El Consell lanza una ofensiva contra los recortes de los envíos del Tajo-Segura con cinco recursos ante la Audiencia Nacional

 Una ofensiva judicial en toda regla. Eso es lo que ha lanzado el Gobierno autonómico contra los recortes que viene aplicando el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico en los envíos de agua a través del trasvase Tajo-Segura desde el pasado mes de junio. Serán cinco recursos contencioso-administrativos contra lo que el Ejecutivo presidido por Carlos Mazón considera unas reducciones de caudal «injustas» e «ideológicas», al no estar basadas, denuncia, en criterios técnicos. Las medidas de carácter judicial fueron anunciadas por la consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas, en el pleno que el Consell celebró este viernes en las instalaciones de Distrito Digital en Alicante.

Pradas explicó que los recursos «obedecen a una estrategia de defensa de cada gota de agua», algo que, aseveró, «no había hecho antes el Gobierno del Botànic, pero que el Ejecutivo de Carlos Mazón sí que está llevando a cabo».

Así, destacó que el Consell ha decidido poner en marcha una triple estrategia, basada, en primer lugar, en la acción social con los regantes y agricultores, recordando la reunión mantenida este mismo jueves por Mazón con la Federación de Comunidades de Regantes de la Comunidad Valenciana (Fecoreva), para potenciar el diálogo y atender sus reivindicaciones. «Se trata -dijo- de una dinámica que va a tener continuidad en las próximas semanas con la constitución de la Mesa del Agua, cuyos estatutos se están ultimando».

La segunda pata de este plan, añadió, es la acción coordinada con los gobiernos autonómicos de la Región de Murcia y Andalucía, así como con la Diputación de Alicante, con lo que se persigue «reforzar los argumentos y la posición de defensa de la Comunidad Valenciana que en su día olvidó el Botànic», enfatizó.

Y el tercer elemento, subrayó, son las acciones judiciales. Así, dijo que cada uno de los recursos ante la Audiencia Nacional van dirigidos contra los cinco recortes llevados a cabo desde el pasado mes de junio. Los cuatro primeros, ya presentados, corresponden a los realizados hasta septiembre, en los que el volumen de agua trasvasada desde los embalses de Entrepeñas y Buendía pasó de 20 a 15 hectómetros cúbicos cada mes. Asimismo, anunció, se va a recurrir también la orden publicada este pasado lunes 30 de octubre, que comporta un nuevo recorte, en este caso hasta los 18 hectómetros cúbicos.

La consellera no dudó a la hora de señalar que estas mermas en los envíos de agua son «totalmente injustas», sobre la base, explicó, de que no se tienen en cuenta las propuestas técnicas de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, que, según sus palabras, avalan que el trasvase debería ser de 30 hectómetros. De ahí que califique la actuación del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico de «totalmente arbitraria y discrecional», al considerar que se trata de decisiones «faltas de motivación» y, consiguientemente, «injustas e ideológicas». Pradas, además, censuró que estos recortes se aprueben «de espaldas» a la Generalitat Valenciana, lo que, afirmó, «nos sitúa en una posición de absoluta indefinición».

Y aprovechó, llegados a este punto, para arremeter contra la actuación del anterior Ejecutivo autonómico presidido por Ximo Puig, indicando que, «no nos vamos a quedar de brazos cruzados, como cuando recurrieron de forma muy poco ambiciosa el decreto que revisaba el Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica del Tajo». E insistió a la hora de remarcar que el «maltrato continuado» en materia de agua por parte del Gobierno de Pedro Sánchez va a encontrar una respuesta decidida por parte del Consell. «Los alicantinos tienen en el Ejecutivo de Carlos Mazón al mejor aliado para defender el agua para nuestra tierra y no vamos a descansar hasta que tengamos los recursos hídricos que nos merecemos», concluyó la consellera.

Dentro de la estrategia de coordinación que la Generalitat está llevando a cabo con los otros territorios afectados por el trasvase, también en materia judicial, destaca asimismo el intercambio de información. Así, y de acuerdo con un informe presentado recientemente por la Región de Murcia, el Ministerio para la Transición Ecológica ha dejado de transferir, en contra del criterio de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, más de 185 hectómetros cúbicos, 50 de ellos en el año hidrológico concluido el pasado mes de septiembre, en una dinámica que se mantiene con el inicio del nuevo. Esta situación, además, se está dando en un año especialmente seco y cálido, lo que ha dificultado el mantenimiento de las cosechas y reducido, además, las previsiones de plantación de los agricultores ante la incertidumbre sobre la disponibilidad de agua.