El Consell prepara ya un Fondo de Cooperación de consenso y voluntario

Un Fondo de Cooperación Municipal cuyas bases se elaboren en consenso con las tres diputaciones de la Comunidad Valenciana, cuya aplicación sea voluntaria y que ponga el acento, sobre todo, en ayudar a los ayuntamientos de los municipios más pequeños a prestar servicios a sus ciudadanos, en un claro guiño a la lucha contra la despoblación. Estas son las líneas maestras que se están siguiendo para la elaboración de un nuevo plan inversor por parte del actual Consell, formado por el PP y Vox, con el que se pretende dar la puntilla al proyecto que impulsó el Botànic que lideraba Ximo Puig.

El PP da la puntilla al Fondo de Cooperación: anuncia otro plan junto a las diputaciones

Así lo anunció la semana pasada el diputado popular Eduardo Dolón en el debate que tuvo lugar en las Cortes Valencianas tras la proposición no de ley presentada por el grupo socialista para instar a la Diputación de Alicante a destinar cerca de cien millones a los municipios de la provincia tras su negativa durante siete años a aplicar el Fondo de Cooperación. Fuentes populares han confirmado a este diario que la principal clave del nuevo proyecto es que la ley en la que se sustentará se redactara de la mano de las diputaciones. Con ello se quiere poner fin a uno de los grandes conflictos entre administraciones, como el protagonizado por el Consell que encabezaba Puig y la Diputación de Alicante, en la que estaba al frente el ahora presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

Críticas

Una de las grandes críticas que realizó el PP señalaba que el Fondo de Cooperación no se había pactado con las diputaciones, principal argumento empleado por la institución provincial alicantina para negarse a sumarse. Ahora el propósito es que las tres diputaciones participen de forma activa en su redacción. En este contexto, también cabe señalar que una de las bazas con la que juega Mazón es la del enorme poder municipal que el PP consiguió aglutinar en las elecciones municipales del pasado 28M. 

Prueba de ello es que los tres presidentes de la diputaciones son los populares Toni Pérez (Alicante), Vicente Mompó (Valencia) y Marta Barrachina (Castellón). Lo mismo sucede con los alcaldes de las cuatro ciudades más pobladas: Luis Barcala (Alicante), Pablo Ruz (Elche), María José Catalá (València) y Begoña Carrasco (Castellón). Mazón, que ha mantenido contacto con los presidentes de las diputaciones provinciales para empezar a trazar el nuevo plan inversor, ya ha exhibido el poder municipal del PP con otras cuestiones, como a la hora de hacer un frente común desde la Comunidad Valenciana para rechazar la amnistía a los políticos independentistas catalanes o para poner en marcha un foro de coordinación política.

Claves

Otra de las claves con las que se trabaja es con la de que el nuevo Fondo de Cooperación será de aplicación voluntaria. Con ello, se quiere marcar distancias con la imposición, según la versión defendida por el PP, con la que el Botànic quería ejecutar su plan. En este punto ponen dos ejemplos. El primero de ellos es el de que la Diputación de Alicante sí que participó en el fondo de apoyo al sector turístico, ya que consideran que este proyecto sí que se hizo de forma coordinada entre las administraciones. Por otra parte, recurren a la sentencia del Tribunal Constitucional, que anula uno de los artículos del plan del Botànic, el 7, al señalar que la ley autonómica no se ha creado con los mismos criterios de distribución que el fondo estatal.

Tras el consenso con las diputaciones, la protección de la autonomía de las corporaciones locales y la voluntariedad de su aplicación, la otra clave que se señala desde el PP es que su Fondo de Cooperación pondrá más el acento en los municipios pequeños que el del Botànic. Este es el mismo argumento que se ha venido utilizando en la Diputación de Alicante durante los últimos años, con su programa alternativo, el Plan + Cerca. Desde el equipo de gobierno que lideraba Mazón se defendía que, con su modelo de reparto, salían beneficiados 139 de los 141 municipios de la provincia. Las únicas dos localidades que quedaban perjudicadas eran las dos de mayor población, Alicante y Elche, lo que refuerza la tesis popular de que, con su reparto, se benefician las poblaciones con menos habitantes.

Una de las principales críticas que se han hecho desde las filas socialistas es que la negativa de Mazón a sumarse al Fondo de Cooperación ha costado cerca de 100 millones a los municipios de la provincia, mientras que desde el PP se defiende que su inversión ha alcanzado los 170 millones.