Piden 4 años de cárcel a un abogado de Alicante por estafar a una clienta

La Fiscalía ha solicitado cuatro años de prisión para un abogado de Alicante por un delito continuado de falsedad documental en concurso con un delito de estafa agravada al haber engañado presuntamente a una clienta en la tramitación de un procedimiento judicial. El Ministerio Público ha decidido mantener en un juicio celebrado en la Audiencia la petición de cárcel de una indemnización de 535.000 euros pese a que la víctima, que residía en Suiza, ha fallecido y sus herederos han renunciado a continuar con su reclamación.

El abogado se ha declarado inocente y su letrado defensor, Rubén Pérez, ha solicitado su absolución y la exclusión de la declaración prestada en su día por la clienta en fase de instrucción al no estar presente la defensa del investigado, cuestión que ha sido aceptada por el tribunal.

Según la acusación pública, la víctima contactó con el abogado de Alicante en octubre de 2011 para que se encargara de un asunto por apropiación indebida por parte de unas familiares de su padre que, supuestamente, le habrían robado dinero de sus cuentas bancarias. El procesado, según la Fiscalía, le hizo creer a la mujer que iniciaba un procedimiento y le exigió dinero en concepto de provisiones de fondos, depósitos y fianza.

Así consiguió que le entregara hasta 226.000 euros y el abogado la habría engañado elaborado resoluciones judiciales simuladas, convocando a la víctima en varias ocasiones a un juicio ficticio, que siempre se suspendía, e incluso le hizo creer que habían detenido a sus familiares y que había recurrido ante el Tribunal Constitucional.

Según el Ministerio Público, la perjudicada tuvo que vender su casa en Suiza para hacer frente a las continuas demandas de dinero del encausado. Los 535.000 euros que reclama de indemnización son por el perjuicio económico que sufrió, los gastos de los viajes y los daños psicológicos que le generó.

El letrado ha negado en su declaración haber enviado unos correos electrónicos y ha asegurado que no inició ningún procedimiento en nombre de ella. Ha señalado que durante los ocho años que estuvo trabajando para ella le entregó "unos 90.000 euros" y que le contrató para "mover el patrimonio" de su padre, ya que era su tutora tras haber quedado discapacitado por un accidente y haber cobrado una indemnización de más de 800.000 euros.

Pese a que el tribunal no ha admitido la testifical de la víctima, la fiscal del caso ha señalado en su informe que hay múltiples documentos que demuestran el engaño, entre ellos un contrato que la clienta no firmó, según un informe pericial.