La prestación de este servicio, cuyo coste aproximado será de unos 26 millones de euros, se efectuará mediante el "uso tutelado", con una fórmula que se llevará a cabo por primera vez en España y que está prevista en la ley, ha explicado el ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, en la rueda de prensa posterior a la celebración del Pleno del Consejo.
Esta fórmula, ha señalado, consiste en que, con cargo a las arcas del Estado, a través del Ministerio de Sanidad, se financia un tratamiento que está sometido a un proceso de evaluación buscando las mejores evidencias médicas y científicas.
El Ministerio de Sanidad y Consumo había llevado hoy al Consejo Interterritorial la propuesta para iniciar el procedimiento para la incorporación a la cartera de servicios de los tratamientos de la lipoatrofia facial en enfermos de sida.
Según ha señalado Soria, los primeros tratamientos anti retrovirales contra el sida tenían como efecto secundario la redistribución de la masa corporal, con pérdida de grasa muchas veces en el rostro, lo que hacía aparecer un factor de discriminación social al reconocer a la gente que se trataba por la desfiguración de la cara.
En España están afectados unos 14.000 pacientes, que fueron los que tomaron los primeros anti retrovirales, ya que los de ahora no producen lipodistrofia tan manifiesta, ha agregado el ministro.
El tratamiento de la lipoatrofia, cuyo objetivo es evitar la estigmatización de los pacientes de sida y así aumentar su calidad de vida, ya se ofrece en Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid y País Vasco.
Por otra parte, el ministro ha informado a los consejeros del proyecto de real decreto sobre disponibilidad de medicamentos en situaciones especiales y que, una vez finalizado el plazo de alegaciones y de trámite de audiencia con los sectores afectados, deberá ser analizado por el Consejo de Estado.
Según ha explicado Soria, en determinadas patologías, sobre todo de cáncer, se necesita el uso de medicamentos que aún no están disponibles, no han terminado el proceso de autorización administrativa o se están utilizando en otro país.
Con el proyecto se pretende garantizar la disponibilidad de estos medicamentos para patologías que, debido a su nivel de gravedad y urgencia, exigen un tratamiento específico.
Así, se agilizarán los trámites para importar fármacos extranjeros no disponibles ni autorizados en España.
En la actualidad, la Agencia española de Medicamentos y Productos Sanitarios recibe unas 30.000 solicitudes anuales de autorizaciones individuales, el 30 por ciento de ellas de medicamentos en fase de investigación y el 70 por ciento restante para uso en condiciones diferentes de las autorizadas.
