El Ministerio de Justicia ha suprimido de un plumazo el plan de refuerzos del juzgado de cláusulas suelo de Alicante con más de 3.000 asuntos todavía por resolver y cerca de 700 juicios que ya estaban señalados y se han quedado sin juzgador. La medida ha llegado de la noche a la mañana, a pesar de que tanto el Tribunal Superior Justicia (TSJ) como el Consejo General del Poder Judicial habían emitido informes favorables a mantener el plan de refuerzos en dicho órgano judicial.
El juzgado especializado en cláusulas suelo se creó en 2017 y tiene ámbito provincial. Desde su puesta en marcha, ha recibido cerca de 27.000 demandas y el ritmo de entrada no asuntos, no solo se mantiene, sino que hay sentencias pendientes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre gastos hipotecarios, que podrían suponer la entrada de una nueva avalancha de asuntos, según han alertado fuentes del Palacio de Justicia de Benalúa. Todos los asuntos se centralizaron en el juzgado de Primera Instancia número cinco de Alicante, que inicialmente tuvo que compaginar los pleitos por hipotecas con otro tipo de asuntos, pero con el tiempo esa decisión se corrigió y se decidió darle en exclusiva los pleitos bancarios.
El Gobierno Central esgrime razones presupuestarias para no poder continuar con el plan de refuerzos. La duda está en si se trata de una situación puntual y hay posibilidad de retomar las medidas de apoyo el próximo año, o si por el contrario de trata de una medida sin vuelta atrás. Desde el Palacio de Justicia alicantino, se confía en que en enero se puedan volver a mantener los apoyos.
La creación de los juzgados especializados en cláusulas suelo fue consecuencia de una sentencia europea que declaraba ilegal esta práctica. La finalidad era concentrar todas las demandas en un único juzgado, para evitar que la avalancha de asuntos colapsara la jurisdicción civil. A fin de poder ir dando respuesta a todos los casos que iban llegando, la medida adoptada era ir nombrando jueces de refuerzo que se iban a encargar de celebrar los juicios, dictar sentencia y ejecutar la resolución.
"No se trata de resoluciones complicadas, pero son muchos asuntos que hay que señalar, sentenciar y hacerlas cumplir", explicaron estas fuentes. La sobrecarga de trabajo llegó a causar en sus inicios demoras de hasta dos años, pero con el tiempo se había ido consiguiendo reducir la demora, con un importante esfuerzo para agilizar los señalamientos.
De esta manera, además del magistrado titular de juzgado, se nombró a otro juez sustituto y, con los meses, se han ido nombrando a otros cinco magistrados de apoyo, procedentes de otros órganos judiciales, en comisión de servicio que se irían encargando de reducir los asuntos pendientes. Por su parte, desde la Conselleria de Justicia se puso en marcha también un plan de refuerzo de funcionarios para garantizar que los juicios se celebraran a buen ritmo. Son estos cinco magistrados en comisión de servicio los que desde este miércoles dejan de prestar sus servicios en el juzgado. Todo apunta a que los refuerzos de funcionarios también podrían cesar con la marcha de los jueces.
Alta litigiosidad
Aunque en otras provincias españolas, el plan de refuerzo se dio por acabado el año pasado, en Alicante el alto volumen de entrada de asuntos obligaba a seguir manteniéndolo. “Esta provincia es una de las que más demandas hay en toda España”, indicaron las citadas fuentes. La situación había levantado ampollas entre la judicatura alicantina por el hecho de que en Valencia, hubiera mayor volumen de apoyos que en Alicante, a pesar de que las cifras de la provincia eran cuando no similares, muy superiores a las de la capital del Turia. Vistas telemáticas, juicios por la tarde fueron algunas de las medidas extraordinaria que durante la pandemia se adoptaron para evitar que la lista de espera en resolver se demorara demasiado en el tiempo. Desde este miércoles, solo se quedarán el juez titular y una sustituta.
Las estimaciones que desde el Palacio de Justicia se han efectuado apuntan a que un total de 700 sentencias se podrían dejar de poner de aquí a final de año como consecuencia de los recortes. En estos momentos, el juzgado está registrando una media de 1.100 asuntos por cada trimestre.
Desde 2017 se han dictado un total de 24.000 sentencias, pero las cifras no parece que estén por bajar. Desde su puesta en marcha, el volumen de demandas del juzgado iba subiendo a medida que la Justicia europea o los altos tribunales españoles dictaban sentencias que podían dar lugar a nuevas reclamaciones contra bancos.
En estos momentos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene pendientes una resolución sobre cuándo empieza el plazo de prescripción de los gastos hipotecarios; y otra sobre las comisiones de apertura de los préstamos hipotecarios. Lo que decida la Justicia europea podría dar pie a una nueva avalancha de asuntos y que agravaría esta situación de colapso.
La situación en la Audiencia
Los recortes han llegado también a la Audiencia, donde los recursos contra las sentencias de asuntos de cláusulas suelo se resolvían en la Sección Octava, encargada de los pleitos mercantiles y de los asuntos de marca comunitaria. Los magistrados de apoyo se habían ido retirando desde este verano. Para corregir la situación, ante el final de los refuerzos se han empezado a repartir los asuntos entre las distintas secciones civiles de modo que la Octava ya no los lleva en exclusiva.
