El padre de un joven esquizofrénico que mató a una chica pide cuentas a la Diputación de Alicante por no haberle internado

Cuatro días mediaron entre la negativa del centro Doctor Esquerdo de Alicante, dependiente de la Diputación, a atender la indicación del área de Psiquiatría del Hospital de San Joan de ingresar a un joven diagnosticado de esquizofrenia y el asesinato de una chica de 23 años, una vecina suya de El Campello a la que asestó 18 puñaladas cuando salía de su casa para ir a estudiar. 

Un crimen que además de acabar con la vida de esta joven, madre de dos críos de cuatro y dos años, y de destrozar la de sus padres, con los que vivía, ha obligado a la propia familia del autor a malvender su casa y a ambiar de lugar de residencia por el rechazo vecinal que la terrible acción de su hijo les ha acarreado.

Todas estas circunstancias está relatadas y documentadas en la reclamación de responsabilidad patrimonial que, como paso previo a la interposición de un recurso Contencioso-Administrativo, ha presentado a la Diputación el abogado Gabriel Echávarri en nombre del padre del joven, al que representa por el turno de oficio.

 El jurado popular que le juzgó le consideró autor de la muerte de Astrid Camila pero concluyó que era inimputable como consecuencia de la enfermedad que padecía. Se le impusieron 18 años de internamiento en el Psiquiátrico de Fontcalent, donde se encuentra.

El reconocimiento que se le practicó tras el crimen concluyó que sufrió «un episodio psicótico agudo en el curso de un trastorno esquizofrénico», un brote muy similar al que al que unas semanas antes del asesinato había obligado a internarle en el Hospital de Sant Joan, donde fue dado de alta unas semanas después con la recomendación expresa de que fuera ingresado en el Doctor Esquerdo.  

El escrito al que ahora tiene que responder la Diputación hace hincapié en el hecho de que la facultativa de este centro, contra la que también se dirige la reclamación, «despreciara» unos síntomas que sí valoraron  sus colegas de Sant Joan y el forense judicial.

Para Echávarri, «la responsabilidad de este centro y de la facultativa que firma el rechazo del ingreso es directa. Su error de valoración, no considerando adecuado su internamiento a pesar de la recomendación del hospital y de su estado, fue causa necesaria para la comisión del luctuoso suceso». Por lo que concluye que «es evidente que nos encontramos ante un supuesto de responsabilidad de la Administración Pública tanto frente al joven enfermo como frente a su familia».

Entre las consecuencias que están soportando sus familiares se citan los 700.000 euros a los que el agresor fue condenado en concepto de responsabilidad civil, y a los que tienen que hacer frente; el cambio de su domicilio por miedo a represalias o el abandono del instituto por parte de dos hermanas por el mismo motivo. 

Tras el crimen, se concreta, la familia tuvo que mudarse a una casa de campo que un familiar les cedió en Mutxamel teniendo que «malvender» la suya «aprovechándose terceros que, conocedores de la situación, la compraron por un precio inferior al de mercado».  

El letrado sostiene que el perjuicio sufrido por su cliente «fue importante tanto psicosocial como patrimonial y tiene su origen en los hechos cometidos por su hijo, los cuales no hubiesen sucedido de haber sido aceptado su ingreso en el centro Doctor Esquerdo el 9 de noviembre de 2020», cuatro días antes del crimen.

Para el cálculo de la responsabilidad patrimonial se fijan en 150.00 euros los daños sociales y psíquicos y en 52.000 lo que se perdió en la venta de la vivienda que tuvo que abandonar la familia.