El Consell irá al Constitucional si se multa a las empresas que no vuelvan a Cataluña

Los servicios jurídicos de la Generalitat miran de reojo a lo que ocurre en el Consejo de Ministros y el Congreso. Cómo aborde el Gobierno central la petición de Junts de incentivar el regreso de las empresas que se marcharon de Cataluña durante el punto álgido del procés puede generarles trabajo extra. La propuesta del partido de Carles Puigdemont de sancionar a aquellas compañías que no devuelvan su sede social al territorio catalán no gusta nada en la Comunitat Valenciana, hasta el punto de que el Consell advirtió ayer de que podría llevar esta medida, si se llevase a cabo, ante el Tribunal Constitucional.

Si el martes, durante la rueda de prensa posterior al pleno del Gobierno valenciano, la portavoz Ruth Merino tildó de «ocurrencia» y «atentado a la libertad de las empresas» la medida, ayer el president de la Generalitat, Carlos Mazón, dio un paso más y señaló que los mecanismos legales de la Administración valenciana «ya están alertados para que, si esta propuesta prospera, presentar un recurso de inconstitucionalidad».

«Recurriremos al Constitucional si es necesario, iremos hasta el final», reivindicó Mazón quien calificó la petición de Junts de «extorsión». El dirigente del PPCV insistió que el Gobierno valenciano va a defender a las «974 empresas que ya son de la Comunitat Valenciana» e hizo un llamamiento público a las empresas catalanas que quieran trasladarse a la Comunitat Valenciana. «Van a encontrar un entorno más amable, con más facilidades y apoyo fiscal para crear empleo», detalló el jefe del Consell, que prometió «apoyo y protección».

El debate sobre los posibles incentivos o sanciones para que las empresas que salieron de Cataluña vuelvan a situar su sede social en esta autonomía pincha en hueso en la Comunitat Valenciana. Cerca de un millar de las 7.000 que han salido desde entonces de Cataluña se encuentran en territorio valenciano y de ahí que el PP quiera apretar a los socialistas valencianos respecto a las posibles actuaciones del Gobierno central que ayer pactó con Junts cambiar la ley de Sociedades que aprobó Mariano Rajoy en 2017, pero sin señalar en qué sentido.

«Reforma de la ley de sociedades de capital mediante el Consejo de Ministros para revertir el Real Decreto del PP de 2017 y que las empresas puedan volver a Cataluña», señala el comunicado de prensa emitido por el partido de Puigdemont sobre el pacto para no bloquear la aprobación de los decretos que se votaban ayer en el Congreso.

Así, además de por la vertiente de medidas desde el Consell o del recurso a los tribunales, los populares también presionan al PSPV y a Compromís a través de la actividad parlamentaria. Minutos después de las palabras de Mazón, el síndic del PPCV en las Cortes, Miguel Barrachina, presentó una PNL sobre este tema «para el respeto a libre elección de domicilio empresarial y contra la aprobación de privilegios o sanciones por su traslado».

El síndic popular explicó que la moción tiene una triple petición: que se respete la libertad de las empresas «que ya son valencianas para seguir residiendo en la Comunitat Valenciana», que el Gobierno de España no actúe contra unas comunidades «privilegiando a otras» y que no se cambie la ley de Sociedades para que las empresas que llegaron desde Cataluña «libremente» desde 2017 tengan que «retornar forzadamente», es decir, que no «sean sancionadas» por no volver.

«¿Qué harán Morant y Soler?»

Ante ello, Barrachina se preguntó por el posicionamiento de los dirigentes del PSPV, no solo en las Cortes, sino también en las instituciones estatales. «Qué hará Diana Morant como ministra cuando el partido de Sánchez intente cumplir con lo firmado por Junts de favorecer la salida de empresas valencianas»; «qué va a hacer Alejandro Soler en el Congreso o qué votará el todavía secretario general del PSPV Ximo Puig en el Senado», se cuestionó el portavoz del PPCV en la Cámara autonómica.

No parecen del todo casuales las menciones. Dos de los tres nombres son dos de los tres aspirantes señalados a suceder a Puig en la dirección del partido, adelantándose el marcaje. De momento, ha sido el líder de los del puño y la rosa en la Comunitat Valenciana el que expresó su rechazo a la propuesta de Junts.

«No tiene ningún sentido ni razonabilidad, es imposible de hacer en el marco europeo», señaló Puig quien destacó, por otra parte, que si las empresas se instalaron en la Comunitat Valenciana fue «porque había un marco de estabilidad y confianza» que pidió a Mazón que mantuviera, tratando de virar, un poco, el foco del debate.