La huelga judicial genera dudas sobre la autorización de las escuchas telefónicas
La comisión de Policía Judicial de Alicante aborda cómo deben reclamar los pinchazos las Fuerzas de Seguridad para que los paros no frenen las investigaciones. El seguimiento en la tercera jornada de protestas se mantiene en un 82% en la provincia
Una vista general de la reunión de este jueves de la comisión provincial de Policía Judicial en los juzgados de Pardo Gimeno. / HECTOR FUENTES
¿Puede dejar la huelga de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) sin posibilidad de que las Fuerzas de Seguridad puedan pedir a los juzgados intervenir un teléfono? Los paros han generado dudas en el colectivo judicial sobre si las peticiones de estas órdenes pueden ser consideradas o no amparadas por los servicios mínimos, hasta el punto de que el asunto tuvo que tratarse en la comisión provincial de Policía Judicial de Alicante para evitar que las autorizaciones de pinchazos quedaran paralizadas sobre una mesa de asuntos sin tramitar. La huelga entró este jueves en su tercer día y el índice de seguimiento en la provincia se mantenía en el 82%.
La orden del Ministerio de Justicia en la que se establecen los servicios mínimos para los paros habla genéricamente de que estos abarcan todo lo relativo a los derechos fundamentales. Sobre el papel, el secreto de las comunicaciones telefónicas es un derecho fundamental, en la práctica no todas las intervenciones solicitadas por las Fuerzas de Seguridad tienen por qué atenderse de inmediato. La firma del LAJ es un trámite imprescindible para cursar estas órdenes y, de hecho, es una de las primeras cosas que buscan las defensas en asuntos penales con pinchazos telefónicos de por medio para pedir posibles nulidades.
Juzgado de guardia
Las dudas que está generando esta ambigüedad en la orden de servicios mínimos han acabado este jueves en el orden del día de la comisión de Policía Judicial, el foro donde jueces, fiscales y Fuerzas de Seguridad se reúnen para fijar criterios y poner posturas en común en el trabajo diario. La comisión de cerró ninguna postura sobre este punto, limitándose a recomendar que se analice caso por caso. También se recomendó, para evitarse problemas, que las Fuerzas de Seguridad acudan directamente al juzgado de guardia para pedir la orden correspondiente.
«En el juzgado de guardia sí que se está atendiendo todo lo que entra» señaló el presidente de la Audiencia de Alicante, Juan Carlos Cerón. En cambio, admitió que puede haber algún problema si la solicitud llega a través del decanato, donde corre el riesgo de quedarse entre el montón de solicitudes que se quedan sin tramitar a causa de los paros.
Los letrados de la Administración de Justicia colgaron sus togas este jueves en el Palacio de Benalúa y distribuyeron esta imagen para evidenciar los efectos de su protesta y la paralización de los juzgados. Pasillos vacíos y togas colgadas es el mensaje que quisieron transmitir al Ministerio de Justicia, al que acusan de no querer llegar a un acuerdo que ponga fin a la huelga y a sus efectos y para el que basta aceptar lo que ya prometió. / Foto cedida
Fuentes del comité de huelga señalaron que no había constancia de alguna petición de esta índole que se esté quedando sin tramitar. «Sabemos donde estamos y con esta huelga no se busca causar daño por causar daño», explicaron Los huelguistas señalan que la orden del Ministerio es muy parca y deja abierta la posibilidad a que los efectos de esta huelga puedan ser aún peores, pero «también tenemos un sentido de la responsabilidad». De este modo, estas fuentes indicaron que bajo el paraguas de los derechos fundamentales en la práctica se estaban atendiendo peticiones que con una huelga deberían quedarse sobre la mesa.
El índice de seguimiento en la provincia de Alicante se mantenía este jueves en un 82%. Por zonas, en Alicante y Benidorm fue de un 90%; en Elche, el 95%; en Orihuela, Torrevieja, Ibi y San Vicente, el 100%; en Dénia, el 60%; en Alcoy, el 50%; en Novelda, el 66%; Elda y Villena, un 25%; y en La Vila Joiosa, un 0%. Los convocantes de la huelga prevén que las movilizaciones provoquen las suspensión de 1.150 juicios en Alicante en una semana.
Juzgados de malos tratos
La comisión de Policía Judicial abordó también los efectos de la comarcalización de los juzgados de malos tratos, donde se ha detectado un aumento de las denuncias en Alicante y Elche al tener que asumir los casos de San Vicente y Novelda, respectivamente, pero este incremento no ha generado incidencias.
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