El Ayuntamiento de Alicante tardó tres semanas en solicitar a la Generalitat una vivienda para la familia desahuciada con dos menores

Tres semanas desde el desahucio. Ese es el tiempo que tardó el Ayuntamiento de Alicante en informar oficialmente a la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) de la necesidad de una vivienda para la familia desahuciada con dos menores. Incluso pese a reconocer la "grave situación de vulnerabilidad social, con riesgo de exclusión social" de la familia, la Concejalía de Bienestar Social, dirigida por Begoña León, se demoró en el envío de este escrito al organismo valenciano para iniciar el proceso para la adjudicación de una vivienda a la damnificada familia.

El 25 de enero, Isabel López-Serrano, su marido y sus dos hijas adolescentes de 16 y 13 años sufrieron un desahucio de la vivienda en la que residían de alquiler en Altozano. Pese a la situación de las dos menores, una de ellas con acreditados problemas psicológicos tras un intento de suicidio derivado de las circunstancias económicas de la familia, el desalojo se produjo porque el propietario también tenía acreditadas necesidades económicas, y la ley le amparaba en la recuperación de su vivienda.

En ese momento, la familia, con un informe de vulnerabilidad redactado por el Ayuntamiento en julio de 2023, se vio en la calle a la espera de la vivienda que tenían solicitada al EVHA por su situación de emergencia. Pese a acudir a los servicios sociales del Ayuntamiento, no fue hasta una semana después del desahucio, el 2 de febrero, cuando la concejala de Bienestar Social, Begoña León, dictó en un decreto la propuesta de "adjudicación urgente" de una vivienda de promoción pública. Un informe que el jefe de servicio del área municipal validó tres días después, pero del que la última firma, atribuible a "Ayuntamiento de Alicante", se plasmó el 12 de febrero, prácticamente tres semanas después del desahucio.

En el informe oficial dictado por la concejala León se constata la dura situación de Isabel y su familia, de la que aseguran que "se encuentra en grave situación de vulnerabilidad social, con riesgo de exclusión social, resultando indispensable la adjudicación urgente de una vivienda". Así figura en el decreto, donde se ahonda en esta problemática, apuntando que la propuesta de vivienda es de "adjudicación urgente" por el estado en el que se encuentran Isabel y su familia.

Puesto en contacto este medio con la Conselleria de Vivienda y el EVHA, no ha respondido al estado de este trámite.

Pendientes de un nuevo desahucio

La familia sigue residiendo en el hostal que, en un primer momento, cedió el gobierno municipal. Una concesión que acababa el pasado jueves a las 12 horas, pero que ante la falta de alternativa, la familia rechazó abandonar. El jueves, la plataforma Stop Desahucios protestó contra el posible desalojo de la pensión, pero el lanzamiento no se produjo al no haber orden judicial. Ahora, se encuentran a la espera de una nueva orden de desahucio.

En este sentido, tanto la familia como la plataforma lamentan el perjuicio ocasionado a la pensión: "Nos sentimos mal por la actuación en el hostal y el perjuicio que pueda suponer a los propietarios. Es algo que nunca nos habíamos tenido que ver obligados a hacer", explica Susana García, portavoz de la plataforma.

La afectada expresó el pasado jueves, cuando se cumplió el plazo que tenían para abandonar la pensión, que lamentaban haber llegado a este extremo, ya que habían tratado de seguir las vías legales a través de los servicios sociales: "Yo no quiero vivir al margen de la ley. No quiero que nadie me denuncie. Ya no estoy pensando no en mí, sino en el bienestar de mis hijas. El bienestar de mis hijas creo que es no romper la familia y que, aunque sea en diez metros cuadrados, sigamos unidos. Lo que me pueda pasar legalmente ya me es indiferente, en una balanza pesa más lo que es mejor para mis hijas", indicó Isabel.

La familia insiste en que lo único que piden es una solución hasta que puedan recobrar la normalidad, al tener como únicas rentas un Ingreso Mínimo Vital y un empleo a media jornada.

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