Tres meses después del acuerdo no ha salido ni un solo menor de Canarias

El traslado de niños y adolescentes migrantes está estancado. Han pasado ya tres meses desde que se pactó en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia el reparto de 339 menores no acompañados entre todas las comunidades autónomas y no se ha dado ni un paso adelante. Solo Galicia, Madrid y Aragón han iniciado los trámites para redactar el protocolo en el que fijan el número de plazas que tienen disponibles y los perfiles que aceptan recibir. "No se ha enviado a la Península a ningún menor. No hay avances en ningún sentido", lamenta el viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Francis Candil, quien explica que solo tres comunidades han empezado a trabajar en la burocracia que requieren las derivaciones, mientras que las demás regiones "no han dado ni señales de vida".

Lo más preocupante, a juicio de Candil, es que no se haya conseguido fijar unos plazos límite en los que ejecutar el reparto. Por esto, una de las claves de la reunión mantenida la semana pasada con la ministra de Infancia y Juventud, Sira Riego, fue la de insistir en la necesidad de convocar un nuevo encuentro de la conferencia sectorial, para establecer un calendario que evite que los plazos se eternicen mientras Canarias "sigue soportando la presión en solitario".

Actualmente el Gobierno regional tiene bajo su tutela a más de 4.700 niños y adolescentes migrantes que han llegado a las Islas sin el apoyo de un familiar, frente a los 3.300 que había en octubre, cuando se acordó la derivación de 339 menores a otras comunidades. A estos se sumarían los 368 niños que se trasladaron a la Península entre 2021 y 2023, como parte de un acuerdo previo a la conferencia sectorial. "Son unos traslados ridículos ante las cifras que estamos manejando en Canarias", señala Candil. En los últimos tres meses se ha producido un incremento del flujo de llegadas al Archipiélago que ha llevado al límite la red de acogida que lleva años saturada. "El sistema de protección ha quebrado. No estaba preparado para esta situación, por eso reclamamos al Gobierno una intervención de Estado ante una situación excepcional", subraya el viceconsejero de Bienestar Social.

Canarias cuenta actualmente con 66 dispositivos de acogida para niños y adolescentes migrantes, que se han puesto en marcha "a un ritmo sin precedentes en el país". Así, Candil sostiene que el Estado "no puede ser cómplice de una situación de abandono a una comunidad autónoma que vive la crisis migratoria más grave de la historia" y defiende que lo que debe primar siempre en la gestión de esta emergencia humanitaria es la protección de los menores.

Más financiación

En la última conferencia sectorial se fijó una partida de 20 millones de euros para la acogida solidaria por parte de las comunidades autónomas de los 339 niños y adolescentes que están pendientes de ser trasladados. Las comunidades autónomas nunca se han negado a recibir menores llegados a las Islas, pero sí se plantan ante el Estado para que les garantice una financiación que permita sufragar los gastos derivados de su atención. Así, Canarias ha solicitado al Ministerio de Infancia y Juventud que incremente el presupuesto destinado a que las comunidades autónomas puedan acoger a más menores migrantes en 2024. A principios de diciembre, el Consejo de Ministros aprobó una partida de 20 millones de euros para costear la acogida de 396 niños y adolescentes migrantes no acompañados (los 339 de Canarias y otros 57 de Ceuta).

El Gobierno de Canarias trabaja en un texto con el borrador de las modificaciones que considera que hay que realizar para agilizar el reparto equitativo de menores entre todas las comunidades autónomas. Según el presidente del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo, el documento podrá estar listo antes de que finalice enero y después lo remitirán al Gobierno de España. Candil sostiene que la línea de trabajo es primar la rapidez, para poder "responder a la mayor brevedad posible y con las modificaciones más ágiles posibles".

51 niños muertos en ruta

Save the Children ha solicitado a la Comisión Interministerial de Migraciones que promueva un enfoque adecuado en la acogida de los niños y adolescentes migrantes y que fomente su reparto entre todas las comunidades autónomas del país, pues actualmente Canarias soporta la presión en solitario. Para esta organización, la nueva comisión que dirigirá el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, es un organismo esencial porque "es necesario que se dé un impulso adicional a la cuestión crucial del reparto de niños y niñas sin referentes familiares entre comunidades autónomas».

La oenegé recuerda en un comunicado que en 2023 llegaron a España 5.151 menores, lo que supone un 116,8 % más que el año anterior, cuando se registró la llegada de 2.375. La inmensa mayoría de esos menores eran varones, aunque en los últimos meses se ha constatado un incremento de la llegada de niñas a través de la ruta atlántica.

A juicio de la directora de políticas de infancia de Save the Children, Catalina Perazzo, una de las razones por las que se ha visto este crecimiento de las llegadas a Canarias se encuentra en la situación crítica que se vive en el Magreb y en otros países cercanos, como Senegal. Este último país, explicó, sufre una crisis social y política que ha desembocado en disturbios y enfrentamientos y que puede ser una de las razones por las que miles de personas migraron en octubre, mes en el que las Islas recibieron casi 15.000 personas llegadas a bordo de embarcaciones precarias. 

La oenegé recuerda que a finales de diciembre se conoció la muerte de un niño y de un joven de 18 años por frío en un cayuco rescatado en Canarias. El número de menores que han muerto en su ruta migratoria hacia España es de al menos 51, si bien la Organización Internacional para las Migraciones reconoce que podrían ser muchos más, pues en sus registros no cuentan los naufragios silenciosos, en los que no quedan supervivientes para relatar lo ocurrido. Son menores que huyen de países en guerra, de entornos hostiles o de la falta de oportunidades en sus países de origen, recalca la oenegé, que pide, además de esa coordinación entre comunidades y la creación de un protocolo, más plazas y financiación.

Suscríbete para seguir leyendo