Barrera apunta contra la inmigación ilegal y la okupación en su visita a Alicante sin aportar datos ni medidas

El vicepresidente primero de la Generalitat Valenciana y conseller de Cultura y Deporte, Vicente Barrera, de Vox, pisó este martes por primera vez desde que llegó al cargo las calles de la ciudad de Alicante. Pero no lo hizo para visitar ninguna instalación deportiva ni para promover ninguna actividad cultural en la capital. Tampoco para desatascar la rehabilitación del Teatro Principal, que es copropiedad de la Generalitat, ni tampoco para activar la designación de un nuevo director del centro cultural, un puesto que lleva vacante desde hace casi cinco años, desde que dimitió Francesc Sanguino para ser alcaldable del PSOE en 2019. No. 

Barrera se rodeó de otros cargos de Vox, como la portavoz adjunta en las Cortes, la alicantina Ana Vega, y los cuatro concejales de la formación ultra en el Ayuntamiento de Alicante para reunirse con entidades sociales de la Zona Norte, donde se concentran la mayoría de los barrios más vulnerables de la ciudad. Por sorpresa, cuando el encuentro en el centro comunitario de Juan XXIII estaba a punto de acabar, apareció el concejal de Seguridad, Julio Calero (PP), en un movimiento que los ultras interpretaron como un intento del alcalde, Luis Barcala, de evitar que Vox capitalice el descontento social de la zona. 

Durante la cita con las entidades sociales se habló de okupación de viviendas, de inmigración ilegal y también de la falta de inversiones en barrios que se sienten totalmente abandonados por las administraciones, donde se reclama también más limpieza, más seguridad y más transporte público. Barrera, al término del encuentro, ya ante los micrófonos, hizo bandera del discurso de su partido, sin aportar ni un dato concreto —y eso que fue preguntado al respecto— ni tampoco sin proponer ninguna medida para combatir, según él, los dos grandes proyectos de la Zona Norte de Alicante: la inmigración ilegal y la okupación de viviendas. «Me han hablado de cifras por encima del 50 %. A mí me parece una barbaridad», se limitó a apuntar, para a continuación añadir: «Hemos venido con la idea de empezar a abordar todos los problemas de okupación ilegal y de inmigración ilegal que existen y que padecen estos barrios», señaló Barrera, quien delegó las soluciones en el Gobierno central. De las competencias autonómicas, el vicepresidente se limitó a reconocer que faltan «inversiones», y que deben ser «prioritarias» porque «el entorno está muy deteriorado». Eso sí, tampoco se comprometió a nada en concreto. Solo a «trasladarle a Mazón» las peticiones de los vecinos. 

Éstos, al ser cuestionados por los medios tras la reunión Barrera y otros cargos de Vox, lamentaron la okupación de viviendas, pero también apostaron por la necesidad de oferta de alquiler social, negaron que se trate de barrios inseguros y reclamaron a las administraciones inversiones para la mejora de la trama urbana, tanto en los edificios como en infraestructuras públicas.  

Por último, desde la Subdelegación del Gobierno instaron a Barrera a no «politizar un tema tan serio como la seguridad y trabajar en vivienda e infraestructuras educativas, dos prioridades en la zona».