La semana en que los letrados judiciales pueden parar los tribunales de Alicante

El colectivo tiene prevista el martes una huelga indefinida en los juzgados de consecuencias imprevisibles dado que en otros paros el índice de seguimiento en la provincia ha sido del 93%

Imagen de una concentración de Letrados de la Administración de Justicia en Benalúa el pasado diciembre.

Imagen de una concentración de Letrados de la Administración de Justicia en Benalúa el pasado diciembre. / Jose Navarro

J. A. Martínez

J. A. Martínez

Cuando los juzgados de la provincia de Alicante aun vienen arrastrando los problemas que generó la suspensión de la actividad judicial a causa del estado de alarma, otra amenaza se cierne en el horizonte. Los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), un colectivo que cuenta con 175 profesionales en la provincia de Alicante, han convocado a partir del martes una huelga de carácter indefinido y que puede colapsar la actividad judicial. Mientras que el seguimiento ha sido desigual en las distintas ciudades españolas, en la provincia de Alicante sí que ha sido masivo en las jornadas de paro convocadas hasta ahora y con índices del 93%. Por el momento, nada parece que vaya evitar los paros, porque el colectivo denuncia que el Ministerio de Justicia no ha tenido ninguna intención de llegar a un acuerdo con ellos.

El principal temor es que todo lo que se suspenda será difícil de encajar en unas agendas que ya están saturadas. En Penal, todavía hay un cierto margen porque siempre se dejan huecos para poder señalar aquellos juicios que tienen carácter de urgente. Pero en jurisdicciones como la Civil, la Contencioso Administrativo o la Social la cosa es más complicada. «Hay asuntos que no se van a poder señalar hasta dentro de dos años», aseguraron fuentes del Palacio de Justicia.

Por el momento, el colectivo de Letrados de la Administración de Justicia asegura que no va a dar su brazo a torcer y que hay por delante más de dos semanas de parón. «Esto no va a consistir en que se suspendan cuatro juicios», sostienen algunos letrados judiciales que piensan secundar la huelga, que insisten en que el responsable de lo que ocurra es el Ministerio por no negociar.

Algunos jueces ya empiezan a ver con preocupación los efectos de la huelga y sobre todo admiten que si el conflicto se eterniza, el resultado puede ser «un desastre» del que se va a tardar en levantar cabeza. Solamente los letrados de la administración de Justicia, anteriormente llamados secretarios judiciales, están llamados a seguir los paros. Ni los jueces, ni los funcionarios, ni los fiscales, ni el resto de los operadores jurídicos van a hacer huelga, pero van a tener sus funciones seriamente limitadas a causa de ella. 

Desde el año 2009, el colectivo de LAJ han ido asumiendo nuevas funciones en las distintas reformas que ha ido aprobando el Ejecutivo. Pero eran los años de la crisis y las políticas de austeridad, por lo que este aumento de la carga de trabajo no vino acompañado de la consiguiente subida de sueldo. Cuando parecía que habían llegado a un acuerdo con el Ministerio de Justicia, los LAJ se encontraron con que ninguno de los compromisos pactados se habían reflejado en los presupuestos. De las diez mejoras retributivas anunciadas en abril por el Ministerio de Justicia, los convocantes de la huelga denuncian que solo está en trámite un régimen de sustituciones. Las otras nueve no se han cumplido.

El lunes, para ir calentando motores, hay convocadas concentraciones a las puertas de los Palacios de Justicia a las doce del mediodía. Asimismo para el martes hay una concentración en Madrid a la que están llamados a participar LAJ de toda España. 

Ante los ninguneos de su interlocutora, algunos LAJ han escrito una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que intervenga en el conflicto, y evite la huelga indefinida. La ministra de Justicia, Pilar Llop, les instó a no sostener «posiciones maximalistas», palabras que no han sentado bien al colectivo.

Imagen de una concentración de los Letrados de la Administración de Justicia en Elche.

Imagen de una concentración de los Letrados de la Administración de Justicia en Elche. / Información

Preguntas y respuestas del conflicto

Togas en pie de guerra. Desde el martes, el colectivo de Letrados de la Administración de Justicia está llamado a una huelga indefinida. En los últimos meses del año ya tuvimos un preludio de lo que se podía esperar, tras cuatro jornadas de paros convocadas entre noviembre y diciembre. En ellos el seguimiento fue superior al de la media en España. La provincia de Alicante es uno de los territorios donde la participación ha sido masiva. Éstas son las claves del conflicto.

1) ¿Qué son los LAG? Son un cuerpo de funcionarios que constituyen un Cuerpo Superior Jurídico único, de carácter nacional, que ejercen sus funciones con carácter de autoridad. Pertenecen al grupo de funcionarios A1, al igual que los jueces y los fiscales.

2) ¿Qué funciones tienen? Son los responsables de la dirección de la Oficina Judicial. Sus funciones van desde la organización del trabajo a dar fe pública de los distintos actos procesales hasta el punto de que sin su firme puede ser nulo todo en una causa. Otros de sus cometidos son la estadística y dar impulso y ordenar el proceso.

3) ¿Por qué se le dieron más funciones? Desde 2009 los letrados judiciales han tenido que asumir nuevas funciones que hasta entonces estaban en manos de los magistrados. El objetivo era liberar a los jueces para que pudieran concentrarse en celebrar juicios y dictar sentencias. A cambio, al pasar las vistas a ser grabadas, se les liberó de estar en los juicios para centrarse en estos nuevos cometidos.

4) ¿Cuáles son los nuevos cometidos? La reforma dio muchas más competencias a los letrados judiciales tanto en el orden civil como en el penal, dictan resoluciones que ponen fin a esos procedimientos, como los decretos que cierran los procesos monitorios (reclamaciones de poca cuantía), las ejecuciones hipotecarias o las conciliaciones en pleitos laborales.  

5) ¿Por qué no subieron los salarios? Las reformas que ampliaron las funciones de los secretarios judiciales llegaron en plena crisis económica, en la que las Administración Pública estaba sujeta a estrictas políticas de recortes.

6) ¿Cuánto dinero se reclama? Los LAJ cifran en 27 millones el coste de sus peticiones, cifra que consideran asumible por la Administración.

7) ¿Por qué se ha reactivado el conflicto? Tras varios paros en abril y un acuerdo con el Ministerio, el conflicto se reactivó al ver que lo pactado no estaba en los presupuestos.

8) ¿Por qué hay tanta incidencia en la provincia? Alicante es una de las provincias con mayor carga de trabajo en España en todas las jurisdicciones y hay mucho descontento.