizar al máximo la concesión de las licencias.

Todo en un proceso en el que está previsto que entre 3.500 y 4.000 de esas viviendas se levanten en la provincia de Alicante. Así lo manifestó este miércoles el propio Mazón en una visita realizada a dos bloques de pisos de la plaza María Yolanda Escrich Forniés de Alicante, del grupo Miguel Hernández, cuya rehabilitación se va a reiniciar el próximo lunes a través de una inversión cercana a los cuatro millones de euros y un plazo de ejecución de 16 meses. El jefe del Consell, que estuvo acompañado por la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, y por el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, aseguró que esta va a ser la legislatura de la vivienda, entendida como un derecho social básico de toda la ciudadanía valenciana, reafirmando su compromiso de construir 10.000 pisos sociales y de protección oficial, de los que una tercera parte serán para la provincia de Alicante. Y el plan, afirmó, va a llevarlo a cabo en estrecha colaboración con los promotores, de manera que puedan desarrollar su actividad sin obstáculos innecesarios.

Mazón anuncia un plan para construir 10.000 viviendas de protección oficial y una ley 'antiokupas'

En este sentido, puso como ejemplo la paralización del decreto aprobado por el Botànic el pasado 26 de mayo, solo dos días antes de los comicios autonómicos, que fija las normas de diseño y calidad de las viviendas, el cual será modificado con la participación de los diferentes sectores profesionales. «Es un decreto -aseveró- que estaba fuera de la realidad y lleno de prejuicios absurdos. El objetivo es rectificarlo para que cumpla con los requisitos y se pueda poner en marcha la construcción de viviendas sociales, después de ocho años de cero viviendas de este tipo por parte de la Generalitat».

La paralización de esta norma ha llevado aparejada la ampliación del plazo para su entrada en vigor, prevista inicialmente para el próximo 2 de diciembre. En esta decisión se han tenido en cuenta las nuevas obligaciones constructivas y su impacto en los proyectos de edificación. Todo ello en una situación de ralentización económica acrecentada en los últimos meses y en un marco de inflación que afecta a los materiales de construcción y los precios del suelo, que está asumiendo el propio sector.

El compromiso del Consell pasa por abordar la adecuación de la dispersa legislación, con más de 30 normas, para dar respuesta al actual contexto económico garantizando la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO) y atendiendo la demanda existente, especialmente de los colectivos más vulnerables. En este proceso también van a jugar un papel muy destacado los ayuntamientos, que son los que tienen que conceder unas licencias que, en la actualidad, suelen tardar como media alrededor de un año. Mazón señala que el objetivo es agilizar estos trámites, dentro del plan de reducción de la burocracia que va a acometer el nuevo Consell. «Vamos a crear un nuevo marco legal de agilidad en el que los técnicos municipales se puedan apoyar, frente al anterior marco de impedimentos. Con ello vamos a dejar de vivir de espaldas para comenzar a caminar de la mano», subrayó.

Simplificación

Esta tarea formará parte de la labor que le va a tocar desarrollar a la nueva Dirección General de Simplificación Administrativa que dirigirá el biarense Francisco Ortega Albero, quien, según el jefe del Consell, va a coordinar todas las políticas del conjunto de direcciones generales destinadas a «reducir y eliminar pasos que son innecesarios, así como las esperas eternas». En este sentido, no dudó a la hora de afirmar que la Comunidad Valenciana va a ser el lugar donde más fácil va a ser poner en marcha un negocio, reformar una vivienda o relacionarse con la Administración. «Lo vamos a hacer porque muchas veces contestar a tiempo significa humanizar la atención pública, y en numerosas ocasiones eso es más importante que una subvención o una bajada de impuestos.

Atender a la gente significa atender sus derechos y convertirnos en una comunidad dinámica», explicitó. Respecto a los ámbitos en los que se va a poner el foco, Mazón dijo que hay procesos que se han de eliminar y otros que se tienen que reducir. Además, añadió que hay un proceso de digitalización que está pendiente desde hace ya demasiados años. A todas estas cuestiones añadió otras ya anunciadas, como la reducción de impuestos para facilitar el acceso a viviendas de renta libre. El jefe del Consell recordó que la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2024 contempla tipos superreducidos en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para los menores de 35 años y colectivos más necesitados, como son las familias numerosas y monoparentales, personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia de género o familias con bajos recursos, lo que supone rebajas que van a llegar hasta el 25%. «Queremos dar una solución de emancipación y de dignidad, facilitando la cohesión social y priorizando el acceso a una vivienda a aquellos colectivos que más lo necesitan», enfatizó Carlos Mazón, quien también aseguró que la vivienda social en la Comunidad Valenciana «es ya una realidad y ha dejado de ser, como ocurría en los últimos años, una promesa que se eterniza».

