La Audiencia Provincial sienta en el banquillo desde este lunes a una red organizada a la que se atribuyen un total de 17 asaltos a viviendas de Alicante, El Campello, Benidorm, así como en distintas localidades de las provincias de Valencia y Málaga. En total hay seis acusados, de los cuales cuatro se encuentran en prisión preventiva, otro está en libertad y un sexto está en paradero desconocido y no ha podido ser enjuiciado. El grupo se movía de manera itinerante para cometer sus robos y en algunas de sus fugas llegaron a utilizar el Tram para marcharse con el botín. En estos casos, la estaciones se encontraban cercanas a las urbanizaciones donde se habían perpetrado los robos. Las imágenes de las cámaras de seguridad es una de las pruebas en las que se basa la Fiscalía para incriminarles, aunque todos ellos han negado su participación en los robos y sostienen que ni siquiera se conocen entre sí. Ni siquiera se han reconocido en los fotogramas extraídos de las cámaras y sostienen que no son ellos. Todos ellos han negado su participación en los hechos y tres se han acogido a su derecho a responder solo a su abogado.
Los robos que se les imputan se cometieron entre los años 2018 y 2021, hasta que fueron detenidos. La Fiscalía les acusa de ser una banda perfectamente estructurada, con un reparto de funciones en cada golpe en el que, mientras unos entraban en la casa, otros se dedicaban a vigilar el exterior. La banda accedió a los pisos bien forzando las cerraduras, o mediante el método del resbalón. En algunos casos, buscando posibles objetivos y estudiando los horarios de sus moradores de las viviendas asaltadas, para asegurarse de que no había nadie en el interior. Cuando eran sorprendidos por los dueños en mitad de la casa, no dudaban en emplear la violencia y enfrentarse a ellos para darse después a la fuga. Bicicletas, relojes, joyas, artículos de lujo, dinero en efectivo, videoconsolas y otros dispositivos electrónicos figuraban entre los botines buscados y que posteriormente eran revendidos como artículos de segunda mano. En uno de los golpes cometidos en Marbella, consiguieron llevarse efectos valorados en 28.000 euros; mientras que en un domicilio de València huyeron con una caja de caudales. La Fiscalía pide para ellos penas que oscilan entre los tres y los catorce años de prisión, en función del grado de participación de cada uno en los hechos.
La pista que ayudó a las Fuerzas de Seguridad a ir identificando a los acusados fue un robo cometido el 4 de noviembre de 2020 en Alicante en un edificio de Alicante. Los asaltantes habían estado ya en otro piso y habían agredido a su propietario y tuvieron que huir por la azotea a raíz de que un vecino llamara a la Policía. Los agentes identificaron al presunto cabecilla de la banda, Ahmed. D., un hombre que recientemente había cumplido condena por delitos similares, y a raíz de la intervención de su teléfono dieron con el resto de los miembros. Este acusado admitió al inicio de la vista haber participado en algunos de los robos de los que se le acusaba, "no en todos", y aseguró que "no tenía trabajo, ni ninguna ayuda. Al no contar con permiso de residencia, nadie quería contratarme, por lo que no podía trabajar", ha asegurado a su letrado. De las escuchas de su teléfono se pudieron esclarecer otros robos que ahora se atribuyen a la banda.
Un segundo procesado admitió que tuvo alojado al presunto cabecilla de la banda en su casa unos días, pero negó su participación en los robos. "Me pidieron que le hiciera el favor, porque no tenía a donde ir", ha dicho. Ambos fueron grabados por las cámaras de estaciones del Tram en El Campello en dos de los robos. Solo se ha reconocido en una de las imágenes, señalando que fue a llevar a Ahmed para ayudarle a comprar unas bicicletas a unos amigos marroquíes. En el robo que se le imputa, desaparecieron dos bicicletas. De su interrogatorio se deslizó que algunos de los objetos se vendían en el mercado de artículos de segunda mano. Admitió que Ahmed le estuvo preguntando acerca del posible precio que podían sacar en Wallapop por una consola, pero señaló que desconocía que era robada. Del mismo modo, otros dos acusados negaron cualquier implicación en los hechos. Aunque se les imputan robos cometidos en Málaga, aseguraron que ni siquiera habían estado allí. Solo uno de ellos admitió haber estado en una urbanización donde se cometieron algunos de los robos, alegando que iba a ver a una novia que vivía allí.
Otro de los principales acusados aseguró que está en esta causa por un error y que las Fuerzas de Seguridad le confunden con su hermano. En esta línea aseguró que su familiar le había cogido el coche en más de una ocasión al ser preguntado por qué la Policía había detectado este vehículo en las proximidades de algunas de las casas asaltadas. Aunque la investigación le achaca algunos asaltos perpetrados en València ha asegurado que nunca estuvo allí. Su defensa, el abogado José Soler, ha planteado al tribunal que se vulneraron los derechos fundamentales de su representado al ser imputado por robos en València en el último momento de la instrucción y sin posibilidad de poder defenderse. Aunque esta petición de nulidad fue rechazada inicialmente y se resolverá en la sentencia, el tribunal expulsó del proceso a la abogada de la acusación particular ejercida por una de las víctimas en València, por no estar legitimada su presencia en el proceso.
