El proceso por el agujero contable de más de 400.0000 euros en el Colegio Provincial de Graduados Sociales de Alicante podría cerrarse con una conformidad, con la que que la entidad podría recuperar la mitad del dinero presuntamente desviado. El que fuera presidente del colegio y acusado del presunto agujero, Francisco Javier Méndez Jara, está negociando un acuerdo con la Fiscalía y la acusación particular para declararse culpable de los delitos que se le imputan y restituir al menos 200.000 euros del dinero que se le reclama. Todo ello, a cambio de una rebaja en la condena que se le imponga.
El juicio tenía que haber comenzado este lunes en la Audiencia Provincial de Alicante, pero ante la posibilidad de acuerdo, la sala ha optado por suspenderlo hasta el 16 de mayo a fin de comprobar que el acusado haya pagado las cantidades pactadas. En caso de que no se haya efectuado ingreso alguno, el juicio se retomará el día 23. Estos 200.000 euros se corresponderían con el reconocimiento de deuda que firmó Méndez Jara tras su dimisión y que se había comprometido a devolver en el plazo de cuatro años.
El expresidente de los Graduados Sociales, que también fue consejero del Hércules CF, está acusado de haber desviado fondos de las cuentas del colegio a sus cuentas particulares entre los años 2014 y 2016, mediante transferencias, traspasos y cheques, así como de haber cargado gastos y conceptos injustificados efectuados con la Visa de la entidad y cuyo beneficiario era el acusado. La querella se presentó La Fiscalía reclama para Méndez la pena de cuatro años y medio de prisión por un delito continuado de apropiación indebida; mientras que el Colegio Provincial de Graduados Sociales, la institución que el acusado presidió durante catorce años, le pide seis años.
El juicio por el agujero contable en el colegio tenía que haberse celebrado a mediados del pasado mes de febrero, pero en aquella ocasión tuvo que suspenderse debido a que Méndez Jara hizo llegar a la sala que estaba pendiente del resultado de una PCR por un posible contagio de Covid.
La excusa del covid
El tribunal optó por la suspensión, dado que por aquellas fechas la incidencia del virus estaba desbocada. Sin embargo, no tardaron en llegar a avisos de los numerosos antecedentes de suspensiones que este mismo acusado ha venido acumulando en los últimos dos años en otras causas que tenía pendientes en otras salas. Hasta ocho suspensiones diferentes, principalmente alegaciones de tipo médico, entre ellas situaciones de aislamiento por posibles contagios de covid.
En algunas de las causas que tenía en otras salas, iba al banquillo acusado de haberse apropiado del dinero de indemnizaciones de despido de personas a las que había representado como abogado.
El tribunal había señalado nuevamente la vista para este lunes y la duda estaba en saber si surgiría alguna incidencia que obligara a una nueva suspensión. Esta vez Méndez sí que se presentó, acompañado de su abogado, y planteando la posibilidad de llegar a un acuerdo. Un pacto al que tanto la Fiscalía como el colegio eran reticentes, dado que el procesado se había comprometido a pagar la totalidad del dinero reclamado en un plazo de cuatro años y todavía no lo había hecho. Cualquier acuerdo pasaría por el pago de una parte importante de las responsabilidades civiles que se están reclamando.
Recuperar el dinero
Dar unos días de plazo para que se pague el dinero no es una causa prevista para la suspensión de un juicio, pero las acusaciones han optado por esta solución ante la posibilidad de recuperar una parte del dinero que se le reclamaba. Antes del 16 de mayo, Méndez se ha comprometido a pagar 200.000 euros del dinero que se le reclama. "No es todo el dinero, pero el colegio habría recuperado más de la mitad de lo que se está pidiendo como responsabilidad civil", explicó a este diario el letrado Evaristo Llanos, que ejerce la acusación en nombre del colegio. La defensa de Méndez, el abogado Rafael Mira Miralles, aseguró que hablarían una vez que haya terminado el juicio. En su día, Méndez ya había abonado otros 50.000 euros al inicio del procedimiento, pero el pago podría haberse realizado para evitar el ingreso en prisión. La recuperación del dinero ha sido una de las prioridades del colegio, que quedó en una precaria situación económica a raíz del agujero contable.
Méndez dimitió de su cargo al frente del Colegio de Graduados Sociales en septiembre de 2016, en el que llevaba de manera ininterrumpida desde el año 2002. Una denuncia interpuesta por varios colegiados de Alicante ante el Colegio Oficial de Graduados Sociales de España puso en marcha la investigación que acabó con el expresidente de la entidad en el banquillo, una vez que se auditaron las cuentas y se detectaron irregularidades.
Viajes a Sudamérica y Formentera antes de la dimisión de la entidad
Antes de la dimisión de Francisco Javier Méndez Jara de la presidencia del Colegio de Graduados Sociales, las auditorías internas detectaron gastos injustificados con la tarjeta Visa de la entidad durante viajes a Sudamérica, concretamente a Perú y Colombia, así como a Formentera durante el verano de 2016. En ellos se pagaron a costa del colegio gastos de restaurante y de hotel que ascendían a cerca de 2.600 y 2.337 euros, para actividades que no tenían nada que ver con la actividad colegial. La auditoría recogía otros cargos irregulares en estas tarjetas, como el efectuado en un night club de Milán, en Nueva York o en el conocido Pigmalión de Madrid. Entre los gastos de la VISA había un pago de 2.515 euros ese verano en el hotel Asia Gardens de Benidorm, varios cargos en El Corte Inglés, en un taller de coches de Alicante, en Bruselas, una multa de 50 euros y numerosas compras de entradas, sin que figuraran detalles de las mismas. Unos gastos que se van a tener que analizar en caso de que se celebre el juicio. J. A. M.
