La jueza del «caso pérgola» imputa al jefe de servicio del exedil Jiménez tras citarlo como testigo

La magistrada del juzgado de Instrucción número 9 de Alicante ha imputado, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, a un segundo jefe de servicio del Ayuntamiento en el «caso pérgola» por una presunta prevaricación administrativa en la tramitación y adjudicación de varios contratos de obras en la partida de La Alcoraya. Con esta imputación ya son seis las personas investigadas en la causa, entre ellas Manuel Jiménez y José Ramón González, exconcejales del PP y hombres fuertes en el anterior mandato del alcalde de Alicante Luis Barcala.

La jueza ha reanudado este viernes la toma declaraciones del caso y entre los citados se encontraban los jefes de servicio de Infraestructuras, Intervención y de Participación Ciudadana y Partidas Rurales. El primero de ellos ha acudido con abogado al ser citado en calidad de investigado y el de Participación Ciudadana y Partidas Rurales -la concejalía del exedil Jiménez- ha conocido su imputación cuando ha entrado a la sala para declarar como testigo y la magistrada se lo ha comunicado tras haberlo solicitado la Fiscalía.

La petición del Ministerio Público se realiza a raíz de la documentación remitida por el Ayuntamiento al juzgado sobre la reparación de un escenario en La Alcoraya, según fuentes judiciales. La investigación trata de aclarar si también hubo irregularidades en la adjudicación del contrato del escenario.

El jefe de Infraestructuras, que ha declarado asistido por el abogado Ignacio Gally, se ha desvinculado de los hechos investigados y ha asegurado que no tuvo participación alguna en el expediente de la pérgola en La Alcoraya. Asimismo, ha indicado que estaba de permiso cuando el entonces edil Jiménez se reunió con los funcionarios y aseguró que entre el 19 de noviembre y el 12 de diciembre sólo fue a trabajar dos días. También ha precisado que no firmó ningún documento relacionado con la pérgola.

El técnico ha resaltado que la ejecución de los trabajos por parte de la Concejalía de Participación Ciudadana y Partidas Rurales con cargo a la adjudicación presupuestaria de Infraestructuras es acorde a ley y que no se incurrió en ningún tipo de irregularidad. El jefe de Infraestructuras ha explicado además por qué las obras ejecutadas no pueden constituir una unidad funcional.

En su declaración ha llegado a señalar que cuando se hizo la memoria del circuito saludable en La Alcoraya -otro de los contratos bajo sospecha- ya se había solicitado la pérgola.

En cuanto a la comparecencia como testigo del jefe de servicio de Intervención, fuentes cercanas al caso han indicado que ha señalado que no encuentra una explicación coherente a cómo se hizo la contratación y otras fuentes han añadido que ha reconocido que no miró las firmas.

Por su parte, una funcionaria de Intervención del Ayuntamiento ha afirmado en su comparecencia que no intervino en el asunto ni autorizó que se hiciera así, que únicamente habló con el exconcejal Manuel Jiménez. Igualmente, ha manifestado que al respetarse la estructura funcional y económica del presupuesto de la pérgola no constituye ningún infracción o irregularidad que quien pague sea Infraestructuras si lo pide Partidas Rurales.

La defensa del constructor de la pérgola investigado en la causa ha aportado al juzgado las facturas y documentación de Hacienda sobre las obras de reforma que hizo en el domicilio del exedil Jiménez por valor de 10.000 euros.

La declaración como testigo del vicesecretario municipal del Ayuntamiento de Alicante y la de un empresario no se ha celebrado este viernes, como estaba previsto. El vicesecretario municipal, que ejerce las funciones de secretario del Consistorio al no estar cubierta esta plaza, no ha podido acudir por una urgencia por motivos familiares y será citado para otro día, mientras que el empresario, al parecer, no ha podido ser localizado aún para entregarle la cita. La magistrada del juzgado de Instrucción número 9 de Alicante deberá fijar además una fecha para la declaración del jefe de servicio de Partidas Rurales en calidad de investigado. El PSOE, que denunció el caso, sigue sin personarse en la causa.