La sentencia de un tribunal de la Audiencia provincial ratificando la exculpación del exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi de haber cometido tres delitos fiscales y uno de cohecho, pese a precisar que de haber juzgado esta sala el caso el fallo habría sido condenatorio, podría no ser la última palabra en un proceso que data de 2013.
Después de estudiar la resolución, la Abogacía del Estado ha decidido presentar un incidente de nulidad como paso previo a la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la absolución del expolítico del PP y de los tres empresarios que le acompañaron en el banquillo de los acusados.
La Agencia Tributaria, que junto a la Fiscalía acusaba al exregidor de haber defraudado a Hacienda 682.000 euros, alega la vulneración del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva (es decir, obtener una sentencia fundada en Derecho) provocada por el fallo de la Audiencia. Una resolución que paradójicamente, y aún señalando numerosas anomalías en la dictada por el juez que juzgó este proceso en primera instancia, acaba confirmando su fallo absolutorio. Un magistrado, Eugenio Alarcón, que mantuvo la causa paralizada durante más de dos años sin justificación, al que el CGPJ abrió una inspección por el número de asuntos que llegó a acumular sin resolver y que cuando fue sancionado por ello comenzó a poner sentencias a destajo llegando incluso a las treinta al día. Una de ellas, la de Alperi.
Tras las rotundas afirmaciones de los magistrados de la Audiencia, que destacan entre otras apreciaciones «lo acertado de la pretensión acusatoria» o las «circunstancias sobredimensionadas de que se valió el juez para absolver», la Abogacía del Estado va a pelear para que el Constitucional anule esta sentencia. Un decisión que permitiría a la sala dictar otra acorde a su convicción de que el caso tendría que haber acabado en condena. Es decir, anulando la absolutoria para que otro juez vuelva a juzgar el asunto.
Todo apunta a que la Fiscalía, que de momento no se ha pronunciado sobre si también recurrirá, podría optar solo por apoyar el escrito que presente la Abogacía del Estado.
