Justicia pide otro juzgado de malos tratos en Alicante para dar asistencia las 24 horas

 La Conselleria de Justicia reclamará al Gobierno Central la creación de dos nuevos juzgados en Alicante exclusivos en materia de violencia de género para garantizar una especialización real en la materia y con el objetivo de que entraran en funcionamiento a lo largo del actual 2023. Se trataría del juzgado de Violencia sobre la Mujer número cuatro de Alicante para tramitar las denuncias y otro nuevo juzgado de lo Penal para celebrar los juicios y permitiría concentrar en dos órganos estas vistas. 

El asunto se abordó en una reunión celebrada en la Casa de las Brujas, sede del Consell en Alicante, entre la consellera Gabriela Bravo y representantes de la Fiscalía, de la judicatura, Letrados de la Administración de Justicia y del Instituto de Medicina Legal, con el objetivo de abordar medidas y políticas para luchar contra la violencia de género. Bravo expresó su preocupación por los datos con los que ha arrancado el año, con tres mujeres asesinadas. Mientras que en el 40% de los crímenes machistas, las víctimas habían presentado denuncia, datos que "nos obligan a seguir trabajando para buscar los mejores recursos y procedimientos para poder abordar esta lacra", dijo Bravo. 

Hace apenas dos semanas que en Alicante se puso en marcha el juzgado de Violencia sobre la Mujer número tres Alicante y desde la Conselleria ya se va a pedir el cuarto "porque nos interesa que Alicante siendo la quinta ciudad en España en número de habitantes disponga de un servicio de guardias de 24 horas para la violencia de género", dijo Bravo. En estos momentos, los juzgados de malos tratos están en funcionamiento por la mañana y los asuntos de violencia que entran por la tarde o el fin de semana tienen que ser asumidos por el juzgado de Instrucción que se encuentre de guardia. "Una ciudad como Alicante requiere un servicio como el de València u otras ciudades de España", ha dicho Bravo.

El nuevo juzgado de malos tratos de Alicante arranca con las obras sin terminar y despachos en la escalera

La consellera recalcó que con los tres juzgados que ya tiene Alicante, la carga de trabajo está más o menos en la media que ha fijado el Consejo General del Poder Judicial (sobre 1.600 asuntos por juzgado al año), pero la violencia de género "no es una cosa de cifras. Una mujer asesinada no es un número, es una vida que no tiene precio", subrayó y un juzgado con menor carga de trabajo será más ágil en resolver los procedimientos. "Los parámetros no tienen nada que ver con los de otros juzgados", dijo.

Juzgados de lo Penal

Asimismo se pedirá la creación de un nuevo juzgado de lo Penal en Alicante para poder especializarlo en juzgar asuntos de violencia de género. En su día, el Ministerio de Justicia solo puso en marcha uno de los dos juzgados de lo Penal que se reclamaban para Alicante y con los que se pretendía llevar a cabo este plan de especialización. Desde el Consejo General del Poder Judicial se alertó de que los riesgos de colapso por dejar todos los casos de violencia de género en un solo juzgado y la medida aun no se ha podido llevar a cabo. A la espera de que el Gobierno dé luz verde a este segundo juzgado de lo Penal, los juicios por violencia de género se están repartiendo entre los diez órganos penales del partido judicial de Alicante. "En la fase de enjuiciamiento también debe de haber jueces y fiscales especializados", dijo la consellera.

Bravo aseguró que "nuestra prioridad ha sido atender a las víctimas desde el primer día. Desde las Oficinas de Denuncias que hemos puesto en marcha en las tres provincias en estos tres años, la última de ellas aquí hace un mes y medio y que ya ha atendido a 54 víctimas en su primer mes. Hemos creado cinco juzgados exclusivos para atender la violencia de género y vamos a seguir creciendo porque nosotros apostamos por una jurisdicción especializada que permita la adecuada coordinación y permite coordinar todos los recursos para que jueces y fiscales también puedan disponer de los informes de riesgo, que no cuenten solo con el informe policial, sino del que se emita por la Unidad de Valoración Integral Forense. Necesitamos conocerlo todo para poder protegerlas a ellas de la forma más eficaz posible".

Reordenación judicial

Bravo señaló que aun era pronto para conocer los resultados de la reagrupación del mapa judicial para el reparto de los asuntos de violencia de género, ya que lleva unos pocos días en vigor, pero indicó que «estamos muy pendientes, aunque de momento no ha habido ninguna incidencia». 

En la provincia de Alicante, la reordenación ha supuesto que el partido judicial de Alicante asuma los casos de violencia machista de San Vicente; Elche los, de Novelda; y Benidorm, los de La Vila Joiosa. Medida con la que se busca que las denuncias se tramiten por juzgados especializados en la materia. En los pequeños partidos judiciales, los casos se tramitaban con el resto de asuntos civiles y penales.

No obstante, la consellera ha insistido en que la responsabilidad de cada asesinato machista "es del asesino" por lo que, además de "centrar la lucha en la adecuada respuesta en lo penal", como sociedad "no podemos seguir fallando a la hora de construir una sociedad de respeto de valores, una sociedad que no discrimine a las personas por razón de su sexo; una sociedad que permita que el 50 por ciento de sus miembros vivan amenazados por ser mujeres". Por todo ello, a su juicio "fallamos en la educación", ha concluido.

Pocas valoraciones de riesgo

La consellera de Justicia expresó su preocupación por la escasa petición de informes de valoración del riesgo para las víctimas que llegan a los forenses desde los juzgados. "Las evaluaciones que llegan son muy escasas", ha dicho, a pesar de que "es una información muy necesaria para que el juez tenga conocimiento de cuál es la situación de la mujer, su vulnerabilidad, la peligrosidad del acusado". A pesar de que se ha hecho un esfuerzo para que estas 16 Unidades Integrales de Valoración del Riesgo estén presentes no solo en las capitales de provincia, sino en varias comarcas, las peticiones siguen siendo escasas, motivo por el que se van a estudiar las causas y se va a elaborar un protocolo para activar este mecanismo. En la provincia, funcionan en Alicante, Elche, Benidorm, e Ibi y está previsto poner otra en marcha en Dénia antes de final de año. La petición de estos informes corresponde al juez de oficio, a la Fiscalía o bien a los representantes legales de las víctimas.