El déficit asimétrico, una caja de pandora sin abrir en una década

El Consell quiere que el Gobierno le conceda un tratamiento singular en materia de estabilidad presupuestaria que le permita desviarse de su objetivo de déficit por encima de la media del resto de autonomías. Es el conocido como déficit asimétrico, individualizado o a la carta. Una medida que la Generalitat viene reivindicando en Madrid desde hace más de una década para mitigar los efectos de la infrafinanciación. La premisa es clara: al recibir menos recursos del sistema de los que le corresponden, se reclama una mayor flexibilidad para incurrir en números rojos a lo largo de un ejercicio. Lo exigió el gobierno de Alberto Fabra (PP), también los del Botànic y ahora Carlos Mazón reabre la misma batalla.

El problema es que para que la Comunidad Valenciana o cualquier otro territorio disponga de ese margen adicional, otra administración tiene que renunciar a él ajustándose el cinturón en la misma medida. Un ejercicio de solidaridad muy complejo de articular a nivel político, según reconocen quienes han pasado por esas negociaciones. De hecho, hay un único precedente de déficit asimétrico y se acordó hace más de 10 años con Cristóbal Montoro, el entonces ministro de Hacienda de Mariano Rajoy, tras arduas negociaciones entre los ejecutivos autonómicos. Tras aquella experiencia, nunca se ha vuelto a abrir esa caja de pandora y todas las comunidades han tenido la misma capacidad de desajuste independientemente del trato que reciben del sistema de financiación.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el foro donde los territorios negocian la senda de déficit con el Estado, se reunió hace escasas semanas y fijó el objetivo para cada escalón de la administración. Sobre un 3 % global que el Gobierno ha comprometido ante la Unión Europea, el Estado se reserva el 2,9 % y deja a las autonomías la décima restante. La Comunidad Valenciana ve injusto ese reparto y aspira, junto a Murcia, a no tener que modificar el objetivo del 0,3 % incluido en los presupuestos de 2024. La Generalitat quería que fuera el Estado quien asumiera el desajuste.

Sin embargo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, adelantó tras el último CPFF que si hay déficit asimétrico será siempre dentro del 0,1 % para el subsector de comunidades autónomas. Es decir, que lo que puedan conseguir de déficit extra la C. Valenciana y Murcia tendrán que perderlo otros gobiernos regionales. Un extremo que reduce drásticamente las posibilidades de éxito, según coinciden quienes han estado ahí y los expertos.

En 2013, único año con déficit asimétrico, la Comunidad fue la gran vencedora. Se estipuló un desvío del 1,3 % para el subsector y el conseller de Hacienda valenciano de la época, Juan Carlos Moragues, arañó tres décimas extra (1,6 %) para la Generalitat. Otras como Madrid o Asturias se quedaron con un 1 %. El popular, aunque logró convencer a un Montoro con quien tenía gran sintonía, admite a este diario la «guerra de números» que hubo que librar frente a otras comunidades para conseguir aquel objetivo diferenciado.

Su secretario autonómico era Eusebio Monzó, hoy nuevamente en el cargo tras ser recuperado por Carlos Mazón. Él y Moragues coinciden en señalar que debe ser el ministerio quien se moje y fije los objetivos a cada autonomía, pese al malestar político que pueda generar. «Veo inviable un acuerdo entre comunidades, es harto complicado», señala el exconseller, que reclama «liderazgo» al Gobierno. Monzó, por su parte, incide en que es «muy difícil para un gobierno autonómico renunciar a su derecho a desviarse» de sus presupuestos.

«No es lo mismo dar un 0,3 % a todas las comunidades que sólo a la Comunidad Valenciana y a Murcia. Lo lógico sería que ese diferencial lo asumiera el Gobierno, especialmente cuando parte del 2,9 % sobre un total del 3 % y las comunidades sufragamos un 30 % de los gastos», desarrolla Monzó, que remarca que el déficit incluido en las cuentas «no es un pulso» al Gobierno sino una reivindicación «justificada» por esa infrafinanciación crónica.

Vicent Soler, también exconseller de Hacienda con el Botànic, sufrió en primera persona las reticencias de los Gobiernos posteriores a negociar déficits individualizados, aunque el socialista responsabiliza a las autonomías. «El problema de fondo es que las comunidades favorecidas por el sistema de financiación no admiten las asimetrías en los ingresos y siempre votan en contra, porque lo consideran un premio a las incumplidoras. Son esas autonomías las que tienen que ceder», defiende.

Soler se las tuvo que ver ya con María Jesús Montero en el ministerio. Entonces su secretario general de financiación era Diego Martínez, doctor en Economía y actualmente profesor en la Pablo Olavide de Sevilla e investigador en Fedea. El economista no duda en atribuir a aquella «pesadilla» de 2013 el motivo por el que el Gobierno socialista no ha aceptado nunca un déficit asimétrico pese a que el propio Martínez, cuando era alto cargo en la Junta de Andalucía, así lo exigía a Montoro.

«Un acuerdo para el déficit asimétrico es incluso más complicado que la reforma del sistema de financiación, porque es un juego de suma cero que no puede compensar a quien queda por debajo de la media», señala. Martínez defiende en todo caso estos objetivos diferenciados por motivos de «equidad y factibilidad» y recuerda que la Airef los respalda desde 2016. Además, entiende que es Montero quien debe dar el paso y «poner los porcentajes encima de la mesa».