El Consell tilda de "atentado a la libertad" que Junts proponga al Gobierno multar a las empresas que no vuelvan a Cataluña

La portavoz del Consell de la Generalitat Valenciana, Ruth Merino, ha considerado que la exigencia de Junts per Catalunya al Gobierno de condicionar su voto a multar a las empresas que no vuelvan a Cataluña, tal como ha adelantado La Vanguardia es "un atentado a la libertad de las empresas", una "ocurrencia" y una medida "egoísta que rompe con la igualdad de los españoles".

"Un partido como Junts que pone contra las cuerdas no solo al Gobierno de España, sino también la igualdad de los españoles es un atentado y una coacción a la liberta de las empresas", ha señalado Merino en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell. "Ellas deciden libremente donde quieren instalarse y me parece que sancionar es como poco una ocurrencia fuera de lugar", ha incidido.

En este sentido, y preguntada por si el Consell va a tomar alguna iniciativa para motivar que no haya movimiento de mercantiles, ya que muchas de ellas se trasladaron a la Comunitat Valenciana tras el 1 de octubre de 2017, Merino ha detallado que el gobierno valenciano "está poniendo las condiciones no solo fiscales sino también de agilización de trámites burocráticos para que las empresas se quieran quedar". Más allá de eso, "no hay ningún plan específico porque esto no va a llegar a ningún sitio", ha concluido.

Cabe recordar que el pacto que alcanzaron PSOE y Junts para investir a Pedro Sánchez presidente del Gobierno incluía "facilitar y promover" el regreso a Cataluña de la sede social de empresas que cambiaron su ubicación tras el 1 de octubre de 2017 a otros territorios, entre ellos la Comunitat Valenciana. Dos de las mercantiles que lo hicieron fueron CaixaBank y el banco Sabadell, que trasladaron su sede social a València y Alicante.

Compromís: "El punitivismo no es la solución"

El portavoz de Junts, Josep Rius, ha afirmado este martes que la formación catalana contempla que las empresas que trasladaron su sede de Cataluña por el 'procés' "puedan ser sancionadas" si no vuelven. La propuesta se ha hecho un día antes de que el Gobierno presente al Congreso en una sesión extraordinaria tres decretos leyes relativos a justicia, la reforma del subsidio de desempleo y las ayudas anticrisis.

Pero para Micó no hay que sancionar a las empresas por elegir uno u otro sitio para realizar su actividad económica. Más si cabe, ha dicho, si la decisión de marcharse está vinculada con un conflicto político. En su lugar, la diputada valenciana cree oportuno "revehicular" el conflicto político para que no sea la causa de que las empresas trasladen su sede social.