Mazón da el primer paso para agilizar la burocracia y crea una dirección general

En lo que respecta a las obras del edificio en «esqueleto» de la plaza María Yolanda Escrich Forniés, en el grupo Miguel Hernández, ya tienen fecha para su reinicio. Será el próximo lunes, 16 de octubre, cuando los operarios vuelvan a poner en marcha unas actuaciones que se paralizaron en mayo de 2022 y que se prevé que duren 16 meses con un coste cercano a los cuatro millones de euros. En total, serán 20 viviendas las que se rehabilitarán en esta primera fase, a las cuales cinco familias han solicitado retornar mientras que las otras quince ya tienen alternativa habitacional, según explicó este miércoles el propio presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. El proyecto de rehabilitación de la fase 1 de la antiguamente conocida como plaza de la División Azul del barrio José Antonio incluye la mejora de la accesibilidad del edificio ubicado en las escaleras 5 y 6, mediante la instalación de ascensores y redistribución de las escaleras, una nueva distribución interior de las viviendas, una intervención estructural mediante una nueva estructura metálica, así como una mejora de la eficiencia energética mediante la renovación de las instalaciones y la incorporación de un sistema de aislamiento de fachadas y nueva carpintería de PVC.

En cuanto a la fase 2 de las obras de rehabilitación del grupo Miguel Hernández, que permitirán que se ejecute la adecuación de las viviendas sociales del resto de familias que habitan en este conjunto de edificios, contará con una inversión de 11,9 millones de euros y, al igual que la fase uno, será financiada con fondos Next Generation. En concreto, esta fase permitirá la rehabilitación integral de los edificios de la plaza María Yolanda Escrich Forniés, ubicados en los números 2, 3, 4, 7 y 8, que engloban a un total de 40 viviendas. Por el momento, no hay fecha definida para el inicio de esta fase. Carlos Mazón destacó que el Consell «pisa el acelerador» para rehabilitar el grupo de viviendas Miguel Hernández y atender una «demanda social e histórica» de la ciudad de Alicante «que se estaba eternizando». Esta actuación fue paralizada en 2022 por la anterior empresa adjudicataria tras continuos incumplimientos contractuales, por lo que la actual Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda ha vuelto a adjudicar las obras de rehabilitación el pasado mes de septiembre a la empresa Gestaser Obras y Servicios SL. Carlos Mazón aprovechó para visitar el barrio y departir con algunos vecinos del entorno.

Los promotores piden precios más altos para poder cubrir los costes

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, está dispuesto a dar facilidades a los promotores para poder desbloquear la construcción de viviendas sociales. Pero, ¿qué es lo que demandan realmente las empresas? Cuestiones como el incremento de los precios de venta o concursos que prioricen a las constructoras locales en la adjudicación de suelo público son cuestiones que el sector considera imprescindibles.

El presidente de la Federación de Obras Públicas de la Provincia de Alicante (FOPA), Javier Gisbert, destaca que, en la actualidad, el precio máximo de venta para las Viviendas de Protección Oficial (VPO) es muy bajo, lo que obliga a las promotoras a vender los pisos por debajo de coste. Es por ello por lo que el sector reclama que se pase de los alrededor de 1.800 euros el metro cuadrado a los 2.200, algo en lo que, según el propio Gisbert, ya está trabajando la Administración autonómica. A partir de ahí, añade, resultarán necesarias ayudas o subvenciones, «para que la gente tenga más facilidades para comprar». Desde FOPA también se destaca la necesidad de poner a disposición de las empresas la mayor cantidad posible de suelo, y, según su presidente, «me consta que quieren hablar con los ayuntamientos para ver cuántos solares tienen y puedan realizarse cesiones en uso».

En parecidos términos se expresa Jesualdo Ros, secretario general de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Alicante (Provia), quien señala, en primer lugar, la necesidad de flexibilizar la normativa que afecta a las VPO para que pueda comprarlas una base de población más amplia, así como que las empresas no pierdan dinero en el actual contexto de incremento de los costes de construcción.

Respecto a los concursos para la adjudicación de suelo público, Ros pide que las condiciones se consensúen con el sector, de manera, apunta, que «se incentive al promotor local frente a los grandes fondos de inversión, porque conocen mejor la demanda y las necesidades de la gente en cada uno de los municipios». De igual manera, y coincidiendo plenamente con FOPA, desde Provia reclaman la agilización de los trámites en la redacción de los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU). Según el secretario general de la organización, «en estos momentos nos encontramos con que se tardan 20 años en aprobarse y que se necesitan 80 informes diferentes de distintos departamentos, que muchas veces se contradicen entre sí. Si esto no se resuelve, será difícil cumplir con los objetivos».